El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aceptó hoy la renuncia de los 14 funcionarios que dependían del secretario de Articulación de la Política Social, Gonzalo Calvo, y que habían participado del proceso de autorización de compras de azúcar y aceite a valores por encima de los "precios testigo" fijados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), según confirmaron fuentes oficiales.
Con las salidas de estos funcionarios, el área ministerial que conducía Calvo deberá ser reestructurada, de acuerdo a lo consignado por voceros de Desarrollo Social.
El martes pasado Arroyo había exigido la dimisión de Calvo, como parte de una investigación iniciada sobre estos procesos de compra que se produjeron en el contexto de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de corinavirus.
Se trataba de partidas de aceite y azúcar que serán repartidas entre comedores y merenderos de las zonas más vulnerables del país, detallaron voceros del Ministerio de Desarrollo Social.
Fuentes de la cartera indicaron que en la actualidad se revisa "todo el circuito administrativo para las compras" y no se descarta que se lleven a cabo cambios en las modalidades de adquisición.
Arroyo revocó las compras de aceite y azúcar y resolvió convocar nuevamente a empresas productoras para la adquisición de esos productos para consumo por parte del Ministerio.
Esa decisión se da en consonancia con lo dispuesto por el gobierno en cuanto a que "en ningún caso" podrán abonarse montos superiores a los precios máximos establecidos por la Secretaría de Comercio "en los procesos de compra que se realicen para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios".
La directiva, adoptada en una resolución dictada por la jefatura de Gabinete de Ministros con la firma de su titular, Santiago Cafiero; y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, entró en vigencia a partir de su inmediata publicación en el Boletín Oficial.
"Establécese que en los procesos de compra que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios, establecido por la Decisión Administrativa N°409/20, no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los Precios Máximos establecidos por la Resolución" de la Secretaría de Comercio, establece la normativa.
El pasado lunes, Desarrollo Social admitió haber ordenado compras de azúcar y aceite a valores más altos que los estipulados como "precios testigos", decisión que recibió cuestionamientos.
La cartera que conduce Arroyo ordenó una investigación interna para establecer cómo fueron acordadas esas compras.
Con todo, en un informe elaborado por el Ministerio se explicó que "en ningún rubro se compró a una sola empresa" porque se realizó una licitación para satisfacer la mayor demanda en los comedores, donde aumentó de 8 a 11 millones la cantidad de personas que necesitan asistencia alimentaria en las últimas semanas, en el marco del aislamiento obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus.
Esta semana, el presidente Alberto Fernández aseguró que "no ponía en duda la honestidad" de Arroyo mientras advirtió en diversas oportunidades que "será implacable con los corruptos".
En los casos donde las familias no abonaron, el gobierno provincial inició demandas judiciales para ejecutar la deuda, un proceso que puede derivar en embargos de sueldos, inhibición de bienes y otras medidas patrimoniales
Por Thamina Habichayn
Por Carina Bazzoni