Lección a un policía: curso de ética y donaciones por mostrar el video de un crimen

Un agente de la sección homicidios de la ex Policía de Investigaciones (PDI), ahora Agencia de Investigación Criminal, deberá realizar un curso sobre “aspectos éticos de la difusión de la información” y donar 30 mil pesos al hospital de Niños de Santa Fe Doctor Orlando Alassia por viralizar imágenes del homicidio Diego Raúl Castaño, un colega suyo asesinado en 2015 en la plaza principal de San José del Rincón, ciudad costera vecina a la capital de Santa Fe.

La madrugada del lunes 21 de septiembre de 2015 el agente de la Policía de Acción Táctica Diego Raúl Castaño fue asesinado a golpes por un hombre en el centro de la plaza de San José del Rincón. La víctima fue atacada en medio de una reyerta en el que había varias personas, incluso dos policías que nada hicieron para evitar el trágico desenlace, y luego fueron querellados y pasados a disponibilidad.

El incidente se originó cuando la víctima, que tenía 28 años y vestía de civil, discutió con otro hombre por una mujer. En medio de la confusión el agresor aplicó varios golpes de puño al policía, después le quitó el arma reglamentaria y le dio varios culatazos en la cabeza que le causaron la muerte casi en el acto.

Toda la secuencia quedó registrada en las imágenes del sistema de videovigilancia de la comuna de Rincón, una evidencia clave para identificar al homicida. Por eso uno de los policías que trabajó en la investigación del hecho relevó todas las imágenes.

Pero lejos de resguardarla, fue más allá. Con su teléfono celular grabó la secuencia de la pantalla de su computadora y retransmitió el video a varios contactos. La morbosidad del mensaje rápidamente captó la atención de medios de comunicación y ciudadanos que comenzaron a compartirlo por las redes.

Por ese acto de irresponsabilidad el fiscal Ezequiel Hernández abrió un legajo contra el policía J.J.G.. de 35 años, por el delito de violación de secretos, figura que le endilgó en una audiencia imputativa a los pocos días de hecho. En esa instancia el funcionario recordó que “grabó un video en el que se observan las imágenes de la cámara de seguridad que registra la comisión de un hecho ilícito y lo envió a otras personas”.

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El fiscal remarcó que “el policía atentó contra la reserva de la investigación”, aunque valoró que desde un primer momento y durante todo el proceso judicial “él mismo reconoció haber tenido una conducta errónea”. Igualmente en ese momento el agente fue pasado a disponibilidad.

Esta semana se realizó en los Tribunales de Santa Fe “la audiencia de suspensión de juicio a prueba (probation), una salida que acordaron Fiscalía y defensa para cerrar el caso. En esa instancia, el juez Sergio Carraro homologó el acuerdo y dispuso que el acusado realice un curso de capacitación sobre aspectos éticos de la difusión de información.

Pero no es todo. Entre otras reglas de conducta, deberá donar 30 mil pesos al hospital de niños Doctor Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe. “Además de la donación económica, deberá cumplir reglas de conducta durante un año, entre las cuales se incluyen realizar un curso acerca de aspectos éticos de la difusión de información, y la supervisión de su conducta por parte de la dirección provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria”.

Igualmente, según pudo saber La Capital, a la Fiscalía le está constando encontrar un ámbito académico para que el policía pueda realizar el curso, ya que ni Facultad de Comunicación Social de Santa Fe ni la Escuela de Policía de la provincia abordan los aspectos puntuales que se desprenden de la resolución judicial.

En relación al homicidio del policía Castaño, en septiembre de 2018 fue condenado a 20 años de cárcel Santiago Horacio Monsonís como el autor material. En este caso el hombre fue atrapado y reconocido por los testigos, pero otra podría haber sido la suerte de la investigación si decía profugarse por la difusión del video.

La teconología y los policías

Con el sólo fin de mostrar aspectos sangrientos o morbosos, no es la primera vez que se hacen públicos videos, fotos de víctimas, balaceras u objetos que deben ser reservados en una investigación. “Si se difunden las imágenes de personas sospechadas de un ilícito, cuando son detenidos y sometidos a una ronda de reconocimiento con sus víctimas, los defensores las cuestionan porque entienden que ya se los identificó previamente“, coinciden investigadores consultados por este diario.

Lo mismo pasa con otros objetos, como autos, motos, armas de fuego, cascos, o cualquier elemento que sirva de interés para encaminar una pesquisa. “Hay policías jóvenes que están muy compenetrados con la tecnología. Tal vez pasan un video o foto a un compañero sin otra intención, pero luego eso se torna incontrolable. Hay que ser cuidados porque no sólo se empantanan las investigaciones, sino que los defensores de los implicados generan estrategias para sembrar dudas sobre las evidencias”, agregaron las mismas fuentes.