El juicio por el crimen del ex concejal y pastor evangélico Eduardo Trasante arrancó este martes con cuatro acusados de intervenir en la logística del ataque —la compra del auto usado por los sicarios—, pero sin que se conozca aún quién y por qué motivo ordenó eliminarlo. Entre los acusados de realizar gestiones para adquirir el vehículo robado y hacerlo desaparecer tras el ataque sobresale el conocido narco Julio Andrés “Peruano” Rodríguez Granthon, por entonces preso en Piñero, quien hizo una fugaz pero enérgica aparición por zoom al inicio de la jornada. “No tengo nada que ver con la muerte del concejal o pastor evangélico éste. No sé ni quién era”, dijo en tono desafiante al reclamarles a los jueces que lo libraran de presenciar el debate conectado por videoconferencia desde la cárcel de Marcos Paz.
Ese ida y vuelta entre el Peruano y el tribunal se dio apenas comenzaba la audiencia, cuando su abogada pidió que lo autorizaran a retirarse del zoom. Impaciente, el preso interrumpió al juez Ismael Manfrín justo en el momento que comenzaba a responder el pedido. "El mes pasado no pude ver a mis hijos. Mi familia viajó 300 kilómetros. ¿Cuánto puede tardar esto? Bueno, listo, dale, terminen", apremió desde prisión el piloto comercial condenado por tráfico de estupefacientes y como proveedor de cocaína de grandes bandas. .
Fuera de ese intercambio, el primer día del juicio por el crimen del ex pastor evangélico —quien se erigió en cuestiones de violencia urbana tras perder a dos de sus hijos en asesinatos— avanzó por los carriles formales. Funcionó como una carta de presentación de las posturas y estrategias de las partes sobre caso. Los cuatro imputados fueron acusados por la Fiscalía como partícipes necesarios de la trama homicida. Aún en ese rol afrontan pedidos de prisión perpetua por la figura de homicidio doblemente calificado por ser cometido a cambio de dinero y con el acuerdo previo de más de dos personas, además del delito de encubrimiento. Un encuadre que para las defensas no está probado. La querella lo compartió, aunque achacando a los acusados el rol de coautores funcionales del asesinato.
Con la presencia de dirigentes políticos y del partido Ciudad Futura, entre ellos el ex candidato a intendente Juan Monteverde, el debate ante los jueces Ismael Manfrín, Pablo Pinto y Paola Aguirre se extendió desde las 8.30 hasta las 13, mientras manifestantes de organizaciones sociales, políticas y religiosas montaban carpas, carteles y un escenario frente al Centro de Justicia Penal. La plaza de Sarmiento y Virasoro quedó así cubierta de banderines con la leyenda “¿Quién mató a Trasante?”. Una frase emblema en los reclamos de esclarecimiento del caso y que, aún con el juicio iniciado puertas adentro del edificio, sigue sin responderse.
Junto a Rodríguez Granthon están acusados Alejo Leiva, Facundo López y Brian Alvarez, todos ligados a las gestiones para comprar un auto robado. Los fiscales Gastón Avila y Matías Edery explicaron paso a paso cómo fue el crimen de Trasante, ejecutado con dos tiros por dos atacantes que llegaron hasta su casa de San Nicolás al 3600 la tarde del 14 de julio de 2020. Lo mataron al pie de una escalera, delante de su hija de 12 años y de su pareja. La llegada de los homicidas a las cercanías en un Peugeot 308 robado días antes quedó registrada por cámaras públicas y privadas de la zona. Siguiendo esta pista fue que la investigación llegó hasta el círculo ahora implicado en el juicio.
En minutos
Según se advierte en ese registro, el Peugeot 308 con una puerta abollada pasó por la cuadra de San Nicolás al 3600 y se detuvo por un instante frente a la casa de Trasante a las 14.42. Luego el auto siguió la marcha por varias cuadras hasta estacionar en un pasaje cercano. De allí bajaron los dos ocupantes en cinco minutos llegaron caminando hasta la casa del pastor. Golpearon a la puerta y se anunciaron diciendo que tenían que dejar algo para la hija del ex concejal.
Al abrir la puerta, la pareja de Trasante se encontró con dos hombres armados. Uno la redujo a ella y el otro avanzó por el pasillo de unos cuarenta metros hasta el interior de la casa, donde le pidieron a la mujer que llamara a su marido. Apenas escuchó que lo convocaban, el pastor bajó de la planta alta. Comenzó a bajar la escalera y recibió un primer tiro en la mano derecha, señal de un acto defensivo. El tirador se acercó unos pasos y le dio un segundo disparo directo al cráneo. Los atacantes regresaron a pie hasta el auto, que la madrugada siguiente apareció abandonado en barrio Tablada.
>>Leer más: Claves del juicio por el crimen de Eduardo Trasante: cuatro acusados con pedido de prisión perpetua
“No es uno de los requisitos del delito saber qué motivó a una persona a llevar adelante una conducta. Tenemos evidencias claras y concretas que señalan a todas estas personas en la planificación del hecho delictivo, tanto en los momentos previos como durante y posteriores al hecho”, dijo Avila en conferencia de prensa. El fiscal explicó que en la investigación se analizaron los aspectos de la vida política, pastoral y social de Trasante, quien había renunciado a su banca como concejal en diciembre de 2018 al ser denunciado por acoso.
