Como habitualmente sucede en este país, detrás de cada tragedia hay algo que se hizo mal por impericia o por corrupción. La desaparición del submarino ARA "San Juan" volvió a poner en escena una muy sospechosa vinculación, que viene de años, entre la Armada Argentina y compañías alemanas proveedoras de equipos y materiales navales o diseños de buques patrulleros. Una de las empresas que aparece en varios casos de corrupción es Ferrostaal, con sede central en la ciudad de Essen, pero también con una oficina comercial en Buenos Aires.
La diputada argentino-alemana Cornelia Schmidt-Liermann, integrante de la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso nacional, tuvo repercusión internacional esta semana cuando admitió que no se descarta que las empresas Ferrostaal y EnerSys-Hawker hayan pagado sobornos a la Armada Argentina para conseguir el contrato de 5,1 millones de euros con el que se proveyó de 964 baterías al submarino que no aparece. Y peor aún, la legisladora dudó de la calidad del material reemplazado en la nave e incluso si provino de Alemania o de otro país europeo.
Para la época de la reparación de media vida del "San Juan", entre 2008 y 2015, en los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), la Armada Argentina también se vio envuelta en una serie de sospechosas relaciones comerciales con la misma empresa, Ferrostaal, que entregó las baterías para el submarino.
A mediados de junio de 2010, tras una serie de notas de este diario, el propio Ministerio de Defensa, a cargo de Nilda Garré, denunció penalmente a ocho argentinos y alemanes por cohecho, tráfico de influencias y soborno transnacional. Los imputados fueron tres marinos argentinos, un asesor letrado del Ministerio, un abogado suizo-argentino, un ex servicio de inteligencia alemán y dos ejecutivos de Ferrostaal, su ex presidente a nivel mundial y su ex representante en el país.
La maniobra ilícita había salido a la luz a raíz de la declaración de un testigo arrepentido de la empresa alemana, de identidad reservada, que para mejorar su situación procesal confesó todos y cada uno de los sobornos pagados en distintas partes del mundo para conseguir contratos de venta de submarinos, buques y materiales navales. Así se supo por los dichos del testigo, cuya declaración original había obtenido La Capital, cómo se gestó en la Argentina y fracasó parcialmente una venta de varias unidades del Patrullero Oceánico Multipropósito (POM) por entre 230 y 250 millones de euros que Ferrostaal, asociada al astillero también germano Fassmer, iba a construir para la Armada.
Un abogado con contactos en la Marina había pedido una "comisión" del 10 por ciento para llevar a cabo esa operación comercial, pero los alemanes desconfiaron porque no aclaraba entre quiénes repartiría el soborno. Le pagaron sólo 140 mil euros en compensación por sus "servicios" y lo sacaron del caso. Finalmente, sí se concretó una venta del diseño de esos buques por 3,5 millones de euros. Para asegurarse ese contrato, los alemanes habrían pagado entre el 6 y el 6,5 por ciento en coimas, unos 218.750 euros en promedio.
En otro caso distinto, unos años antes de que el "San Juan" fuese abierto al medio para su reparación integral, siete altos oficiales de la Armada habían sido imputados por estafa y fraude. ¿El motivo?: favorecer al consorcio industrial Ferrostaal (otra vez en escena) en una licitación de compra de motores para la planta propulsora de la Fragata Libertad. El costo: 1,5 millón de euros. Ferrostaal había cotizado medio millón de euros más que una empresa nacional, pero igual ganó el concurso. Luego, en un trámite veloz, la Armada adjudicó el contrato a la companía alemana y pagó por adelantado. Al Ministerio de Defensa le llamó la atención esa celeridad y cuando reclamó explicaciones e información, la Armada nunca le pudo presentar ni la factura de compra por los motores que le vendió Ferrostaal.
Estos casos no son los únicos de operaciones comerciales dudosas de la Armada para proveerse de material naval y buques. Por ejemplo, unos tres millones de euros, destinados hace varios años para comprar el diseño de cuatro barcos patrulleros bajo licencia del astillero alemán Fassmer, tampoco está muy claro adónde fueron a parar.
En este marco, suena absolutamente verosímil que en la reparación de media vida del "San Juan", en Tandanor, hayan existido maniobras fraudulentas que se repiten una y otra vez porque nunca terminan de aclararse las anteriores. Los causas judiciales contra los funcionarios de la Armada y Ferrostaal pasaron por las manos de varios jueces, entre ellos Norberto Oyarbide, y nunca prosperaron.
Sin embargo, en Alemania, Ferrostaal cambió a su presidente, contrató una consultora para investigar los casos de corrupción por el mundo y tuvo que pagar una multa millonaria que le impuso la Justicia. Al menos por un tiempo daría la sensación de que no repetirá las prácticas corruptas que sus ejecutivos implementaron en todo el planeta.
La Armada Argentina es una institución fundada por grandes marinos como el almirante Guillermo Brown, pero también estuvo integrada por miserables como el represor Alfredo Astiz. Si bien los nombres y las épocas han cambiado, es una fuerza militar de la Nación que en pleno centro de Buenos Aires levantó y ocultó un campo de concentración y muerte. Además, desde sus aviones navales se arrojaron argentinos con vida al mar.
¿Estos y otros antecedentes no son suficientes como para repensar el rol de la Armada en la Argentina del siglo XXI?
