La Procuración General de la Nación hizo lugar a una denuncia presentada por el ex jefe de la policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, y el ex comisario Néstor Fernández, quienes están siendo juzgados en los Tribunales Federales por conformar junto al agente Carlos Quintana y otras 23 personas, una "empresa criminal conjunta" para la protección de una supuesta red narcocriminal que operaba en el sur provincial. La decisión del organismo nacional, a cargo interinamente de Eduardo Casal, podría marcar un giro de 360 grados en la causa ya que la denuncia fue girada al fiscal federal en turno de Rosario para que investigue el accionar de cuatro fiscales que actuaron en distintos momentos de la instrucción ante la posible comisión de los delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, instigación al prevaricato, instigación al falso testimonio, omisión de persecución de delincuentes, falsedad ideológica y estafa procesal", todo lo que podría hacer caer la causa si es comprobado.
La denuncia de Tognoli y Fernández, quien fuera jefe de la Brigada Operativa de la ex Drogas Peligrosas en la Unidad Regional VIII, apunta a los fiscales Juan Patricio Murray, Federico Reynares Solari, Adolfo Villate y Viviana Saccone. En ese sentido, los policías solicitaron al Procurador que "se designen fiscales ajenos al fuero federal de Rosario para investigar la denuncia a fin de garantizar la objetividad en la investigación y la independencia del órgano encargado de llevar a cabo la misma. Es decir, poner fin a la trama delictiva montada y llevada adelante por los fiscales" nombrados.
Además, Tognoli y Fernández piden al Procurador que se aparte "con carácter de urgente a los fiscales Adolfo Villate y Viviana Saccone" de su actuación en el juicio que se lleva adelante desde junio del año pasado y se los cite "para ratificar la presentación" ya que a su entender "los denunciados no están haciendo su trabajo sino que están, desde un primer momento, haciendo el trabajo sucio de sus antiguos jefes políticos".
Tras la aceptación de la denuncia, los defensores de Tognoli y Fernández, Néstor Oroño y José Luis Vázquez respectivamente, anunciaron que se constituirán como querellantes en la causa y como actores civiles reclamarán los daños y perjuicios ocasionados a sus clientes.
El origen
La causa por la que son juzgados Tognoli, Fernández y otras 24 personas se inició después de que el diario Página/12, el 19 de octubre de 2012, publicara la nota titulada "La delgada línea blanca" en la que se hace referencia a la supuesta protección que el entonces jefe de policía y el ex titular de la Brigada Antidrogas de la UR VIII le daban a una red narco liderada entre otros por Carlos Andrés Ascaíni y Aldo "Totola" Orozco.
La nota provocó un sacudón político en Santa Fe, cuyo gobierno fue acusado por allegados al kirchnerismo como una administración "narcosocialista". Ante eso Tognoli renunció a su cargo y estuvo detenido entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre de ese año, cuando el juez federal Carlos Vera Barros le dictó falta de mérito por ausencia de pruebas, medida que no fue apelada por la fiscal Liliana Bettiolo.
Esa decisión llevó a la Procuradora Alejandra Gils Carbó a desplazar de su cargo a Bettiolo y, en una maniobra política, designar a Juan Patricio Murray, que en marzo de 2013 acusó a Tognoli, Fernández, Quintana y Ascaíni de "conformar una empresa criminal conjunta" dedicada a la protección del narcotráfico y sacar rédito económico de eso. Entonces el ex jefe de policía volvió a ser apresado el 7 de marzo de 2013 y se mantiene tras las rejas con constantes prórrogas de prisión preventiva, mucho más allá de los plazos previstos por la ley que no deben superar los dos años sin sentencia firme.
Respecto a la figura legal achaca da por Murray, los denunciantes sostienen que "ante la total orfandad probatoria se intenta instalar la idea de la «joint criminal enterprise» con la pretensión de que opere a modo de molde adaptable a cualquier diseño artificiosamente concebido". Y remarcan que en ese molde "los retazos arrojados son sospechas, elucubraciones, elaboraciones o constructos meramente especulativos (....) para llenar el vacío de pruebas y presentar algo que aparente algún volumen para perpetrar el resultado perseguido: que el Tribunal nos condene sin ningún tipo de prueba".
