"Machuca en la organización no consultaba, no pedía por favor, no daba las gracias. Decía y se cumplía". Ese rol de mando le asignó una fiscal a Ramón Ezequiel Machuca dentro de la banda de Los Monos. Fue ayer, en una audiencia que sorteó el asueto judicial para revisar la situación de los últimos dos detenidos del clan Cantero. Uno es Machuca, acusado de ser líder del grupo y de instigar el crimen de una nena. Al final de la audiencia el acusado se despachó con una declaración fiel a su estilo. El otro es Mariano Germán "Gordo" Salomón, un vendedor de autos procesado como integrante de la banda. Los dos pidieron que les revoquen la prisión preventiva.
"No soy un santo, no me baño en agua bendita, pero no soy responsable de los actos que me imputan", dijo Machuca cuando prometía llegar a su fin la audiencia. Ante el camarista Carlos Carbone brindó una versión acotada de lo que días antes le dijo a este diario (ver páginas 39 y 40). Luego Salomón pidió que no lo traten como un "monstruo" y contó que rechazó un juicio abreviado porque no quiere estar preso. "Me arruinaron. Mis hijos, la Navidad, hagan lo que quieran. Yo estoy jugado. Hay cosas que no se pueden entender con esta Justicia. Hagan lo que les parezca", cerró, escéptico.
La audiencia se hizo a pedido de los abogados de Machuca y Salomón, quienes apelaron las medidas de detención dictadas por la jueza Alejandra Rodenas en septiembre. La magistrada procesó a Monchi como jefe u organizador de la banda y delitos conexos, embargó sus bienes en 10 millones de pesos y lo procesó por instigar el homicidio de Lourdes Cantero, una nena de 14 años que recibió un tiro en el cuello cuando atacaron su casa, donde funcionaba un búnker que Monchi ordenó balear. El mismo día la jueza procesó a Salomón como miembro de una asociación ilícita y por encubrimiento. Todo en la "megacausa" que tiene a 26 personas a la espera de juicio y a otras 11 ya condenadas.
Los defensores de Machuca, Fausto Yrure y Carlos Edwards, desplegaron una estrategia en dos capas para reclamar su libertad. Por un lado aludieron al contexto político que rodeó a la causa 913/12 sobre asociación ilícita, con foco en la figura del juez Juan Carlos Vienna. Luego de las críticas a la gestión socialista los abogados pasaron al terreno técnico atacando las figuras penales que le achacan a Monchi. Pidieron la nulidad de la causa y la declaración de inconstitucionalidad del delito de asociación ilícita.
La disputa en el plano político quedó en manos de Edwards, quien aseguró que tras la detención del ex jefe de policía Hugo Tognoli "las autoridades de la provincia comenzaron a demostrar un activismo inusitado con las autoridades judiciales en la persecución del tráfico de estupefacientes". Una muestra de ello, aseguró, sería esta causa que "comenzó en la investigación de un homicidio (el de Martín Paz) y terminó en una asociación ilícita", dijo el abogado que pretende citar al gobernador Miguel Lifschitz al juicio para que amplíe declaraciones sobre los cárteles de droga.
El profesional reclamó la nulidad de lo actuado a raíz de la "parcialidad absoluta evidenciada por el juez Juan Carlos Vienna" y recordó el meneado asunto de los viajes al exterior del magistrado para presenciar veladas de boxeo en simultáneo con el padre de Paz. Yrure dio la batalla jurídica. Sostuvo que la causa está armada en base a escuchas y que no se probó el "esquema estable, el fin común, la pertenencia interna, la permanencia" que exige la asociación ilícita.
El rechazo
A su turno la fiscal María Eugenia Iribarren recordó que al grupo se le atribuye "la violencia como método para esparcir el tráfico de estupefacientes en toda la sociedad". Destacó el valor de las escuchas que sirvieron para 11 condenas y enfatizó que Monchi fue responsable del homicidio de Lourdes a título de dolo eventual (no mandó a matar pero se pudo representar el resultado).
"En algún lugar de la consciencia de Machuca está la muerte injustificada de una nena de 14 años que miraba televisión cuando una bala la mató. Su mamá había muerto. Su papá los había abandonado. Y no sabía que su hermano vendía drogas en el lugar", remarcó la fiscal.
Por este crimen del 15 de mayo de 2013 fue condenado a 6 años y 6 meses de cárcel el policía "Tiburón" Delmastro, quien reportaba en Drogas Peligrosas y autorizó a Monchi a que atacaran el kiosco. Al final el propio acusado le dijo a Carbone: "Muchas gracias por darme la palabra. Le doy las gracias porque si no lo van a imputar de asociación ilícita".
