El meteórico enriquecimiento puesto de manifiesto en los últimos meses por
cuatro agentes de la Prefectura Naval Argentina apostados en la localidad misionera de Santa Ana,
sobre el río Paraná y a 25 kilómetros de Posadas, llevó a la justicia federal de esa provincia a
desarrollar una profunda investigación sobre el accionar de esa fuerza de seguridad fluvial en los
límites del noreste argentino. Con el paso de los días, los pesquisas fueron encontrando pruebas
que hicieron cada vez más comprometida la situación de esos uniformados. Finalmente, los cuatro
hombres terminaron detenidos anteayer bajo la acusación de ser parte estratégica de una banda
dedicada al contrabando de drogas. Según los investigadores, el rol de los ahora apresados, era el
de brindar información confidencial a los narcotraficantes y liberar la zona por donde iban a pasar
voluminosos cargamentos de marihuana.
Que la Argentina tiene fronteras vulnerables no es noticia. Casi a diario se
conoce que ingresan al país grandes partidas de droga por los más diversos caminos: avionetas que
aterrizan en Santiago del Estero o el norte de Santa Fe, barcazas que bajan por las aguas del
Paraná o el Uruguay hasta la cercanía de centros urbanos donde dejan sus envíos, vehículos de todo
porte en los que la marihuana viaja escondida. Nada de eso podría pasar si los controles
fronterizos fueran férreos y el país estuviese protegido por un sistema de radares que controle el
tráfico aéreo. Pero, de acuerdo a lo investigado por la justicia federal misionera, el trabajo de
algunos hombres que deberían ejercer esos controles también colabora para que este fenómeno se
produzca.
Así empezó. La investigación que terminó con tres suboficiales y un subprefecto
de la fuerza de seguridad fluvial detenidos (sus identidades no se dieron a conocer) la lleva
adelante el juez federal de Posadas José Luis Casals.
Desde hace algunos meses, el magistrado sigue las líneas de una poderosa banda
de narcotraficantes dedicada al transporte y comercialización de marihuana hacia la zona centro de
la Argentina, según dio a conocer el diario El Territorio, de Misiones.
Todo empezó en abril cuando el juez Casals ordenó la detención de un ciudadano
paraguayo acusado de haber ingresado al país unas 6 toneladas de marihuana, cargamento que fue
detectado por personal de Gendarmería Nacional. Así se inició una causa bajo la caratula
"contrabando de estupefaciente", figura penal que no contempla el beneficio de la excarcelación,
que derivó en la investigación de los métodos usados en los controles fronterizos del noreste
argentino y en el papel que allí cumplen las distintas fuerzas federales.
Uno de los procedimientos ordenados por la Justicia en el marco de esa causa se
desarrolló en la localidad misionera de San Ignacio y estuvo a cargo de Gendarmería, cuyos
efectivos detuvieron a seis sospechosos de ambos sexos. Así se supo que la marihuana que ingresaba
al país después era remitida hacia la terminal de Retiro, en la Capital Federal. Pero, en medio de
las pesquisas, los investigadores supieron por escuchas telefónicas que en el negocio estaban
involucrados los agentes de Prefectura ahora detenidos.
Enriquecimiento.Así, los pesquisas acumularon fuertes indicios y supieron que
algunos agentes de Prefectura no sólo liberaban rutas o alertaban de controles policiales a los
narcos, sino que serían parte importante en la cúpula de una megabanda de contrabandistas.
Además, el seguimiento permitió detectar que éstos uniformados habían tenido un
importante crecimiento económico y ostentaban lujosos autos 0 kilómetro que no se compadecían con
sus ingresos legales.
La causa, dicen en Misiones, podría deparar sorpresas en los próximos días ya
que hay pistas sólidas que hablan de una poderosa organización dedicada a traficar marihuana a
distintos puntos del país y también al exterior, más precisamente a Brasil. Y que en la banda
habría empresarios, comerciantes y prominentes figuras del mundo del deporte y la política
misionera. Incluso, se habla de que podría haber involucrados hombres de otras fuerzas federales
asentadas en esa provincia.
Costos
Según la investigación que lleva adelante la Justicia federal misionera, en el
ambiente del contrabando de cigarrillos por la frontera argentino-paraguaya se pagan unos 20 mil
pesos a los uniformados por cada pase que no detectan o por liberar la zona. Esa suma, dicen los
pesquisas, se triplica en el caso del transporte de marihuana.
