Por Javier Felcaro
Entre la guerra y la paz. Así vienen pendulando —por distintos factores— los gobiernos nacional y santafesino desde su punto de partida, el 10 de diciembre pasado. De testigo, una población cada vez más jaqueada por las consecuencias de años de impericia económica, por un lado, y sometida a una violencia narco sin dique en Rosario.
Después de un duro revés parlamentario, el presidente Javier Milei recuperó algo de terreno perdido con las iniciativas formalizadas el 1º de marzo (paquete anticasta, Pacto de Mayo), durante la Asamblea Legislativa, forzando a todo el arco político a discutirlas. Abrió el juego para disimular el golpazo, pateó la pelota 80 días hacia adelante y bajó el perfil confrontativo. Aunque nunca se sabe.
Por lo pronto, el jefe del Estado optó por llamar a los gobernadores más que por castigarlos. Sin Milei en la Casa Rosada, pero con la misma determinación, Nicolás Posse (jefe de Gabinete) y Guillermo Francos (ministro de Interior) recibieron el viernes a los mandatarios provinciales dialoguistas para proponerles una nueva ley ómnibus —190 artículos en vez de los 300 originales— a cambio de que los distritos ordenen también sus finanzas. No obstante, Ganancias, la clave del canje, no generó un acuerdo inmediato y en breve continuarán las negociaciones.
Los gobernadores dialoguistas se retiraron conformes del cónclave por haber sido escuchados. La vice de Santa Fe, Gisela Scaglia, le transmitió a La Capital esa satisfacción, especialmente por la promesa de no tocar las retenciones, pilar de la defensa territorial del jefe de la Casa Gris, Maximiliano Pullaro, ausente con aviso por tener que abordar de lleno las acciones para enfrentar la ola de extrema violencia narco que sacude a Rosario en los últimos días.
Aunque Scaglia también reveló que no hay consenso con la vuelta del impuesto a las ganancias (la Nación propuso un piso de 1,5 millones de pesos). Los gobernadores dialoguistas —incluidos los rebeldes patagónicos— tienen la decisión de acompañar lo que la Argentina demanda en este tiempo, pero no a cambio de potenciar la creciente caída del poder adquisitivo de los salarios. El bonaerense Axel Kicillof es otro de los que se opone a la iniciativa. No pocos consideran que la licuadora le está ganando a la motosierra.
Con todos esos indicadores sobre la mesa, el Pacto de Mayo ofertado por Milei parece depender inexorablemente de la evolución económica en los próximos dos meses y de lo que el presidente esté dispuesto a cederles a las provincias. Como también de algunos consensos que contribuyan a despejar los obstáculos que minan la ruta hacia el Congreso.
Si, como afirmó Posse durante la cita con los gobernadores, la Rosada pretende “velocidad (para sacar la ley ómnibus antes de abril) y precisión”, cimentar la confianza es otra tarea a saldar en lo inmediato. Antes del inicio del cónclave, el malestar volvió a tallar en los mandatarios provinciales de todos los sellos políticos por las declaraciones —del jueves a la noche— de Milei: sostuvo que su único error de gestión fue creer en ellos. Para los dialoguistas, el presidente no puede seguir ligando a los jefes de distritos de Unión por la Patria (UP) con los de Juntos por el Cambio (JxC) y el peronismo no K.
Los interrogantes en torno a Milei son compartidos por Mauricio Macri, quien prácticamente ungido presidente del PRO pasó el miércoles por Rosario y, además de dejar en claro que no interferirá en la interna provincial entre Scaglia y Federico Angelini (funcionario del Ministerio de Seguridad nacional), respaldó al líder de La Libertad Avanza (LLA), pero admitió: “Es él, su hermana (Karina, secretaria General de la Presidencia) y las redes sociales”.
Por lo pronto, las necesidades de los múltiples actores en pugna y el peso de la realidad obligan a un arranque negociador en paz. “La mayoría de los gobernadores pidió que no haya agresiones el día después”, deslizó a este diario un testigo privilegiado del encuentro en Balcarce 50. En otras palabras: que todo lo que se una de ahora en más no lo separe un posteo presidencial en X.
