POLICIALES

Angustiado por estar preso, Ponce Asahad pidió arresto domiciliario pero se lo rechazaron

La jueza Eleonora Verón denegó la morigeración y el fiscal seguirá detenido al menos hasta el 4 de noviembre

Miércoles 30 de Septiembre de 2020

El fiscal Gustavo Ponce Asahad continuará detenido imputado de una serie de delitos relacionados con la protección a un capitalista de juego clandestino. La jueza Eleonora Verón rechazó un pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa y el funcionario judicial seguirá detenido al menos hasta el 4 de noviembre, cuando vence el plazo de 90 días de prisión preventiva que le habían dictado. Entonces la fiscalía, si así lo considera, deberá pedir una prórroga de esa medida cautelar y aportar evidencia para justificarla.

A raíz de un pedido de la defensa para morigerar la detención del fiscal con una prisión domiciliaria, la tarde del martes se realizó por videoconferencia una audiencia de revisión de la medida cautelar. Según confiaron fuentes judiciales, la defensa alegó que Ponce Asahad estaba muy angustiado por encontrarse preso y que el hecho de que al caer detenido por el mismo caso el ex fiscal regional Patricio Serjal lo haya desconocido lo sumió aún más en una depresión.

La fiscalía, por su parte, indicó que la angustia por estar detenido no puede ser causal para morigerar la medida ya que lo habitual es que la gente que está presa se angustie por ello.

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Una vez oídas las partes la jueza Verón, que el pasado 4 de agosto dictó la prisión preventiva por 90 días para Ponce Asahad, consideró que la defensa no había aportado nuevos elementos que modificaran o hicieran variar la resolución anterior.

Los voceros consultados señalaron que la jueza manifestó cierta molestia por el pedido de revisión de la medida basado en la angustia del imputado. Finalmente ratificó su resolución de la audiencia anterior y Ponce deberá seguir tras las rejas al menos hasta el 4 de noviembre.

Dos meses atrás

Ponce Asahad fue imputado hace casi dos meses de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y transmisión de datos reservados. La detención del fiscal se precipitó luego de la denuncia del empresario de juego Leonardo Peiti, quien está sospechado de integrar una red que combina extorsiones y juego ilegal cuyo funcionamiento atribuyen a gente ligada a la bvariaanda de Los Monos.

Pero antes de entregarse Peiti denunció que desde fines de 2018 le había estado pagando a Ponce Asahad entre cuatro y cinco mil dólares mensuales a cambio de recibir información y protección sobre posibles investigaciones que hubiera en su contra.

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Los dichos de Peiti fueron corroborados por los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos que constataron mediante distintas evidencias que el empresario de juego se había reunido con el fiscal en varias oportunidades. Una de ellas para entregarle un dinero que Ponce Asahad, según la imputación, le había pedido para poder realizar un viaje a Italia. En otro de los encuentros, según la denuncia, el fiscal le pidió 100 mil dólares para evitar que prosperara una investigación en su contra que había detectado en una visita al Organismo de Investigación (OI).

En su denuncia Peiti aseguró que el entonces fiscal regional Patricio Serjal también estaba implicado en la situación y contó que se había reunido dos veces con él. En esa charlas Serjal le dijo que siguiera pagando “la cuota” a Ponce Asahad. Eso le valió a Serjal la destitución como fiscal regional y cualquier otro cargo que quisiera ocupar en el Poder Judicial santafesino.

Otro imputado en la causa, y detenido con prisión preventiva hasta el 4 de noviembre, es el empleado judicial Nelson Ugolini, acusado de proveer la información a Peiti a pedido o por orden de Ponce Asahad.

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Una semana después de la detención e imputación de Ponce Asahad fue detenido el propio Serjal, que fue imputado en la misma causa y también quedó detenido con prisión preventiva. El ex fiscal regional apeló la medida y diez días atrás se realizó una audiencia de segunda instancia para revisar la situación. Días después el camarista Guillermo Llaudet ratificó la medida cautelar por el término de 90 días.

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