Amsafé y Ate se manifestaron este lunes contra la política salarial del gobierno provincial.
El conflicto docente ha puesto una vez más a la educación en la tapa de los diarios y en un lugar central de los debates. El rechazo de la docencia agrupada en Amsafe a la propuesta del gobierno causó sorpresa, y hasta enojo en algunos sectores. Una vez más nuestro salario y nuestras definiciones gremiales están en boca de todos.
El tema no es menor. Tengamos en cuenta que la suma de estudiantes, docentes y auxiliares se acerca al millón de santafesinos y santafesinas. Las escuelas son el presente y también el futuro; es un lugar común de la clase política y los gobernantes repetir que la educación es la inversión más importante que se puede hacer y que los docentes somos un elemento central hacia esa trasformación que todos anhelamos.
Pero, aquí también, hay una distancia importante entre los dichos y los hechos. Veamos.
Los números no dejan lugar a dudas. Basta entrar en la página del Ministerio de Economía de la provincia y analizar los datos de los Presupuestos votados. Si tomamos el cuadro de los Gastos de la Administración Central, donde aparece el detalle de lo previsto para cada Poder del Estado y para cada Ministerio, podemos ver el dramático recorte de la parte que le toca a Educación. Este proceso arranca en la gestión anterior y se profundiza en la actual:
La caída es brutal. No estamos hablando de la crisis económica que hace que haya menos dinero para las distintas áreas, estamos hablando de la decisión política -de dos gobiernos de signos distintos y de las mayorías en la legislatura santafesina- de bajar año a año la parte destinada a educación. Para que se entienda, si Educación volviera a tener el 33% del total le corresponderían $39 mil millones más que lo previsto en el Presupuesto votado. Sin dudas una cifra importante ayudaría significativamente para garantizar mejores condiciones en las escuelas, una recuperación real del salario y la creación de los cargos que el sistema viene reclamando.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que es bastante común la práctica de subejecutar el presupuesto. Por ejemplo, el año pasado se gastó apenas el 9% de lo previsto para reparación de escuelas.
Finalmente cabe señalar que la situación se agrava porque esta notoria caída del presupuesto coincide con un crecimiento de la matrícula escolar. El crecimiento y la desinversión educativa van juntos:
Queda para otra ocasión analizar con profundidad la evidente injusticia de los subsidios a las escuelas privadas en el marco de esta creciente insuficiencia presupuestaria.
Es un tema central. Para el Estado es la parte principal del presupuesto; para los docentes son nuestras condiciones de vida.
Todos los análisis muestran la caída del poder adquisitivo de nuestros ingresos. A esta caída corresponde sumarle el deterioro de la calidad del salario debido a la incorporación de cifras no remunerativas (lo que achata las escalas y perjudica gravemente a la Caja de Jubilaciones y la obra social). En promedio podemos hablar de un 20% de caída en el cuatrienio 2015/2019 al que se le añade un 6% del año pasado.
Aún con el aumento propuesto el salario testigo de un maestro (con hasta 5 años de antigüedad) se queda muy atrás de la línea de la pobreza. Veamos los valores para marzo:
De acuerdo a la propuesta presentada por el gobierno una maestra debe tener más de 20 años de antigüedad para superar la línea de la pobreza.
Muchas comparaciones son posibles y legítimas. Yo puedo decir que el salario testigo docente (ese sector “fundamental para el presente y el futuro de nuestra sociedad”) está muy lejos de los mínimos de convenios de gremios como bancarios, aceiteros o camioneros. También vale una comparación al interior del Estado provincial: cada cargo en Educación significa en el Presupuesto menos de la tercera parte de lo que le significa un cargo en el Poder Judicial.
Todos los gobiernos se ufanan mostrando cifras sobre inversión en reparación y construcción de escuelas. Pero las carencias abundan: en muchos edificios hay problemas estructurales de agua, electricidad o gas; en muchos casos faltan aulas; en algunos barrios o ciudades faltan escuelas ante el crecimiento poblacional. La pandemia además no hace más que mostrar con más fuerza las carencias: hay escuelas con un solo asistente escolar que debe garantizar la higiene permanente de 12 o 14 aulas y los demás espacios, otras que directamente carecen de asistente en un turno o en un edificio anexo, otras en que las aulas carecen de la ventilación adecuada. El año pasado las autoridades tomaron la decisión de dejar pagar los altos alquileres de las “aulas móviles” y retirarlas de las escuelas, pero no hicieron nada por sustituirlas. En algunas escuelas secundarias hay cursos con más de 50 o 60 estudiantes. ¿Son estas las condiciones adecuadas para la vuelta a clase en medio de la pandemia?
Los docentes sabemos de la importancia de la educación. Elegimos esta profesión y a ella nos dedicamos.
Sabemos de lo duro que fue el año pasado donde hicimos lo que estuvo a nuestro alcance para sostener el vínculo pedagógico (y también alimentario) con nuestros estudiantes. Sin horarios, aprendiendo a trabajar de otra manera, gastando de nuestros bolsillos y sin ayuda del Estado.
Sabemos de la necesidad de la vuelta a las clases presenciales y de las expectativas de las familias.
Y también sabemos pelear por nuestros derechos que son, de alguna manera, los de la comunidad educativa toda.
Es el gobierno el que reduce el presupuesto educativo y nuestros salarios. Ahí está la responsabilidad de la crisis y de este conflicto no deseado por nadie. Ahí está también la llave para la solución. Docentes, alumnos y familias la estamos esperando.
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