Por Jorge A. Abboud
Una experiencia de reutilización social a partir de la decisión (año 2008) del ex juez federal Sergio Torres. Máquinas incautadas a responsables de trata laboral, generaron cooperativas para dar trabajo a las víctimas.
Las etiquetas de los productos provenientes de bienes recuperados de la mafia exhiben los datos de su origen: qué organización criminal se combatió, la localización y la fecha de la acción judicial (Libera Terra) Italia.
El lavado de activos es uno de los delitos más complejos y desafiantes en el ámbito jurídico. Para el crimen organizado una de las mayores dificultades a lo largo de la historia, ha sido la posibilidad de utilizar el producto generado a partir de lo ilícito, por lo cual la delincuencia ha buscado formas de "lavar", es decir hacer que estos bienes parezcan haber sido obtenidos de manera legal y legítima.
Si bien el origen del término "lavado de dinero", deriva de la práctica de los diversos grupos de la mafia, que durante la década de los veinte utilizaban a las lavanderías de ropa como fachada para la realización de sus actividades ilegales, el concepto money laundering, s e popularizó a finales de los años 70 en la jerga utilizada por los mafiosos de Nueva York para referirse a una cadena de lavanderías empleadas para invertir dinero de la heroína colombiana. Por otro lado, los departamentos encargados de la lucha anti-blanqueo, se conocen como anti-money laundering (AML), término que en español puede traducirse como "Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC)", "Anti-Blanqueo de Capitales", "Prevención del Lavado de Dinero" o, también como "Controles Anti-Blanqueo".
En el plano internacional, Italia se convirtió en el primer país en abordar el problema de la delincuencia organizada, gracias a su larga trayectoria en la lucha contra las mafias. La política criminal Italiana mediante el liderazgo de un grupo de jueces y organizaciones sociales como Libera, ha encontrado en la reutilización social de los bienes recuperados del crimen organizado un mecanismo eficaz para desarticular organizaciones criminales, dedicadas al lavado de activos, tanto es así que el ordenamiento jurídico Italiano permite esta destinación a uso social de los bienes decomisados a las mafias desde el año 1996.
A pesar de ello, este tema sigue siendo objeto de controversias, tanto en lo que respecta a su viabilidad económica como a la reutilización de los bienes y activos que son decomisados por el estado durante los procesos judiciales. En tanto el ejemplo Italiano en relación con el sistema de recupero de bienes, ha servido de inspiración para el "Proyecto Bien Restituido –para el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil".
En relación con la amenaza que representa el crimen organizado para la sociedad y la necesidad de prevenir la infiltración de las mafias, es necesario propender a llevar adelante medidas innovadoras para abordar este problema. Entre ellas, la implementación de un sistema de reutilización social de los bienes recuperados del crimen organizado como una forma de desarticular la generación de riqueza de estos grupos y fortalecer la sociedad civil. Asimismo, es urgente analizar la abundante, superpuesta y contradictoria legislación vinculada a la materia.
En este contexto, tanto la investigación del delito de lavado de activos, como el posterior recupero de esos activos o bienes para su reutilización social, es esencial para desmantelar las estructuras criminales, ya que en la actualidad esta forma de ocultar o disfrazar el origen de los fondos generados a través de actividades ilícitas, se ha convertido en una amenaza no solo para la seguridad económica y financiera de nuestro país y del resto de los países, sino también para la estabilidad y la integridad de las instituciones democráticas.
En tanto, la reutilización social de los bienes se presenta como un mecanismo efectivo y novedoso para transformar los recursos utilizados en actividades criminales complejas en bienes comunes. A través de esta práctica, el Estado puede otorgar el uso gratuito de estos bienes a la sociedad civil, para fortalecer proyectos sociales y productivos. Esta estrategia no solo cumple con la obligación de reparar el daño causado por actividades criminales complejas a las víctimas directas, sino también a la sociedad civil en general, especialmente a los sectores más vulnerables.
Es importante destacar que existe un consenso internacional en torno a la necesidad de que los estados identifiquen y recuperen los activos de estas organizaciones criminales para imposibilitar la continuación de sus actividades ilegales y para reparar el daño ocasionado. En este sentido, la reutilización social de los bienes se presenta como una opción viable que permite al Estado cumplir con su deber de reparación de manera más efectiva y justa.
¿Cómo lograr una política eficaz de recuperación y reutilización social de bienes provenientes de actividades ilícitas? Esta es la pregunta que debe responderse para poder avanzar en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado, en tanto es una tarea que requiere de una coordinación interinstitucional y de un marco legal sólido que asegure la transparencia y la eficacia en el manejo de los recursos.
En este arduo camino es necesario el consenso de las fuerzas políticas y los distintos poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por otro lado, es importante resaltar que se exige de una ley y una reforma que permita la creación de una policía judicial que responda a los fiscales que investigan en el ámbito federal.
Nos encontramos ante un importante reto en la lucha contra el crimen organizado, en tanto en los últimos años, se ha observado un aumento en la capacidad delictiva de grupos criminales asociados al narcotráfico, la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, contrabando de armas y otros bienes, los cuales han expandido su poder territorial y han incrementado el nivel de violencia de sus acciones.
