El detenido está acusado en Bolivia por una represión con muertos en 2019. A Bullrich la imputaron por contrabando de armas en ese conflicto enmarcado en la renuncia de Evo Morales
Avioneta con cocaína: el piloto es un militar acusado por una masacre en 2019.
El único detenido por el momento en la causa iniciada tras la aparición de 475 kilos de cocaína en una avioneta que aterrizó este miércoles en Andino, a 40 kilómetros de Rosario, es un militar boliviano de 57 años. Se trata de Oscar Armando Caba Hurtado, perteneciente a la Fuerza Aérea de Bolivia, que en ese país fue acusado de participar de una masacre contra civiles en noviembre de 2019, durante los primeros días de la presidencia de facto de Jeanine Áñez.
Por presuntas irregularidades ocurridas durante la presidencia de Mauricio Macri en esos días de tensión, también tiene una causa abierta la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que por entonces ocupaba el mismo cargo que hoy. Ambos, junto a otros funcionarios de aquel momento, fueron imputados por contrabando agravado de armas y municiones a Bolivia el 12 de noviembre de 2019. Fue el mismo día de la toma del poder por parte de Jeanine Áñez, tras la renuncia forzada de Evo Morales y en un marco de fuerte tensión social. Tres días más tarde se llevó a cabo la llamada masacre de Sacaba, por la que fue acusado el presunto piloto de la avioneta que traía cocaína a la provincia de Santa Fe.
Este jueves Caba Hurtado fue detenido a orillas del río Carcarañá, en inmediaciones de Andino. Según fuentes oficiales, el hombre le preguntó cómo llegar a Ybarlucea a trabajadores de la zona, que por su acento al hablar lo reconocieron como extranjero y lo delataron. Para entonces, la principal pista sobre los tripulantes de la avioneta que aterrizó en pleno campo era que habían escapado en dos camionetas, tal como lo había señalado públicamente Patricia Bullrich.
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Sin embargo, a Caba Hurtado lo encontraron solo y en riesgo, tuvo que ser asistido por Bomberos Voluntarios. Según confiaron fuentes oficiales, cuando no pudo explicar por qué estaba ahí, y en esas condiciones, admitió ser el piloto y único ocupante de la avioneta. Las personas que escaparon en camionetas, si es que realmente fue así, pudieron ser quienes estaban esperando para recibir el cargamento finalmente secuestrado. El fiscal de la causa, Claudio Kishimoto, advirtió que por el tipo de mercadería se trataría de una organización con una estructura importante.
Entre sus pertenencias el detenido tenía tres tarjetas bancarias, una de seguro social militar, su licencia de conducir, su documento de identidad y su carnet militar de servicio de reserva activa de la Fuerza Aérea Boliviana con vencimiento en diciembre próximo. Pero más allá de esa documentación se desconoce a qué de dedica desde que recuperó la libertad a mitad de 2022.
Cuando fue imputado en Bolivia, en enero de 2022, a Caba Hurtado lo acusaron de participar en la masacre de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, durante los conflictos sociales provocados tras la asunción de Jeanine Áñez como presidenta de facto. Fue en el marco de manifestaciones masivas de ciudadanos bolivianos, sobre todo trabajadores y miembro del MAS (Movimiento al Socialismo), que salieron a respaldar a Evo Morales tras su renuncia forzada.
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Un grupo de manifestantes se dirigía a La Paz, pero antes de llegar a Cochabamba fueron cercados por las Fuerzas Armadas en la localidad de Sacaba. Una represión con armas de fuego directamente sobre el grupo dejó a 10 personas asesinadas y unos 120 heridos. En 2023 la Fiscalía General de Estado de Bolivia formalizó las acusaciones contra Áñez y otros 17 funcionarios, entre los que se encontró Caba Hurtado, quien estuvo preso pero a los tres meses recuperó la libertad de cara a un juicio que no tiene fecha de comienzo.
La presidencia de facto de Jeanine Áñez fue respaldada por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri. Así lo reveló en su momento el comandante del Ejército de Bolivia Jorge Terceros Lara en una carta diplomática enviada el 13 de noviembre de 2019 a la embajada argentina en aquel país. "Tengo bien a dirigirme a su distinguida persona a objeto de agradecerle por la colaboración prestada a esta institución armada en el marco del apoyo internacional entre nuestros países", decía parte del mensaje que en su momento hizo público el diario Página12.
En otro pasaje, comunicaba "que se recibió el siguiente material bélico de agentes químicos". Entonces explayaba: 40 mil cartuchos antitumultos, 23 gases lacrimógenos y 121 granadas de gas. Ese documento salió a luz en julio de 2021, lo que valió que la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, encabezara una denuncia contra Macri, Bullrich, funcionarios de Gendarmería Nacional, de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y quien era embajador argentino en Bolivia durante 2019.
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La acusación se formalizó judicialmente por medio del fiscal Claudio Roberto Navas, que consideró que había mérito suficiente para iniciar una investigación por el posible contrabando agravado de armas y municiones a Bolivia. Hoy la causa está abierta en los tribunales de Comodoro Py pero con nulo avance: los jueces solo llamaron a declarar a los gendarmes involucrados.
Bullrich, en ocasión de dar explicaciones, desmintió las acusaciones y aseguró que había enviado gendarmes "para proteger la Embajada de Argentina en La Paz en la que se encontraban miembros del gobierno de Evo Morales". "Nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana", sostuvo en una publicación en sus redes.
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