Corrupción: seis meses de prisión preventiva a 16 policías y civiles por fraude con combustibles

Trece policías y tres civiles relacionados con una estación de servicios donde se realizaban maniobras de sobrefacturación de combustibles quedaron en prisión preventiva por seis meses luego de una extensa audiencia en la que fueron imputados de delitos como peculado de caudales públicos, cohecho pasivo, falsedad de documento y defraudación agravada.

De un total de veinte detenidos, 17 llegaron a la audiencia imputativa. En este marco el juez Gustavo Pérez de Urrechu les dictó prisión preventiva a todos los imputados, excepto a María Fernanda De Franco para quien el fiscal no había solicitado medida cautelar. En este caso el juez le dictó reglas de conducta como una firma quincenal en sede judicial, prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio con los demás imputados en la presente causa, constitución de domicilio el cual no podrá variar sin previa autorización judicial por el plazo de ley.

Imputados

La audiencia tuvo una duración de tres días. Comenzó el martes a la mañana cuando el fiscal Caterina imputó a los 13 policías y 4 civiles en una sala del Centro de Justicia Penal. Los imputados siguieron el trámite conectados por videoconferencia desde sus lugares de detención. El miércoles a la tarde se retomó el debate, que siguió desde la mañana de este jueves con la discusión de medidas cautelares y los planteos de las defensas.

En su exposición ante el juez Gustavo Pérez de Urrechu el fiscal explicó cómo se originó la investigación hace diez meses. Un anónimo enviado por correo postal ofrecía apenas una muestra del negocio que luego se detectó en la pesquisa, con seguimientos a patrulleros, informes de Asuntos Internos e intervenciones telefónicas. También dio cuenta de los roles y delitos que se les imputan a cada uno de los acusados así como de las maniobras, de las que participaban empleados de la estación de servicios Puma de Ovidio Lagos al 3900, cercaba a la Jefatura.

>>Leer más: Fraude con combustibles: imputan a trece policías y cuatro civiles por delitos contra la administración pública

Caterina planteó que se detectaron tanto actividades de sobrefacturación como el cobro de cargas de combustible inexistentes: más de ochenta patrulleros que no estaban circulando cargaban nafta a razón de unos 20 mil a 30 mil pesos casi a diario. Tras las detenciones de los agentes, que se realizó en un operativo con 36 allanamientos la semana pasada, el gobierno provincial estimó el perjuicio económico causado por el fraude en unos 45 millones de pesos mensuales.

Los policías fueron imputados por delitos que incluyen cohecho, peculado de caudales público y defraudación agravada por afectar a una administración pública, en algunos casos como coautores y en otros como partícipes primarios, según las atribuciones específicas. Pertenecen a distintas áreas de la fuerza, lo que da cuenta de un armado transversal de las maniobras. El fiscal pidió que 16 de los 17 acusados permanezcan en prisión preventiva, asunto que se discutirá este miércoles a la tarde al reanudarse la audiencia.

Los acusados de mayor rango son el subcomisario de Garage de la Unidad Regional II, Gerardo Ramírez; el comisario superior Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura; el jefe de la sección Caballería y Perros, Fabián Darío Fantín; su subjefe Mario Brest, y el jefe de la Brigada de Orden Urbano, Juan Pablo Pigozzi.

Por debajo fueron implicados los inspectores Juan Alberto Villordo, responsable del combustible para Brigada Motorizada, y Nancy Plomer, jefa de la sección Ficheros al interior División Personal. Se suman los subinspectores Franco Cuesta, encargado del combustible de la Policía de Investigaciones; Sergio Darío López del Comando Radioeléctrico; Javier Arce del Cuerpo Guardia de Infantería; Jorge Delgado, encargado de combustible de la División Logística; Fernando Ceballos del Grupo Táctico Multipropósito y Gustavo Bazán de Garage Oficial.

