Tras tres años y seis días de la desaparición y muerte de Rosalía Jara comenzó esta mañana en los Tribunales de Vera el juicio oral y público más importante desde que se implementó el nuevo sistema procesal penal santafesino, en febrero de 2014. Es considerado el más trascendente hasta el momento no solamente por el volumen de pruebas y la cantidad de testigos citados (130) que pasarán por el estrado durante casi un mes, sino porque se trata de uno de los femicidios más resonantes en los últimos años en el norte provincial.
El fiscal que estuvo a cargo de la investigación de los hechos es Gustavo Latorre, quien representará al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a lo largo del juicio. El funcionario adelantó que solicitará la pena de prisión perpetua para el acusado, Juan Oscar Valdéz de 43 años y recordó que “es investigado por la autoría del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
La difusión de las instancias del juicio se garantizará mediante la reproducción de la audiencia por circuito cerrado de audio y video en la sala N° 1 con una capacidad acorde a tales exigencias”, informaron desde la Oficina de Gestión Judicial de Vera, organismo que debió además tomar disposiciones especiales para respetar las medidas protocolares impuestas por la pandemia de Covid-19.
El debate comenzó esta mañana a las 8.30 con los alegatos de apertura y primeros testimonios y las audiencias se sucederán durante el resto del mes en las que se expondrán las profusas pruebas que incluyen testimonios, reproducción de dos cámaras Gesell e inspección judicial del lugar del hecho en Fortín Olmos”. En tanto, el jueves 30 de julio a las 8.30 están programados los alegatos de clausura y 3 de agosto al mediodía se dará a conocer el veredicto.
El caso
“La desaparición de Jara ocurrió el sábado 1 de julio de 2017, minutos después de las 22”, precisó Latorre. “La víctima estaba en un bar de la localidad de Fortín Olmos y se fue de allí cuando recibió una llamada del acusado, quien la estaba esperando en su auto en una garita de colectivos ubicada en la intersección de las calles Santa Fe y Juan Domingo Perón”, aclaró.
Acerca de la relación que unía a la víctima con Valdéz, el funcionario del MPA indicó que “mantenían una relación sentimental”. En tal sentido, explicó que “la noche de la desaparición, se registraron 14 llamadas entre los números de los celulares del acusado y Jara. La víctima le reclamaba el pago de alimentos para la hija que tenían en común”.
Latorre explicó que “la joven subió voluntariamente al vehículo y ambos se retiraron del lugar”. Asimismo, sostuvo que “en el trayecto, el acusado le quitó el celular a la víctima para que el teléfono no emitiera señal y posteriormente le dio muerte mediante un golpe en la cabeza”.
“Tres días después, Valdéz manipuló su propio móvil con conocimiento de que estaba siendo investigado antes de que el dispositivo fuera secuestrado por las autoridades policiales”, relató el funcionario del MPA. Al respecto, agregó que “a partir de técnicas de borrado que impiden la recuperación de archivos, eliminó de forma permanente los registros de llamada y de mensajería e información relevante para la causa”.
Restos óseos
Latorre informó que “los restos óseos de la víctima y partes de las prendas que vestía la noche de su desaparición fueron encontrados a la altura del kilómetro 34 de la ruta nacional Nº 98”. El fiscal agregó que “fueron hallados el domingo 26 de agosto de 2018 por personas que estaban cazando en el lugar” y manifestó que “el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó científicamente que los restos correspondían a Rosalía Jara”.
Acerca de la pena a prisión perpetua, Latorre indicó que “contempla el empleo de violencia física y psicológica que el acusado desplegó en su accionar delictivo”. También explicó que “se tuvo en cuenta la relación desigual de poder existente, en la que Valdéz abusó de la vulnerabilidad económica, cultural y social de Jara y de su situación de indefensión”. Concluyó que “el monto de la pena no es ajeno a la extensión del daño causado y a las secuelas de orden psíquico y moral que el acusado les provocó a la hija y a la madre de la víctima”