Asimismo, la denuncia recuerda que la fiscal Bettiolo, al declarar en el juicio, fue contundente al sostener que "la detención de Tognoli la pidió con motivo de la publicación de Página/12", pero que "jamás verificó comunicación alguna entre Tognoli y Ascaíni durante su actuación como fiscal y que no apeló la falta de mérito dictada por Vera Barros en razón de que no había pruebas y se acercaba el término otorgado por la ley para resolver la situación procesal de los detenidos". Y aclaró el 5 de diciembre de 2012 fue "removida" del caso.
Móvil político
La denuncia tiene un alto voltaje político. En un párrafo del extenso escrito elevado a la Procuración se lee que tras la negativa de Bettiolo a apelar la falta de mérito: "Gils Carbó mediante resolución MP 682/12 del 5 de diciembre de 2012 designa al fiscal Juan Patricio Murray, integrante del Movimiento Evita y miembro de la agrupación Justicia Legítima para que actúe junto a Federico Reynares Solari, esposo de la diputada nacional por el Frente para la Victoria Josefina Victoria González, e integrante también de Justicia Legítima, el cual fue nombrado para actuar como fiscal en el juicio oral junto a Adolfo Villate, integrante también del Movimiento Evita y de la agrupación mencionada". De todo ello, dice la denuncia, "puede deducirse sin mayor esfuerzo la total carencia de objetividad y el esfuerzo denodado para llevar adelante la farsa montada por sus antiguos jefes políticos".
En el resto del escrito, Tognoli y Fernández apuntan contra:
• El licenciado Jorge Likerman, de la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor que otorgó al entonces jefe de policía la clave y usuario para realizar consultas sobre las patentes de vehículos sospechosos, la cual fue recibida por Tognoli y cedida, en sobre cerrado, al comisario Fernández como titular de la Brigada VIII donde actuaban los supuestos narcos Carlos Andrés Ascaíni y Aldo Orozco. En ese marco resaltan las contradicciones de Likerman entre lo que declaró en la instrucción y lo respondido en las audiencias orales, por lo que consideran que "mintió de una forma vergonzante y descarada con la finalidad de perjudicar a Tognoli".
• El oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Oliveira, quien "se encuentra incurso en falso testimonio y falsedad ideológica ya que declaró que Tognoli tenía una estrecha relación con Ascaíni y en las audiencias sostuvo que nunca pudo comprobar que el ex jefe policial tuviera trato personal o directo con el acusado".
• Los fiscales Viviana Saccone y Adolfo Villate, quienes "mienten de una manera desvergonzada con la única pretensión de engañar al tribunal para que nos condene por hechos de los que somos ajenos. Y ante la falta de pruebas para demostrar los cargos que de una manera artificiosa, ilegal y claramente delictual inventan la inverosimil trama de una empresa criminal conjunta".
En ese orden remarcan que la investigación sobre Ascaíni la inició Asuntos Internos en 2010 y no comprobó actividad ilícita alguna, que luego lo investigó la Brigada Antidrogas que tampoco obtuvo pruebas y la pesquisa fue delegada a Gendarmería Nacional, que en agosto de ese año informó que "no se pudo ratificar ningún movimiento que suponga un accionar ligado a la ley antidrogas y solicita se den por finalizadas las actuaciones", por lo que Vera Barros archivó el expediente. Y que recién en junio de 2011 el magistrado derivó las actuaciones a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que en febrero de 2012 presentó un primer informe, hasta que el 8 de mayo de ese año, en un turbio procedimiento de la Brigada Antinarcóticos de la policía santafesina al mando de Alejandro Druetta, Ascaíni fue detenido en un cruce de rutas. Es decir que, entre noviembre de 2009 y mayo de 2012 a Ascaíni lo investigaron distintas reparticiones y ninguna logró indicios de su actividad narcocriminal.
Finalmente, y tras extensas réplicas a todas y cada una de las acusaciones de la Fiscalía, los acusados sostienen que "la increíble, insólita, vergonzosa y delictiva imputación que se formulara en el marco de la gestión de la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, cuyos designios ignoramos, pero no dudamos, en nada se identifican con lo jurídico".