El móvil, una incógnita
Avila indicó que también se exploraron posibles conexiones, sin encontrarlas, con los asesinatos de los hijos del pastor: Jeremías, víctima del triple crimen de Villa Moreno en enero de 2012, y Jairo, baleado años después a la salida de un boliche céntrico. “Cualquiera haya sido el móvil, estas cuatro personas tuvieron una participación relevante, sabían que iban a matar a Trasante, aportaron información, medios o cooperaron para que lo maten”, remarcó. Anticipó que será difícil a esta altura llegar a los autores materiales, más allá del secuestro de evidencia balística o de las chances de encontrar el arma homicida.
“Rodríguez Granthon desde adentro de la unidad penitenciaria envía a una persona de su confianza que estaba en la calle, y menciona que va de su parte a buscar el vehículo. Esa misma persona es la que luego pone el auto a disposición de los autores materiales, lo desaparece una vez utilizado, se comunica con quien tiene el domicilio de Trasante”, hilvanó Avila.
“Es decir, hay una concatenación de actos que involucran a distintas personas —añadió—. Granthon desde su lugar detención delegar esas actividades en Facundo López”. Según los fiscales, durante las gestiones para la compra del auto se habló de un encargo para matar a alguien a cambio de 500 mil pesos. Por entonces, dijeron, el Peruano compartía pabellón en la cárcel de Piñero con Daniel "Teletubi" Delgado, un miembro de Los Monos condenado por el triple crimen de Villa Moreno.
Una vida en suspenso
La abogada querellante Gabriela Durruty, en tanto, resaltó la figura de Trasante como un “líder espiritual, un líder social y referente en la lucha contra la violencia que acompañó a las familias que perdieron a sus hijos víctimas de las violencias que se cometen a diario”. Ubicó al crimen del ex concejal como un caso “bisagra” en la ciudad. Recordó además el “nivel de riesgo” en el que vive su viuda, Carolina, quien ingresó al plan de testigos protegidos y debió irse de la ciudad.
“No recibe ninguna noticia de que va a poder recuperar un poquito de tranquilidad en su vida. Cada análisis obliga a ajustar las medidas de protección. Tiene su vida suspendida. La situación en la que vive la familia es indescriptible, las palabras no alcanzan para describir el duelo”, expresó, además de reclamar un proceso de “reparación integral” por parte del Estado. Si bien indicó que los autores materiales e intelectuales no fueron identificados, y que la logística del crimen no se agota en los cuatro acusados en este juicio, enfatizó que la prueba “no deja lugar a dudas” sobre su responsabilidad.
Tras abundar en los actos que se le achaca a cada uno, Durruty consideró que deben ser condenados a perpetua como “coautores funcionales. Todos dominan el hecho de manera completa y sus aportes fueron esenciales. Cada uno aportó una conducta esencial y el dominio de su aporte fue claro”.
Las defensas
Ante esos planteos, los abogados defensores respondieron que los acusados son inocentes o que sólo están ligados a delitos menores. La abogada bonaerense Mariana Barbitta, defensora del Peruano, enfatizó que no está claro el móvil y cuestionó que no se investigara a personal del Servicio Penitenciario si es que se presume que el crimen fue ordenado desde prisión.
“La familia quiere saber la verdad, pero las personas que mataron no están en este debate”, objetó. Dijo que la Justicia rosarina tiende a aclarar los casos criminales adjudicándolos a personas presas. Y que la participación en la compraventa de autos robados no justifica una pena perpetua por homicidio: “Mi cliente es inocente en este caso”.
Gonzalo Armas, defensor público de Alejo Leiva, sostuvo que “lo están acusando de un plan criminal del que es ajeno. No van a poder probar que haya querido intervenir en el homicidio”. El joven era amigo desde la infancia de los hijos del primer matrimonio de Trasante y las dos familias se conocían. “No tenía ningún motivo para participar de un plan contra esta persona”, agregó.
El defensor Ezequiel Torres dijo que Brian Alvarez sólo acompañó en la compra del auto a su tío, de apellido Galván, quien fue condenado a 7 meses de prisión condicional en un juicio abreviado por el delito de encubrimiento. Dijo que de ser condenado debería recibir esa misma pena. Un planteo similar realizó el abogado de López, Carlos Scalcione, quien dijo que no se configura en el caso una participación homicida sino a lo sumo un encubrimiento.
Tras los alegatos declaró el perito fotógrafo de la Agencia de Investigación Criminal que el día del ataque ingresó a la escena y filmó el cuerpo de Trasante al pie de una escalera caracol y sobre una gran mancha de sangre, video que se transmitió en la sala. Para el inicio de la segunda jornada se espera el testimonio de la viuda de Trasante, quien interactuó con los homicidas que tocaron a su puerta y ejecutaron al ex concejal en un despliegue de escasos minutos.
