Eugenio Raúl Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema, viene denunciando desde ya hace algunos años la existencia de un plan de exterminio político sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Un armado con base en cabeza empresarial de los principales medios de comunicación, y desde ahí, con derivaciones hacia parte del aparato burocrático de la Justicia federal (Comodoro Py), y desde luego, con anclaje en el sistema político partidario y con restos y fragmentos de Servicios de Inteligencia y Fuerzas de Seguridad que operan en un sentido contrario a las directivas que reciben. Con el objetivo de impedir se plasme en los “sótanos de la democracia (Alberto Fernández)” aquello que la sociedad argentina supo construir en la superficie durante 40 años.
Sin embargo, Zaffaroni aclaró que el plan contra Cristina, que es implacable y que está en marcha, “puede sufrir imponderables, porque una cosa es diseñar un plan y otra que les salga bien”.
El atentado fallido en Juncal 1411 contra CFK en la noche del 1º de septiembre alteró el derrotero contra Cristina. La agresión inconclusa del grupo lumpen juvenil Los Copitos aún no fue aclarada en su totalidad –en cuanto a su financiación y terminales políticas superiores de los perpetradores-, conmovió a la sociedad, incluidos a quienes adversan contra kirchnerismo y nunca lo votaron. Y, como novedad, empezó a reconfigurar las adhesiones en relación al plan de exterminio político de los K, y el costo que podría tener para toda la trama democrática argentina.
Matar a Cristina con una pistola, o proscribirla con un juicio plagado de fábulas y ejemplo paradigmático del lawfare, podría incendiar todo el sistema. Y dejar a la Argentina bajo un manto irrespirable por décadas.
¿A quién le conviene ese escenario de un país distópico? A nadie. Por eso, las derechas antiperonistas y antikirchneristas se empiezan a preguntar con dudas y desconfianza, ¿a dónde nos llevan los medios de comunicación y Comodoro Py con la obsesión de masacrar a CFK para sacarla de ilegalmente del sistema político?
Como sugirió Zaffaroni, el plan de proscripción a CFK podía tener imponderables. Y una cándida golosina infantil de parque, como los copitos de azúcar, lo trajeron.
Punto de corte
Anteayer, en su alegato de defensa por la llamada causa Vialidad, y durante 90 minutos, CFK no dio señales de abatimiento ni hubo en su comunicación ningún rastro que revele su condición de sobreviviente provisional de un atentado fallido. Cristina se mostró íntegra, lúcida y precisa. Y lo más relevante, situó al 1º de septiembre pasado como un punto de corte determinante en la gran película de la democracia recuperada en 1983. “Gatillaron a una pistola a 15 centímetros de mi cabeza, me siento indefensa”, dijo.
“Nadie puede decir que los autores materiales (del atentado) que están detenidos son quienes lo planificaron”, abundó CFK, contribuyendo luego a señalar los evidentes vínculos políticos entre los abogados defensores de los agresores y representantes institucionales del principal partido opositor: al extremo de desempeñarse como asesores de legisladores del PRO en el propio Palacio del Congreso, a metros de las oficinas de la vicepresidenta en el Senado.
El posible “imponderable” del que habló Zaffaroni podría tener una primera expresión en esta convergencia siniestra entre el alegato acusatorio, político, y, con serias deficiencias jurídicas, televisado durante siete días del fiscal Diego Luciani, como antecedente temporal inmediato de la entrada en acción del grupo lumpen juvenil de Los Copitos. El término “lumpen”, abordado por distintos teóricos del marxismo como Federico Engels, refiere a “debajo del proletariado, al margen, sin conciencia de clase, criminales, mendigos, desempleado crónicos, fácilmente manipulables por las élites”, rescató el analista político y de opinión pública Artemio López en su cuenta de Twitter.
La desmesura agresión fallida del grupo lumpen podría operar en sentido contrario al objetivo estratégico político del lawfare contra CFK. Dinamitar el pacto democrático vigente desde el 83 para sacarse de encima a Cristina resuena como aventura de dudosos beneficios, incluso para quienes ven en el peronismo la causa de todos los males de la Argentina.
La lectura política de CFK y el vínculo que construyó entre la persecución judicial por la causa Vialidad y atentado al inicio del mes fue, al cabo, una interpretación esperable de la vicepresidenta. La fluidez, frondosidad y precisión de sus argumentos no dejan de sorprender y la colocan cada día un paso más cerca de un rol decisivo para las elecciones de 2023, cuyo inicio de campaña se prevé para dentro de 40 semanas.
Entre tanto, el Senado, todavía vibrante de adrenalina y a 22 días del atentado en Recoleta, votó el último jueves media sanción por la ampliación de número de miembros de la Corte Suprema, de los actuales cuatro a quince. Cristina no participó de la sesión, que tuvo el rechazo opositor, incluido del propio Mauricio Macri, quien habló “Rodrigazo inminente” para la Argentina y se preguntó, retóricamente, "¿quién puede invertir en el país que cree que puede tener una Corte Suprema más grande que un equipo de fútbol?”.
