La Unidad Regional XVII de policía de San Lorenzo, intervenida desde hace 40 días, volvió a ser blanco de una investigación a partir de una denuncia anónima sobre irregularidades contra personal en ejercicio. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y de la Dirección de Asuntos Internos y, en un principio, redundó en los pedidos de pase a disponibilidad para cuatro comisarios y un oficial.
Fuentes judiciales confirmaron que el allanamiento fue ordenado por el fiscal de Delitos Complejos Matías Edery a partir de una denuncia anónima sobre irregularidades que, en líneas generales, indicarían connivencia entre ciertos uniformados y bandas criminales que operan en el cordón industrial.
Según el vocero tribunalicio la denuncia refería que algunos oficiales de rango medio —sus identidades no fueron dadas a conocer— aportaban información y datos a delincuentes. Entre otras cosas, los alertaban ante la posibilidad de allanamientos. En este sentido enumeraban una serie de procedimientos que habrían resultado negativos, al parecer por esta situación.
La denuncia fue comunicada al interventor de la URXVII, Carlos Lemos, y el fiscal Edery ordenó el allanamiento que se ejecutó ayer hasta entrada la noche. Al cierre de esta edición se analizaba el material que se había incautado y el personal de Asuntos Internos se encargará de analizar la detección o no de delitos. En caso de anomalías la investigación será judicializada.
Tormentoso
El allanamiento llamó la atención por tratarse de una jefatura departamental que desde hace varios meses está en el ojo de la tormenta, especialmente luego de que el pasado 18 de diciembre el entonces flamante ministro de Seguridad de la provincia,, Marcelo Saín, decidiera intervenirla a instancias de un informe elevado por el jefe de la policía santafesina, Víctor Sarnaglia.
Por esos días una ola de robos a viviendas particulares en la ciudad de Roldán daba cuenta de "un servicio deficiente" y se sumaba a la imputación, también por entonces, de graves delitos contra oficiales de alto rango de la Jefatura como Gustavo Spoletti y Cristian Di Franco, quienes fueron acusados en el marco de una investigación sobre las actividades delictivas de Esteban Lindor Alvarado.
Al primero le achacaron falsear la venta de una vivienda —realizada en 2012 pero antedatada a 2010 y "sobrevaluada"— para justificar su patrimonio, bajo la lupa de Asuntos Internos. En la operación se vio involucrado Jorge Banegas, sindicado como mano derecha de Alvarado.
A Di Franco lo acusaron de pasarle a Alvarado datos oficiales sobre vehículos "facilitando la comercialización de autos adquiridos de manera ilegítima".
Las imputaciones derivaron en la renuncia del entonces jefe de ambos y titular de la URVII, Gonzalo "Chino" Paz, quien pidió el pase a retiro.
Sin embargo, no fue ese el primer escándalo que atravesó la Jefatura de la UR XVII durante 2019 ya que meses antes había sido detenido el jefe de la Alcaidía, José Budiño, acusado de brindar una serie de servicios VIP a presos a cambio de dinero.
El comisario fue imputado de cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el fiscal Aquiles Balbis, que le atribuyó habilitar celdas con comodidades y permitirles acopiar armas blancas así como otros elementos prohibidos para personas privadas de su libertad.
Tampoco ayudó a la imagen de la UR XVII un incidente ocurrido al día siguiente de una audiencia contra Budiño, cuando cerca de la sede del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo arrojaron líquido de frenos sobre el auto de Balbis.
Nada que ver, pero...
En ese contexto ayer se conoció una denuncia contra el subcomisario Damián B. por un hecho de abuso sexual simple. La presentación fue elevada el lunes por la División Judiciales de la UR XVII a la Fiscalía de San Lorenzo y, según fuentes judiciales, fue tomada el miércoles por el fiscal Leandro Lucente.
Sin embargo este hecho no tiene en principio nada que ver con los allanamientos practicados ayer en la Jefatura sanlorencina.
Por Aníbal Fucaraccio
