Para el intendente, la sentencia es “un mensaje muy claro hacia las bandas narcocriminales” y ratifica que “se terminaron los privilegios”
Chiarella vinculó el fallo con las decisiones adoptadas por el Gobierno de Santa Fe y la iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro de instalar inhibidores de señal en las cárceles provinciales y reforzar los controles en pabellones de alto perfil.
El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, valoró la condena dictada por la Justicia Federal contra la organización narcocriminal encabezada por el venadense Mauro Nahuel Novelino, quien recibió una condena única de 35 años de prisión como resultado de la acumulación de causas previas. En el mismo proceso fueron sentenciados otros 22 integrantes de la red que operaba en el sur santafesino.
Para Chiarella, la decisión judicial representa “un mensaje muy claro hacia las bandas narcocriminales” y ratifica que “se terminaron los privilegios adentro de la cárcel”. El mandatario recordó que en reiteradas oportunidades denunció a Novelino y a otros narcos venadenses, incluso en medio de amenazas en su contra que buscaban frenar los traslados de presos de alto perfil.
En este sentido, el intendente remarcó que la condena no solo responde a los delitos comprobados, sino que marca un precedente sobre el rol de las cárceles en la planificación del crimen organizado. “No vamos a permitir que los delincuentes tengan estos privilegios. Quienes delinquen tienen que estar bien presos”, subrayó.
Asimismo, celebró el pronunciamiento del tribunal y lo interpretó como un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: “Este es un mensaje muy claro que se da desde la Justicia y desde nuestro lugar como representantes y como gobierno, de que se termina el home office desde la cárcel”.
En esta línea, valoró el trabajo de quienes iniciaron la investigación de la causa. Recordó que la instrucción estuvo a cargo del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, mientras que la investigación fue impulsada por el fiscal general Javier Arzubi Calvo, en ese momento titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto. La acusación en juicio fue sostenida por el fiscal general Federico Reynares Solari.
Asimismo, vinculó el fallo con las decisiones adoptadas por el Gobierno de Santa Fe y la iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro de instalar inhibidores de señal en las cárceles provinciales y reforzar los controles en pabellones de alto perfil.
“Todas estas medidas son el resultado de una decisión política que apunta a que los presos no tengan más privilegios para organizar el delito desde la cárcel. Le vamos a seguir pegando donde más le duele”, concluyó Chiarella.
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