Apoyos y críticas a la reforma en marcha del Código Procesal Penal provincial

La reforma de 53 artículos del Código Procesal Penal de la provincia "de cara a consolidar el nuevo sistema de justicia penal", obtuvo la noche del jueves media sanción de Diputados y ahora será evaluada por el Senado santafesino. En ese marco, ayer se escuchó el apoyo masivo del oficialismo y las críticas de la oposición.

"Esta reforma es parte de un proceso histórico de cambio de un modelo arcaico e inquisitivo a uno acusatorio y en sintonía con el funcionamiento más eficaz del servicio de Justicia que la sociedad reclama", explicó el diputado Rubén Galassi, jefe del bloque Socialista y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

A tres años del cambio de paradigma en la Justicia penal santafesina, la Cámara de Diputados modificó el Código con la firma de legisladores del oficialismo y de distintos bloques de la oposición sobre la base de ejes conceptuales como la ampliación de facultades y responsabilidades de la Fiscalía, el otorgamiento de mayores derechos a las víctimas y querellantes, el fortalecimiento de la persecución penal y la agilidad en el proceso.

En ese marco Galassi explicó que "se está en el camino de mejorar una realidad que es flagelante para los ciudadanos de la provincia". Y manifestó que "ésta reforma es importante porque le brinda al sistema judicial nuevas y mayores herramientas para responder a la necesidad de Justicia".

Los ejes del cambio

Los principales cambios al Código Procesal Penal se centran en cinco ejes. En primer término una política criminal que "fortalezca el trabajo y la responsabilidad de los fiscales a la hora de investigar y de optar por salidas alternativas al juicio oral, como son los juicios abreviados o la probation". En segundo lugar "la ampliación de los plazos de reserva de los legajos fiscales y el plazo para celebrar audiencias imputativas, de libertad o cautelares, que nunca podrá superar las 96 horas con autorización del juez". Eso permitirá, dijeron desde el oficialismo, que "los fiscales cuenten con más tiempo para recolectar evidencias en casos complejos, respetando las garantías constitucionales de los imputados".

Acerca del rol de las víctimas y los querellante, el proyecto apunta a que tengan "más derechos". Y en ese orden "podrán reclamar por demora o ineficiencia en las investigaciones y ser oídas por los jueces y el fiscal antes de que se firmen acuerdos que las involucren, deberán recibir información completa de la causa así como contención en todas las instancias del proceso, podrán pedir prisiones preventivas u otras medidas cautelares y recurrir ante el Fiscal Regional si discrepan con las pruebas producidas o si el fiscal del caso decide no acusar".

En cuanto al funcionamiento de la policía, la reforma sostiene que "tendrá obligación de detener a quienes estén cometiendo un delito en flagrancia y de secuestrar todos los elementos delictivos que se encuentren en los allanamientos". También "se amplían las exigencias para acceder a prisiones domiciliarias y salidas laborales".

Finalmente, el proyecto "simplifica y suprime algunos trámites, como la constitución del querellante y el dictado de los sobreseimientos, y se permite la incorporación de medios electrónicos o tecnológicos para realizar allanamientos, audiencias, reconocimientos de personas y notificaciones".

Un cambio apurado

Por su parte el diputado del Frente Social y Popular Carlos Del Frade definió al proyecto como "un Código que "sólo pretende mano dura contra el pueblo y contra los pibes", y sostuvo que "la reforma es como mínima apurada, ya que el Código vigente se estableció en 2008 después de una gran discusión".En ese sentido se preguntó: "¿Cómo vamos a dejar que algo ya discutido se cambie con solamente ocho años de práctica?".

Del Frade también manifestó que "no va a servir para perseguir a los delincuentes de guante blanco sino a los delitos que aparecen en las tapas de los diarios, como el robo seguido de muerte que sólo representa el 10 por ciento de los homicidios". Y planteó que "hay muchos derechos individuales y constitucionales que, por lo menos a nuestro criterio se están violentando".

Finalmente, el legislador dijo que "en la realidad sigue actuando la corrupta policía de la provincia que, por más buen Código que tengamos, seguirá obedeciendo a poderes territoriales y no a los fiscales".

Otro de los opositores que alzó su voz fue Leandro Busatto, del Frente para la Victoria, quien en el programa Trascendental, de La Ocho, dijo que "lo aprobado tiene que ver con una mala lectura que hace el gobierno de las demandas de la sociedad". A su entender, "mientras el gobierno apunta a un endurecimiento de las penas por un supuesto reclamo de mayor seguridad, la gente pide una mejor policía y una mejor Justicia".

Busatto cree que "este proyecto sigue teniendo vestigios inquisidores, demasiada demagogia punitiva y no asegura mayor Justicia y mayor seguridad". Y sobre lo específico de la reforma resaltó que "ahora los allanamientos no van a requerir de órdenes escritas y firmadas por un fiscal sino que podrán ser emitidas en forma electrónica y los policías no sólo podrán secuestrar los elementos requeridos por el investigador sino todos aquellos que crean puedan ser utilizados para delinquir".

También criticó el legislador el cambio en la caracterización de "peligrosidad procesal" de los detenidos ya que se amplía el concepto a "aquellas personas que no tengan un trabajo fijo o un domicilio establecido, por lo que cualquier persona en situación de calle o hasta un trabajador golondrina pasa a ser peligroso". Y achacó el alargamiento de los plazos de la prisión preventiva. "Mientras antes se establecían 24 horas prorrogables por otras 24, ahora se pasa a un plazo de 72 horas más 24, lo que hace que una persona pueda estar detenida cuatro días sin ser llevada ante un juez".

diputado. El socialista Rubén Galassi explicó el proyecto ante sus pares.