La Casa Rosada activa las negociaciones por la reforma laboral de cara al segundo tramo de las extraordinarias. El rol de los gobernadores en las tratativas. Santa Fe también prepara su terreno legislativo
Por Javier Felcaro
En breve, el Congreso nacional empezará emitir señales de movimiento. Llegarán las primeras reuniones destinadas a alumbrar estrategias firmes de cara a los debates que asoman, en especial la discusión de la reforma laboral que acicatea el gobierno de Javier Milei y que mantiene en vilo a varias provincias, entre ellas Santa Fe.
Los arietes negociadores de la Casa Rosada son la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quien esta semana desembarcará en tres provincias: Chaco, Chubut (por segunda vez en siete días pisará un distrito en vilo por los incendios forestales) y Mendoza. También recibirá al mandatario pampeano en Balcarce 50.
La misión de ambas espadas mileístas es reunir los votos en la Cámara alta, donde a La Libertad Avanza (LLA) le faltan 17 voluntades para lograr el quórum, y activar la sesión prevista para principios de febrero próximo. En ese contexto, el futuro de la reforma está en manos de los gobernadores, entre ellos algunos jefes provinciales del PJ, que volverán a ser blanco de un juego de seducción.
Hace más de cuatro décadas que en la Argentina se debate una eventual modificación del sistema que regula el empleo. Como nunca antes, hoy parecen aflorar coincidencias respecto de la necesidad de aplicar cambios en el área en función de la elevada litigiosidad, la dificultad de encontrar trabajo y los preocupantes niveles de ocupación no registrada, entre otros factores.
Sin embargo, persisten las dudas sobre si el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso a fines de 2025 cerrará con eficacia ese abanico de problemas. Paralelamente, otro punto de la iniciativa oficial está lejos de convencer a los legisladores que representan a los oficialismos provinciales: los retoques al impuesto a las ganancias.
En ese marco, la mesa chica que acompaña a Milei en la toma de decisiones procura sellar la estrategia que le permita imantar votos para, de ese modo, anotarse otra victoria parlamentaria en el segundo tramo del período de sesiones extraordinarias, luego de la sanción del presupuesto a fines del año pasado (tras meses de sucesivos reveses).
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El primer paso es cimentar el acuerdo interno en el oficialismo: la puja todavía activa es entre quienes están dispuestos a modificar el proyecto, aunque sosteniendo su esencia, y aquellos que recuerdan que la iniciativa ya fue consensuada —vía Consejo de Mayo—, por lo cual no queda tiempo para introducirle cambios.
El escenario plantea también un desafío para Provincias Unidas (PU), espacio que agrupa a varios gobernadores —con sus respectivos intereses comarcales—, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, y que deberá coordinar sus movimientos a la luz del reciente tratamiento del presupuesto nacional.
Pullaro y su par cordobés, Martín Llaryora, fijaron una posición defensiva a proyectar hacia sus bancas en el Congreso. La reacción de los mandatarios provinciales barrunta futuras disputas, tanto por la Rosada como por sus territorios, donde los libertarios quieren jugar fuerte en 2027.
La jugada es confrontar esa ambición mileísta con la capacidad de gestión y el sostenimiento de la obra pública en las provincias, sin descuidar los recursos. Por eso, en la previa al tratamiento de la reforma laboral, la rebaja de Ganancias (que impactará en los fondos coparticipables y las arcas distritales) encendió las alarmas.
Si bien Pullaro no le bajó la persiana al proyecto de Milei, supeditó cualquier tratativa a que la Nación salde la deuda con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. También le avisó al ministro de Economía, Luis Caputo, que no iba a aceptar su pedido para que ingrese los 800 millones de dólares correspondientes a un crédito internacional obtenido por la provincia.
Este fin de semana, la administración de Unidos subió la apuesta: frente a la falta de respuestas, encaró a una labor hídrica —tubos de desagüe por debajo de la ruta nacional 11— que la ciudad de Vera espera hace años. “La demora que tiene Vialidad y el propio gobierno de Milei en autorizar algunos trabajos ponen en riesgo la población”, objetó el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico.
Tensiones que engrosan la agenda de un gobierno libertario obligado a materializar —de ahora en más— sus reformas de segunda generación para, de ese modo, mostrar que el cambio pregonado desde 2023 no se detiene y que, luego de meses de sacrificio, habrá reactivación y mejores ingresos.
Los plazos para cumplir este último objetivo, y el correspondiente margen de tolerancia social, siguen siendo un interrogante. De hecho, mientras el Ejecutivo sostiene que el aumento de los precios está controlado, tanto la CGT (que desembarcará en varias provincias, entre ellas Santa Fe, para tantear a sus gobernadores) como otros espacios sindicales opinan lo contrario y advierten que ese punto también será parte de la discusión de la reforma laboral.
Por lo pronto, en tiempos globales en que los principios éticos lucen jaqueados, Milei se apresta a viajar a Suiza para participar del Foro Económico Mundial de Davos, luego de volver a defender públicamente la intervención estadounidense en Venezuela (aunque con fundamentos que contradicen el argumento principal manifestado por su par norteamericano, Donald Trump) y en paralelo a su plan de imponer una nueva arquitectura política en la región y a la profundización del quiebre diplomático con Brasil.
La situación en Venezuela también deparó en Santa Fe un choque de posiciones entre el PRO y el socialismo, fuerzas convivientes en la coalición gobernante. Antes que escale la controversia interna, Pullaro salió a aplacar las rispideces al enfatizar: “La salida siempre tiene que ser democrática”.
A su vez, el oficialismo provincial también prepara el terreno parlamentario. Ya ingresaron a la Legislatura los pliegos de Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini, quienes reemplazarán en el transcurso de 2026 a Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez en la Corte Suprema santafesina.
Spuler tiene su renuncia aceptada por la Casa Gris desde el 1º de septiembre, mientras que Falistocco y Gutiérrez anunciaron públicamente que dejarán el máximo tribunal a partir del 1º de noviembre.
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A fines de febrero, o en los primeros quince días de marzo, los pliegos remitidos por el Ejecutivo serán puestos a consideración de la Asamblea Legislativa.
Pese a que Unidos cuenta con mayoría propia para respaldar las nominaciones de Maciel, Alurralde y Genghini, en el oficialismo trabajan para potenciar la institucionalidad del proceso y abrochar la mayor cantidad de adhesiones en la inminente Asamblea.
domingo 11 de enero de 2026
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