Foto: Marcelo Bustamante / La Capital
El corte en la autopista a Santa Fe del pasado fin de semana se mantuvo por espacio de 16 horas.
La Dirección Provincial de Vialidad presentó este martes ante Fiscalía una denuncia por el corte de tránsito realizado entre las últimas horas del viernes y el mediodía del sábado sobre la autopista Rosario-Santa Fe, del que participaron taxistas, vecinos y hasta el propio intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, en reclamo de mayor seguridad tras el feroz ataque a balazos del que fue víctima una mujer de 34 años.
La noche del viernes, Brenda Giles fue abordada por delincuentes que, cuando se detuvo en un semáforo en rojo, le dispararon para robarle el auto. Sufrió una herida en el rostro que obligó a su traslado de urgencia al Hospital Eva Perón, donde quedó internada en cuidados intensivos.
El incidente, registrado en la esquina de en Bolivia y Falucho, causó gran conmoción entre los vecinos del cordón industrial que sufre una ola de inseguridad y violencia. De inmediato, integrantes de la Asociación de Taxis de San Lorenzo realizaron un piquete a la altura de la estación de peaje ubicada en el kilómetro 22 de la traza vial que comunica a Rosario con la capital provincial.
Al corte de tránsito, que se organizó en reclamo de seguridad y que estuvo activo hasta pasado el mediodía del sábado, se sumó el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, quien criticó con dureza al gobierno provincial por no dar respuesta a los reclamos que se hacen por los reiterados casos de violencia que se dan en la provincia de Santa Fe y en especial en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo.
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Hoy, en la denuncia presentada en el MPA se señala que "el pasado 4 de agosto aproximadamente a las 22 horas un grupo de manifestantes no identificados, pero que serían vecinos autoconvocados en conjunto con un grupo de taxis o remises de la ciudad de San Lorenzo, ocuparon la calzada de la Autopista sobre la estación de peaje impidiendo absolutamente la circulación del tránsito y el respectivo cobro del peaje".
También se remarcó que, junto al grupo de manifestantes, "se pudo individualizar al intendente de la ciudad, Leonardo Raimundo. La situación se vio prolongada hasta las 14 horas del 5 de agosto (total 16 horas) durante el cual el tránsito debió ser desviado desde el kilómetro 19 y hacia la ruta nacional 11".
El sábado después del mediodía se hizo presente en el corte el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, junto a los secretarios de Seguridad, Marcos Romero, y de Justicia, Eduardo Massot. Las autoridades provinciales, luego de dialogar con los vecinos, taxistas y el intendente, acordaron levantar la medida.
Ante esto, el ministro Corach afirmó: “La idea es que la Justicia pueda investigar si se configuró o no un delito a la hora de interrumpir la circulación de la autopista. Más allá de la afectación económica, lo que significa en términos de seguridad haber interrumpido el libre tránsito de la traza”.
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En la denuncia se agrega que además de privar la libre circulación y la ocupación ilegitima de un espacio público, y de perjudicar al erario público -no se pudo brindar el correspondiente servicio al usuario y se vio impedida de percibir con normalidad el correspondiente peaje-, el hecho puso en peligro "de forma concreta y cierta la seguridad y regular la circulación vial, ya que motivó un gran congestionamiento y la necesidad de realizar operativos y maniobras para eludir el corte de sumo riesgo".
En la misma línea, el funcionario remarcó que “no es el único lugar en la provincia donde tienen una situación de inseguridad. Los mecanismos institucionales están; nosotros tenemos un gobernador, un ministro de Seguridad y un gobierno que está presente más allá de si uno tiene o no satisfacción con la respuesta que se han dado. No vamos a ser víctimas de extorsión porque los intendentes y presidentes comunales hablan con nosotros”.
“Y el hecho de haber pedido 100 efectivos y 25 móviles policiales como si estuviese en la góndola de un supermercado, no funciona de esa manera. La disposición y el despliegue que ordenó el ministro (de Seguridad) para el departamento significa una reubicación de todos los efectivos de la zona. El intendente quería hacerse cargo de la disposición de los efectivos, de los móviles, y de todo el despliegue dando ordenes a la policía. Por eso remarco que nosotros hablamos con los intendentes y tratamos de darles soluciones”, agregó Corach.
“Me pareció que el intendente estaba más preocupado por una cuestión política que por el hecho y la salud de la víctima. Definitivamente, no estamos de acuerdo con ese camino, por eso procedimos a realizar la denuncia ante la justica para que actúe”, concluyó.
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Por María Laura Cicerchia