Estado, escuelas y bandas narcos

Días pasados participé de una protesta, con clase pública incluida, organizada por la comunidad de una escuela de Empalme Graneros.

Empalme es un populoso barrio de la ciudad con mucha historia. Se trata de una viaja barriada obrera que -como muchas otras- desde hace décadas entró en el tobogán de la desocupación creciente, la pobreza que se va haciendo miseria y la ausencia de presente y de futuro. Esa es la dura realidad que padecen una parte significativa de sus pobladores, especialmente jóvenes. Esa es la realidad que aprovechan las bandas narcos

Desde hace ya algunos años la crónica policial diaria de Rosario tiene allí una notoria recurrencia. Por mi vínculo con las escuelas recuerdo dos hechos particularmente dramáticos. Allí, en el 2018, mataron a Maite. Maite tenía 5 años, era alumna del Jardín 235, murió mientras dormía en un sillón cuando desde una moto balearon su casa. También de este barrio, y ex alumno de la Primaria 456, era David Moreyra, el joven de 17 años que en el 2014 fue asesinado en Barrio Azcuénaga por una horda de honestos vecinos que lo lincharon porque habría intentado robar una cartera.

En pleno corazón de Empalme, sobre la Avenida Génova, hay toda una manzana que fue donada hace décadas para que se construyeran las escuelas que el barrio necesitaba. Alli fue la protesta con clase pública. Allí funcionan actualmente una escuela primaria, un jardín de infantes y dos escuelas secundarias: una media y una técnica.

Las secundarias comparten el edificio. Año a año aumentan sus estudiantes y hoy suman cerca de un millar. Allí van a buscar algún presente y a intentar construirse un futuro los adolescentes de las familias más humildes del barrio, los que no tienen opción, los que no pueden pagar el colectivo para llegar a otra escuela con más prestigio. Pero el edificio escolar es una vergüenza.

La combinación del vandalismo amparado por la complicidad narco-policial y las malas respuestas de las autoridades ministeriales hacen que este ámbito donde deben formarse un millar de adolescentes por estos días no tenga:

- Agua potable en condiciones (en una parte hasta cortaron los caños)

- Luz eléctrica (por enésima vez robaron los cables)

- Baños habilitados para estudiantes (solo se pueden usar los de los docentes)

- Gas (lo cortaron hace más de un año)

- Aulas en condiciones (una medida tomada años anteriores para evitar los robos fue la tapiar todas las ventanas, así ahora no tienen ninguna ventilación)

- El personal necesario.

La solución propuesta por el Ministerio es que se enseñe en el patio. En el turno mañana son dieciocho cursos que dan clase simultáneamente uno junto al otro. Cumplen una parte acotada de la jornada y después se van porque no se puede garantizar la higiene del lugar. Es todo un como si que a los pibes y las pibas los carga de frustración.

Tamaña injusticia no puede sino llenarnos de bronca, de enojo, de indignación. Allí la escuela pública no iguala; al contrario, fortalece las desigualdades. Eso es lo que tiene el Estado para ofrecerle a estos jóvenes. Y las bandas narco agradecidas porque les facilita el reclutamiento de soldaditos.

No queremos más vandalismo en los edificios escolares de nuestros barrios. No queremos escuelas que ahonden las desigualdades sociales.

Debemos buscar nuevos caminos para acabar con el terrible flagelo de la inseguridad. Cada año ponen más policías y gendarmes en la calle y la situación no hace más que agravarse.

Queremos transitar tranquilos por las calles de cualquier barrio. No queremos otra Maite, otro David.

Necesitamos un Estado que rompa las complicidades con las bandas narcos y de verdad cumpla con garantizar el derecho a la educación -y todos los demás derechos- de nuestros alumnos y alumnas.

Sabemos que se trata de un problema muy complejo que excede largamente el plano educativo, pero seguimos apostando a la escuela pública como una trinchera desde donde intentamos construir otro futuro.