>>Leer más: Corrupción policial: un problema institucional que se refleja en varias investigaciones

Los cuatro civiles sospechados pertenecen la empresa Gas Auto Tiferno S.A., que gestionaba la estación Puma Son la presidenta del directorio, Mónica Bianconi, el director suplente Oscar Coullery, el encargado Daniel Reynoso y la empleada administrativa María Fernanda De Franco, la única entre los 17 imputados para quien el fiscal no solicitó una medida de prisión preventiva.

Caterina considera a este grupo como presuntos partícipes de los delitos de peculado, defraudación agravada y cohecho activo. Cada quince días, planteó, entregaban dinero en sobres de papel madera a distintos jefes de la fuerza que pasaban a retirar las dádivas por la estación de servicios Puma —ahora cerrada— de Ovidio Lagos al 3900. Era el dinero que recaudaba la estación por esta maniobra.

En su planteo, el fiscal explicó que el punto de partida de la investigación fue un anónimo que llegó a su oficina el 10 de julio de 2024 a través de correo postal donde se manifestaba que varios empleados policiales estaban realizando negocios y enriqueciendo su patrimonio con el combustible de los móviles. Por fraudes similares en el pasado, la recarga se realizaba mediante el sistema Visa Flota.

En septiembre, indicó el fiscal, la unidad de Asuntos Internos presentó informes sobre verificaciones en la sección Garage Oficial, a cargo de Ramírez, en la cual se detectaron inconsistencias en carga de combustible en móviles del Comando Radioeléctrico. Además se realizó un seguimiento aleatorio por GPS de los patrulleros. Se descubrió que solían posicionarse en la estación de servicios Puma, pero en horarios distintos a los que se consignaban en las facturaciones.

Las unidades relevadas cargaban más nafta de la que gastaban, unos 14 litros por cada cien kilómetros, cuando deberían haber gastado, en promedio, unos 8 litros por esa distancia. El seguimiento a un auto Fiat Cronos elegido como patrullero testigo arrojó un desfasaje entre el kilometraje y el consumo: había facturado 170 litros por encima de lo necesario para cubrir su recorrido. Además, se descubrió que algunos vehículos en desuso aparecían en las listas de carga de combustible.

En un paso siguiente de la pesquisa se constató que varios funcionarios de distintas áreas de Jefatura iban con frecuencia a a la estación de servicios Puma, pero esas visitas no se correlacionaban con las cargas mediante la tarjeta Visa Flota.

>>Leer más: Corrupción policial: el perjuicio por el fraude con combustibles se estima en 45 millones de pesos por mes

Se dispusieron entonces escuchas telefónicas. Del comisario Ramírez, jefe Garage y por lo tanto encargado de recibir y administrar el dinero de la provincia para la carga de combustible; de Sergio López, a cargo del abastecimiento de los móviles del Comando Radioeléctrico, y de su pareja Nancy Plomer, cuya área de trabajo no estaba vinculada a los vehículos. Surgió así que López —según la pesquisa— confeccionaba y rendía planillas de combustible a la estación “manipulando tickets”. Frases como “¿cuánto le juntaste?”, “terminé de firmar los papelitos” o “hay que meterle ganas” son algunas de las detectadas en conversaciones que aluden al negocio de manera explícita.

También se dispusieron intervenciones, con resultado positivo, entre los civiles ligados a Gas Auto Tiferno. En un seguimiento en terreno fueron fotografiados distintos jefes que entraban a las oficinas de la estación Puma y salían con sobres de papel madera o pequeñas cajas en la mano. Fue el caso, según el fiscal, de Ramírez, Villordo, Arce, Ceballos, Delgado, Cuesta, Fantín, Brest y Pigozzi. Este último no fue visto retirando sobres, dijo, pero sí con un vehículo oficial por el que se llegaron a facturar dos tanques por día y además se encontró un postnet en su casa.

El fiscal consideró que, por el volumen de la maniobra y cantidad de actores involucrados, era un “secreto a voces” dentro de la policía. No descartó que la entrega de dinero se haya realizado además en otros lugares dado que Reynoso, el encargado de la estación, contaba con una autorización de ingreso a la Unidad Regional II secuestrada en los allanamientos.