Ante este escenario, es imprescindible un abordaje integral para dar cuenta de la magnitud de este fenómeno y seguir explorando nuevas estrategias, que permitan mejorar la seguridad ciudadana y afrontar la amenaza que representa el crimen organizado para nuestras ciudades, país y el mundo.
Argentina puede dar un paso adelante en la lucha contra la delincuencia organizada, ya que estamos a pasos que el proyecto de Ley de Administración y Reutilización Social de los Bienes Cautelados y Decomisados en Causas Penales –a cargo de un grupo de especialistas del Poder Judicial y el Ministerio Publico Fiscal junto a referentes de organizaciones sociales- sea tratado en el Congreso de la Nación, propuesta impulsada por el proyecto "Bien Restituido"
Bien Restituido, para el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil, es un proyecto financiado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina, en el marco de las convocatorias 2021 de CooperAR-UE. El proyecto es ejecutado por cuatro organizaciones: Libera. Asociaciones, nombres y números contra las mafias; Circolo Giuridico di Argentina; ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y Fundación Multipolar. Su objetivo es generar nuevas políticas de lucha contra la criminalidad organizada en la Argentina donde el elemento central es la reutilización social de los bienes, destacando que en el país se necesita de un nuevo marco normativo que permita establecer un eficiente sistema de administración de los bienes cautelados y decomisados a la criminalidad organizada, volviéndolos a poner en valor, con el fin de fortalecer al Estado y a las organizaciones sociales y comunitarias de nuestro país, para lograr, en conjunto, reparar el daño padecido por las víctimas directas de las actividades criminales, pero también, por las víctimas indirectas, que es la sociedad civil en su conjunto, con particular énfasis en los sectores más vulnerables.
La propuesta de implementación del proyecto "Bien Restituido", es liderado, como se expresó anteriormente, por la organización italiana "Libera", nacida en 1995 como una red de asociaciones contra las mafias y por la justicia social, y que actualmente está integrada por 1.600 organizaciones afiliadas, 20 coordinaciones regionales, 82 coordinaciones provinciales, y 278 grupos locales; más de 20.000 socios individuales; y más de 80 organizaciones internacionales que adhieren a la red de Libera International, en 35 países de Europa, África y América Latina.
En el año 2022 se desarrolló el Congreso Internacional de Reutilización Social de Bienes recuperados de la criminalidad organizada, una oportunidad para la Sociedad Civil y el Estado en la Universidad de Buenos Aires, en el marco de la visita de un grupo de destacadas personalidades de la sociedad civil y autoridades judiciales Italianas dedicadas a la lucha contra la mafia y el crimen organizado, a fin de impulsar la reutilización social de los bienes recuperados del delito en Argentina.
La Conferencia contó con la presencia de autoridades del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal, del Poder Ejecutivo nacional, provincial y autoridades locales, sindicatos, diputados y diputadas nacionales, cámaras empresariales, Conferencia Episcopal, Cáritas, entre otras organizaciones.
Uno de los momentos más especiales del encuentro, fue la lectura de una carta que el Papa Francisco redactó y envió en apoyo al Proyecto "Bien Restituido", donde se expresó que: "La reutilización social de los bienes recuperados de la mafia es un ejemplo virtuoso de sanación y de restablecimiento de la paz a través de la acción colectiva. Para el Estado es una oportunidad de volver a mirar a la gente creando oportunidades allí donde no existían –porque el crimen organizado suele ocupar los espacios donde las instituciones están ausentes o funcionan mal-. También es una oportunidad para el estado de asumir su responsabilidad y omisiones; porque un Estado que se mira a sí mismo, se marca y se pierde".
Para enfrentar la lucha contra el lavado de activos, se requiere de una coordinación internacional, en miras a una prevención y combate eficaz de estas prácticas ilícitas condenadas por la comunidad internacional, como así también realizar investigaciones exhaustivas y recuperar diligentemente los activos ilícitos.
Como bien señala el Juez Federal Sebastián Casanello, en su calidad de coordinador jurídico del proyecto Bien Restituido: "Este proyecto de administración de bienes, nacido de la sociedad civil, está pensando en la gente. Es una manera de hacer participar a la sociedad civil de la solución del conflicto penal". Asimismo, subraya que "en cada caso, habrá un fiscal que investigue, un juez que dicte sentencia, pero con este proyecto se busca también que haya una reparación, pensando en que los bienes recuperados deben volver a la ciudadanía".
Finalmente es importante destacar que, sin lugar a duda, en la problemática de la recuperación de bienes a las organizaciones criminales, un aspecto importante a considerar es el económico, ya que significa un ataque a la rentabilidad de los negocios criminales, en virtud de la reducción de las ganancias, con lo cual se debilita un elemento central de las organizaciones delictivas. Por lo tanto, el recupero de activos se convierte en un mecanismo altamente eficaz para desarticular las organizaciones criminales y mejorar la seguridad ciudadana.
*Bio: Abogado, Especialista en Prevención de Lavados de Activos, Experto en Ciberdelincuencia y Tecnologías aplicadas a la Investigación. Actualmente Especializándose en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado. Referente en la Provincia de Santa Fe del proyecto “Bien Restituido” para el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil. Director del Instituto de Justicia y Seguridad de la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP) partner en Argentina de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania (KAS).
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