En “Instrucciones para subir una escalera”, Julio Cortázar describe con detalle, ironía y sutileza un proceso mecánico y cotidiano. Subir la escalera del desarrollo de un país requiere instrucciones precisas que no se pueden improvisar. Estas instrucciones no son tan obvias, lo que me impone la necesidad de hacerlas conocer, y al mismo tiempo refrescar la memoria de algunos distraídos.
Los países prósperos son los que invierten en ciencia, tecnología e innovación. No es sólo dinero: se requiere un presupuesto acorde y una hoja de ruta consensuada como política de Estado que se actualice continuamente. Subir esta escalera requiere tres actores complementarios y esenciales: el Estado, la inversión privada y el sector científico-tecnológico. La ecuación es simple: sin ciencia disruptiva y recursos humanos formados, no hay crecimiento. Sin inversión privada que financie nuevas tecnologías y cree trabajo de calidad, tampoco. Y sin políticas de Estado que fomenten la inversión de riesgo y la investigación, el ecosistema se rompe.
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Julio Cortázar.
Al fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos definió una hoja de ruta posbélica para la ciencia y la tecnología. Los primeros hitos fueron la creación de la National Science Foundation (NSF) en 1950 y la Agencia de Proyectos Avanzados en 1957 (hoy Darpa). NSF financia proyectos de ciencia fundamental, mientras que Darpa desarrolla proyectos estratégicos. Internet, Google y los microprocesadores surgieron de proyectos financiados por estas agencias. Y la escalera de crecimiento en Estados Unidos sumó agencias estatales en temas estratégicos durante 36 años de gobiernos demócratas y 40 de republicanos. Alemania hizo lo propio en 1948 creando la Sociedad Max Planck, que financia ciencia de calidad guiada por la curiosidad con fondos estatales, y la Sociedad Fraunhofer, que apoya el desarrollo tecnológico mediante financiamiento público-privado. El modelo de desarrollo alemán no se puede explicar sin estas dos instituciones.
En la tierra de Cortázar, Bernardo Houssay creó el Conicet en 1958 para cimentar este camino, sumándose a la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Inta y las universidades nacionales. En 1996 la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (hoy Agencia I+D+i) comenzó a financiar proyectos de ciencia fundamental, actividades de transferencia y creación de empresas de base tecnológica mediante procesos de competencia abierta y evaluación imparcial. Estos fondos proveen el combustible para nuevos proyectos y para viabilizar la inversión privada. Sin embargo, Argentina no subió la escalera del desarrollo debido a la falta de políticas de Estado a largo plazo, presupuestos insuficientes y eventos expulsivos de científicos en 1966, 1976 y 2001.
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Bernardo Houssay.
En 2020 se aprobó la ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con apoyo de todos los sectores políticos, que preveía alcanzar una inversión del 1% del PBI en 2030. Con esta ley, Argentina comenzó a delinear una política de Estado a largo plazo.
A contramano de la historia, la ley de Presupuesto 2026 aprobada por el Congreso nacional, en su artículo 30 derogó el esquema de financiamiento de la ley 27.614 y de las leyes de Educación Nacional (26.206) y de Educación Técnico-Profesional (26.058). Escribió Cortázar: “Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas.”. Lo que enfrentamos ahora no es un descenso amable por la escalera, sino una caída a los tumbos. La Agencia I+D+i discontinuó los mecanismos de financiamiento de ciencia vigentes desde hace más de 25 años, paralizando al sistema científico. A pesar de los recursos humanos y las capacidades instaladas, el desarrollo en base al conocimiento no tiene escalón donde hacer pie.
En las redes sociales y en muchos medios se argumenta que, en un país con un 30% de pobres, invertir en ciencia es un lujo. Argumento empobrecedor y falaz si los hay. En los años 60, Corea del Sur era un país devastado por la guerra y empobrecido, con un PBI per cápita de 100 dólares.
No obstante, en 1966 creó el Korea Institute of Science and Technology, y a lo largo de seis décadas construyó un sistema de innovación impulsado por el Estado, con una creciente participación de la inversión privada. Hoy tiene un PBI per cápita de 36.000 dólares y es una de las 10 economías líderes. Un país que entendió, en la peor de las miserias, cuál era el camino para lograr un futuro mejor.
Mientras Corea del Sur e Israel invierten más del 4% de su PBI y países vecinos como Brasil superan el 1%, la inversión en Argentina cayó del 0,34% (2023) al 0,18% (2024). Las consecuencias inmediatas son: parálisis de proyectos, equipos costosos subutilizados y jóvenes que no ven su futuro aquí. Pero los peores resultados, de continuar este camino, llegarán en años, y recuperar lo construido llevaría décadas. El artículo 30 parece seguir instrucciones contra la construcción de un país con educación, ciencia y tecnología. Y no hablamos sólo de soberanía, sino de balanza comercial.
Existen excepciones que demuestran que la continuidad es posible en Argentina. En Santa Fe, gobiernos de distintos signos políticos han impulsado una política de ciencia, tecnología e innovación. Contamos con una Agencia provincial (ASaCTeI) desde 2011 y una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología desde 2015. Si bien una provincia no puede cubrir la deserción de financiamiento a nivel nacional, tenemos una oportunidad local para construir una agenda de futuro. Pero este tema amerita otra discusión.
“Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie”. Nuestro país acaba de hacerlo, y la caída es inevitable. No hay Parlamento que pueda derogar la ley de la gravedad ni sus inevitables consecuencias. La ciencia argentina está en serio peligro de desaparición, y todos debemos ser conscientes de esto. Aún estamos a tiempo de impedirlo.