La usurpación de una casa en zona sur, seguida por una serie de balaceras, derivó en la detención de cinco personas que ayer fueron acusadas de integrar una asociación ilícita al mando de un hombre apodado "Manco" o "Gitano" que se encuentra prófugo y con pedido de captura. Los acusados son cuatro hombres y una mujer, pareja del sindicado como líder, acusados de hechos diversos que van desde tentativas de homicidios a encubrimiento o tenencia de armas. El juez Héctor Núñez Cartelle les dictó la prisión preventiva por treinta días.
Los cinco fueron detenidos el 30 de diciembre e imputados ayer en una audiencia en la que el fiscal Gustavo Ponce Ashad les atribuyó formar parte de una asociación ilícita destinada a cometer delitos varios. Fue tras dirigir trece allanamientos con epicentro en barrio Plata —donde se secuestraron armas, motos y autos— que continuaron incluso hasta la noche previa a la medida judicial. Entonces fue detenido un suboficial de la policía santafesina, empleado de la comisaría 2ª, acusado de encubrimiento. Según se explicó desde la Fiscalía, estaba presente en una de las casas allanadas y sería sobrino del prófugo Oscar G., a quien le dicen "Manco" o "Gitano".
Los operativos se produjeron en un contexto en el que se vienen produciendo balaceras y amenazas a vecinos de barrio Plata. En algunos de esos casos el Ministerio Público de la Acusación detectó que están implicados ciudadanos colombianos residentes en el barrio.
Esta investigación comenzó con la usurpación de un chalecito de pasaje Savio y bulevar Oroño, frente a la estación de servicio Petrobras. Esa casa pertenece a una martillera pública que heredó la propiedad de sus abuelos y la tenía en alquiler. La mujer, presente en la audiencia, se enteró en marzo de que sus inquilinos habían sido echados de la casa por usurpadores.
La martillera inició un juicio de desalojo y en junio los ocupantes fueron emplazados a abandonar la propiedad. Según la acusación, quienes concretaron la usurpación fueron dos hombres de apellido Q.: Maximiliano Alejandro y Ariel Omar. Según el fiscal, la casa fue vendida por ellos en 70 mil pesos a una conocida, Aldana F., quien pagó con una entrega inicial de 10 mil pesos y cuotas, sin recibir documentación a cambio.
Secuencia de amenazas
En junio la mujer comenzó a recibir amenazas para abandonarla propiedad. Esto que llegó a un pico violento la noche del 16 de diciembre. Entonces un grupo estaba reunido frente a la casa de Savio 2230 cuando pasó un auto Chevrolet gris con la luneta trasera rota y encintada. El que iba como acompañante (identificado y prófugo) sacó un arma y abrió fuego. Fueron diez tiros. Un joven de 18 años, una chica de 23 y a su hijo de un año y medio resultaron heridos. El muchacho, Alexis B., fue baleado en un glúteo. A Patricia C. un balazo le fracturó la rodilla. El nene, Ian F., fue herido en una pierna.
Los testigos vieron alejarse el auto en contramano por Savio, seguido por un Chevrolet Corsa bordó. Las balas dieron en la puerta de chapa, en una ventana de madera y en la casilla del gas de la casa. Entonces Aldana F. explicó que había comprado la casa a "unos distribuidores de barrio Plata que trabajaban con una persona colombiana". Y que lo había hecho "en confianza, porque eran amigos" hasta que hubo aprietes: le fueron a exigir que devolviera la casa y la amenazaron con incendiar la propiedad y matar a su familia.
Los hermanos Q., defendidos por el abogado José Guirado, fueron acusados por una usurpación consumada y otra que quedó en el intento, amenazas calificadas y tres tentativas de homicidio. La defraudación con la venta de la casa sólo fue atribuida a Maximiliano a quien además le imputaron otra balacera que investiga la fiscal Susana Brindisi. Fue el 25 de marzo, cuando tirotearon una casa de Lamadrid al 2200 desde una moto Motomel blanca y cuatro impactos marcaron la vivienda. "La gente que me acusa no la conozco. Ni sé quiénes son. No sé porqué me trajeron acá", se defendió al declarar este joven de 21 años.
En tanto que Ariel Q. sumó una acusación adicional por amedrentar con un mensaje de whatsapp a su hermano Daniel y luego balearle su casa de Vuelta de Obligado al 4900 la madrugada del 22 de diciembre pasado. Al declarar, dijo que estaba enojado porque su sobrino le había pegado a su hija. Admitió haberlo golpeado a piñas pero negó los disparos. "Yo no disparé. Hay muchas cosas que se dicen acá que no son verdad", dijo el hombre de 39 años, quien lava autos en la cortada Ricardone y es padre de cuatro hijos.
El colombiano
En la causa hay otros tres acusados. Eric Nicolás R., de 23 años, trabajaba como encargado de un galpón de Castellanos entre Lamadrid y Aurora —cuya titularidad se atribuye al Manco— donde se encontraron un cargador de pistola 9 milímetros y cuatro cartuchos de escopeta. Fue acusado de encubrimiento. El, a su vez, denunció en Asuntos Internos que el policía a cargo del operativo le dijo que "quería hablar con el Manco" y lo extorsionó pidiéndole 100 mil pesos. "Yo no tengo nada que ver. Era encargado del galpón. Es mi lugar de trabajo", dijo.
El colombiano Mauricio A. G., de 31 años, fue acusado del mismo delito por un cartucho de escopeta hallado en una casa de Lamadrid al 3000. El dijo que estaba en ese lugar "arreglando una motocicleta" y que estaba en la ciudad visitando a su hermana pero con intenciones de regresar a su casa del complejo Don Orione, en la ciudad de Claypole. Estuvo en prisión domiciliaria en Rosario hasta el 30 de diciembre y el mismo día fue detenido.
Por último Laura Verónica R., pareja del supuesto líder, fue apresada por el hallazgo de un revólver calibre 32 marca Doberman y un cargador de 9 milímetros en su casa de Lamadrid al 3700. "El arma que se encontró en mi casa no es mía", dijo la mujer, que estaba trabajando en su negocio de Constitución al 5100 y se acercó a su domicilio al saber que estaban allanando. "Me dedico a mis hijos y a mi trabajo", aseguró.
Su abogado Claudio Tavella, al igual que Guirado y Marcelo Piercecchi, quien defiende a los acusados de encubrimiento, reclamaron la libertad de los cinco y cuestionaron la figura de asociación ilícita: "No se secuestró un sólo teléfono celular, no sabemos la jerarquía de sus miembros, de qué forma interactuaban unos con otros". El juez sin embargo respaldó las acusaciones. "Hay armas, personas heridas, sindicaciones directas", evaluó.
