En la columna En Voz Baja de este diario se hizo público días atrás que los concejales Verónica Irizar (socialista) y Martín Rosúa (radical), y el senador Omar Perotti (justicialista) partieron rumbo a Nueva Zelanda para participar de un seminario. Pese a que los tres dirigentes suelen difundir cada paso que dan en las redes sociales, ninguno dio cuenta hasta ayer de este viaje, y menos aún quién lo organiza y paga. Y aquí es cuando aparece la Red de Acción Política (RAP), una fundación argentina financiada por grandes empresas nacionales y multinacionales, y que está integrada actualmente por 163 dirigentes políticos, la mayoría de ellos con responsabilidades institucionales, de los cuales 47 son del PJ, 41 de la UCR, 27 del PRO, 11 del socialismo, 11 de la Coalición Cívica y el resto de partidos provinciales.
La RAP, según reza en sus principios, es "una fundación plural y apartidaria" que "tiene como misión hacer un aporte a la formación de la dirigencia política a partir de un auténtico espíritu republicano". Su consejo asesor está integrado por intelectuales claramente liberales, como Marcos Aguinis, Juan José Llach, Santiago Kovadloff y Adalberto Rodríguez Giavarini (ex canciller de De la Rúa). Esta organización fue fundada en 2002, tiene sede en Buenos Aires y está presidida por Alan Clutterbuck, quien militó en el partido de Patricia Bullrich y es uno de los dueños de la consultora Poliarquía (muy activa a la hora de difundir sus encuestas en tiempos preelectorales).
La RAP, que funciona como una verdadera cofradía, sólo incorpora a sus filas a políticos con un determinado perfil, los apadrina y los relaciona entre sí. Además, hace de puente entre ellos y grandes empresas nacionales, multinacionales e instituciones y gobiernos extranjeros, principalmente Estados Unidos. Una vez que un dirigente es invitado para ser un "político RAP" (categoría utilizada por la propia fundación) y éste acepta, la relación se formaliza con la firma de una "Carta de compromisos recíprocos", una especie de acuerdo de confidencialidad. La fundación asume el compromiso de dar "apoyo" y el político de "defender el espíritu republicano".
La RAP organiza periódicamente para sus integrantes reuniones y seminarios en el país con agenda temática que la propia ONG define, como el "retiro espiritual" del 9 al 11 de noviembre pasado en la estancia San Ceferino (Pilar). Pero también realiza numerosas actividades en el extranjero (en su gran mayoría en EEUU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), con lo cual en los hechos también funciona como una especie de agencia de viajes VIP para los políticos miembros con pasajes, estadías y viáticos totalmente pagos.
Dentro de los 163 dirigentes que integran la cofradía (34 de Santa Fe, la provincia con más miembros en la RAP) no todos cotizan igual a la hora de recibir invitaciones para volar al exterior. Irizar y Rosúa, quienes por estos días disfrutan del viaje por Nueva Zelanda, no integran precisamente el grupo de los más beneficiados por estos tours políticos. Quienes sí aparecen en la lista de pasajeros frecuentes de los últimos años son dirigentes nacionales como
Gabriela Michetti, Margarita Stolbizer, Ernesto Sanz y Juan Manuel Urtubey. Entre los santafesinos con más millajes RAP, están el propio Perotti, Hermes Binner y Ricardo Spinozzi (diputado del PRO). Otros coprovincianos que integran esta cofradía son Miguel Lifschitz, Mónica Fein, José Corral, Alicia Ciciliani, Horacio Ghirardi, Pablo Javkin y Roy López Molina.
Uno de los viajes de RAP que despertó más polémicas en los últimos años fue el realizado entre el 5 y el 10 de junio de 2010, a Washington. Allí llegó un grupo entre los que se encontraban Fein, Michetti y Stolbizer. El periplo incluyó reuniones reservadas en el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional. Personal de la embajada argentina en EEUU quiso participar de estos encuentros, pero no se le permitió asistir.
Pero, ¿quién solventa económicamente las actividades de esta fundación y los viajes de los "políticos RAP"? Entre los donante figuran, Coca Cola, HSBC, Santander Río, Techint, Ledesma, Arcor, IBM, Supervielle, Bagó, BBVA Francés, Celulosa, Telefónica, Alpargatas, Siemens, Vicentín, Banco Ciudad y hasta la polémica compañía
Barrick Gold, que se ha convertido en una contaminadora serial en San Juan con los reiterados derrames de cianuro. En su momento
Elisa Carrió denunció que esa empresa tenía "oscuros acuerdos" con el entonces gobierno kirchnerista. Más allá de eso, por lo que se ve, la firma canadiense intentar hacer lobby con todo el arco político.
