Causa Franco Casco: rechazan la excarcelación del jefe de Asuntos Internos

El juez Federal Carlos Vera Barros, que investiga la desaparición forzada de Franco Casco, rechazó ayer un pedido de excarcelación del titular de Asuntos Internos de la policía santafesina, Aníbal Candia, y de otro empleado de esa repartición. Esa fue la novedad más saliente de la jornada en la que declararon seis efectivos que en octubre de 2014 prestaban servicio en la comisaría 7ª, donde el joven de 21 años fue visto con vida por última vez.

Según fuentes judiciales, la ronda de indagatorias seguirá hoy aunque al cierre de esta edición no se había definido cuántos sospechosos declararían de los catorce que faltan. "En líneas generales hasta ahora todos los indagados optaron por declarar y lo hicieron extensamente, por lo que no se puede prever cuánto tiempo más llevará este trámite", dijo un vocero de los Tribunales de Oroño al 900.

Del total de 27 policías arresta el lunes, hasta ayer fueron indagados 13, cinco de Asuntos Internos y el resto de la comisaría 7ª. Todos quedaron detenidos en dependencias de Gendarmería Nacional imputados de privación ilegítima de la libertad agravada por el homicidio —así se denomina a la desaparición forzada— mientras el juez resuelve la situación procesal de cada uno.

Detención ilegal

Franco desapareció entre el 6 y el 7 de octubre de 2014. Había llegado a Rosario unos días antes a visitar familiares en Empalme Graneros. Lo último que se supo de él fue que la noche del 6 tomaría un tren a Retiro pero no lo hizo. Luego se estableció que había estado detenido ilegalmente en la comisaría 7ª de barrio Agote y 22 días después apareció muerto en el Paraná.

Investigada inicialmente como averiguación de paradero, en diciembre de 2014 la causa pasó a la Justicia Federal como desaparición forzada, delito que implica la participación de alguna fuerza del Estado. Casi tres años después, la semana pasada el fiscal Marcelo Di Giovanni había pedido indagar a 24 personas, casi todos policías. Su teoría es que Casco fue golpeado en los calabozos de la 7ª, donde murió, y luego su cuerpo fue arrojado al río. Con esa misma hipótesis el abogado querellante Salvador Vera pidió citar a 36 personas, entre ellos civiles y personal que participó de los estudios al cadáver.

Indagados

En ese marco el lunes Vera Barros ordenó 32 detenciones, de las que se concretaron 27. Sin embargo, los voceros consultados no confirmaron si quedan o no cinco prófugos.

Bajo secreto de sumario, los primeros en declarar fueron Candia y Raúl Pieroni, ambos de Asuntos Internos. Su abogado José Alcácer había pedido la semana pasada una eximición de prisión para ellos y los otros tres empleados de esa repartición detenidos, pero fue rechazada. Mientras ese recurso está en la Cámara, luego de las detenciones e indagatorias el defensor pidió que se les restituyera la libertad.

Sin embargo, Vera Barros le negó ayer esa posibilidad a Candia y Pieroni —la defensa adelantó que apelará— mientras que en los otros tres casos derivó el pedido a la fiscalía.

En este sentido, Alcácer dijo ayer a este diario que la participación de los empleados de Asuntos Internos fue siempre en función de los requerimientos de la Fiscalía Regional Rosario que investigó el caso los primeros dos meses. "Ellos cumplieron órdenes del fiscal actuante y la última intervención fue el 4 de noviembre de 2014. Cuando pasó el caso a la Justicia Federal no se los requirió más", dijo el defensor, y agregó que la labor de sus clientes "permitió aportar pruebas contra personas que hoy están imputadas, lo cual quiere decir que de alguna forma cumplieron con su trabajo".