Si bien el factor sorpresa suele favorecer a aquellos que pretenden patear el tablero, el abuso y la reiteración del mismo pueden reducir las chances de alcanzar el objetivo deseado. Por eso, la decisión oficial de convertir el Salón de las Mujeres en el Salón de los Próceres, justo el 8 de Marzo y entonada por una interpretación histórica tendenciosa, redundó en una provocación básica.
Y justo cuando Milei avanzaba hacia un acuerdo con los gobernadores para oxigenar su plan para reiniciar el Estado, el papelón con su sueldo y el de los ministros pegó en la línea de flotación del relato oficial.
En Rosario, las detenciones en el marco de la investigación por la secuencia de ataques mortales contra taxistas y un chofer de ómnibus insuflaron cierto alivio a la Casa Gris después de días de angustia y zozobra. Aportó lo suyo la llegada de 150 vehículos de las Fuerzas Armadas para tonificar el trabajo policial en las calles de una ciudad.
Pero no hay tregua en una Rosario signada por la furia: en el arranque de este domingo un playero fue asesinado de un balazo en la cabeza en la estación de servicio ubicada en la zona oeste de la ciudad. Los autores dejaron un cartel con amenazas y huyeron en un auto.
“Los hechos de violencia en Rosario pueden considerarse como terrorismo y se duplicarían las penas”, sostuvo la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, en una nota enviada a La Capital. Y expresó que la ciudad es “una prioridad” para la cartera que conduce.
En sintonía con el diagnóstico de “terrorismo urbano”, la Nación y la provincia saben que deben ir hasta el hueso con el control de las cárceles, desde donde se acicatean ataques cada vez más sangrientos en Rosario y que, hasta el momento, nada indica que vayan a cesar.
“Hace falta que la cárcel no domine la calle”, había advertido en febrero de 2023 el intendente Pablo Javkin, en alerta frente a lo que calificó como el “call center” del delito urbano manejado por líderes de bandas presos.
El final está abierto. De las acciones que se tomen de ahora en más dependerá tanto la estrategia a manos de la política como, fundamentalmente, el mensaje cifrado a enviar a las bandas narcocriminales.
Rosario no merece seguir sufriendo una saga de crímenes con efectos que terminan paralizando la ciudad, merced a una atendible huelga del transporte público, y hasta forzando la suspensión del inicio de sesiones del Concejo Municipal, en un inédito marco de dolor e incertidumbre.
Los hechos reflejan a dos gestiones —nacional y provincial— desandando sus primeros meses con el desafío de controlar las cárceles y legitimadas por un fastidio ciudadano que, en el caso de Santa Fe, alentó el avance de requisas en penales “a lo Bukele” y su posterior difusión en redes oficiales.
Pero, al mismo tiempo, en Santa Fe todavía está en desarrollo la inteligencia penitenciaria y la Fiscalía Regional Nº 2, pieza clave en la lucha contra el delito complejo, atraviesa un proceso de reorganización tras la denuncia y la reciente suspensión de uno de sus integrantes, Matías Edery.
Ensamblados por un mismo fin, que es la extorsión, tanto el crimen organizado como aquel sin criterio enfrentan una nueva respuesta estatal abonada por la presencia de las Fuerzas Armadas en la ciudad. El método a aplicar por los administradores de seguridad será decisivo. A veces, más puede significar menos.
Así como los partidos que conforman la coalición oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe expresaron un respaldo sin fisuras a las acciones emprendidas por Pullaro y su equipo en la lucha contra la narcocriminalidad, inclusive las controversiales medidas con los presos de alto perfil, el presente sangra de tal modo que no deja margen a la especulación política.
Es hora de que los componentes del Estado antepongan su compromiso y capacidad a toda pretensión ventajera.
martes 29 de septiembre de 2026
Bomberos Zapadores de San Lorenzo confirmaron las dos víctimas fatales. Uno de los heridos tiene el 60 % del cuerpo quemado.
Por Florencia O’Keeffe
