“Pude haber comprado autos robados. Acá es normal. Es un negocio para conseguir plata rápido. Pero jamás compré un auto para que mataran a alguien y menos a Trasante”. Julio Rodríguez Granthon, el piloto comercial que cumple condena como un proveedor de cocaína de Los Monos, se desvinculó ayer del crimen del pastor y ex concejal Eduardo Trasante. “El Peruano”, como le dicen, está acusado de haber armado la logística del ataque desde prisión y este lunes afrontó una audiencia previa al juicio oral por el caso. Dos fiscales y la parte querellante solicitaron la pena de prisión perpetua para él y otros tres acusados de intervenir en el robo del auto usado por los asesinos, que hasta el momento no fueron identificados.
“No conocía al señor Trasante. No conocía a su familia. No tenía relación de amistad o enemistad con él. No tenía ningún motivo para participar de un hecho tan grave”, se despachó Rodríguez Granthon ante el juez Hernán Postma en una audiencia que se había iniciado en diciembre pero entonces debió suspenderse por problemas técnicos. Conectado por videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza, donde según su abogada no tenía retorno de audio, el principal acusado dijo que considera “una locura que las personas que realmente mataron a Trasante estén en libertad”.
“Lamentablemente, estoy acostumbrado a que por cualquier hecho violento que ocurre en Rosario se nos relacione. Que se me acuse sin pruebas. No quiero que eso ocurra más. Y menos en causas con penas de prisión perpetua”, dijo el Peruano, según un resumen de la declaración que dio a conocer a la prensa su defensa. Rodríguez Granthon asegura que enteró del crimen del pastor por los medios de comunicación: “No participé de ese homicidio y mucho menos lo organicé. Sí pude haber comprado autos que puedan ser robados”, admitió, aunque aclaró que se trata de un negocio en el que los vehículos son usados como “pasamanos” para “conseguir plata rápido.
“Pero después uno no sabe qué se hace con esos autos. Si los siguen vendiendo o si se usan para cometer otros delitos. Uno lo compra y lo vende y lo pone a disposición de otra persona”, dijo. Lo incrimina un audio en el que se encargó la compra del auto robado en el que se movilizaron quienes mataron al ex concejal, padre de dos víctimas de la violencia en Rosario: su hijo Jeremías había sido asesinado en el triple crimen de Villa Moreno en 2012 y a su hijo Jairo lo habían matado a la salida de un boliche céntrico en 2014.
En medio de las restricciones por la pandemia, el 14 de julio de 2020 dos hombres ingresaron a la casa de Trasante en San Nicolás al 3600 y lo mataron a balazos. Una cámara de la zona captó cuando dos atacantes entraron a la vivienda de pasillo. En siete minutos hicieron bajar al ex concejal de la planta alta y lo mataron de dos balazos, uno en la cabeza.
Las cámaras detectaron que los agresores se movían en un Peugeot 308 Allure que estacionaron cerca de la casa, a la que llegaron a pie. Los fiscales Matías Edery y Gastón Avila acusaron en octubre de ese año a Rodríguez Granthon de haber ordenado la compra del auto desde la cárcel de Piñero, donde cumplía condenas por narcotráfico. Además está señalado como supuesto líder de una banda criminal de las zonas noroeste y oeste.
Según la acusación, sus órdenes fueron ejecutadas por Alejo “Patón” Leiva y Facundo Sebastián López, quienes se habrían ocupado de comprar y descartar el auto usado por los sicarios junto a un cuarto acusado, Brian Nahuel “Buba” Alvarez.
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Los fiscales solicitaron penas de prisión perpetua para ellos como partícipes necesarios de un homicidio doblemente calificado, por la promesa remuneratoria y por el acuerdo previo entre dos o más personas, y agravado además por el uso de arma de fuego. A lo que Leiva sumó la tenencia de un arma y, junto a López, el delito de encubrimiento. La parte querellante solicitó las mismas penas, aunque situó al Peruano directamente como coautor.
Los planteos acusatorios fueron duramente cuestionados por la defensora de Rodríguez Granthon, Mariana Barbitta, La abogada y docente de la UBA presentó un pedido de invalidación por vicios e imprecisiones de la imputación, además de requerir el sobreseimiento de su cliente o que al menos se cambie la calificación al encubrimiento del robo de un auto.
Rodríguez Granthon fue imputado por un audio enviado desde el celular de otro interno de Piñero. Según la acusación, al día siguiente del robo del auto Peruano se mostró interesado en comprarlo: “Soy yo el que va a comprar el auto ese. Ahí guardalo, si no los pibes lo tienen en la calle y andan a full”. Por esto, fue acusado de haber concretado la “logística” para cometer el crimen. La defensora consideró “desproporcionado” que lo acusen de participar en el homicidio a partir de “un audio de WhatsApp que sale de un teléfono celular que ni siquiera es propio de él”.
“En ningún momento se menciona cómo él habría podido ordenar u orquestar el homicidio”, dijo Barbitta, y remarcó que no se acreditó ningún vínculo de su defendido con los autores del crimen, hasta ahora desconocidos, o cuál había sido la motivación del ataque. “El partícipe no responde por aquello que no conoce”, señaló, y sostuvo que su cliente es estigmatizado como peligroso, sin evidencias que respalden la imputación.
Los planteos defensivos fueron rechazados por el juez Postma, quien les dio curso a las acusaciones y prorrogó la prisión preventiva de Rodríguez Granthon. Así, el primer tramo de la audiencia preliminar dejó el camino listo hacia el juicio oral por el caso, en un trámite que se reanudó por la tarde para discutir las pruebas a discutir en el debate.
