En pos de avanzar por la desmanicomialización y con un proyecto coherente en marcha después de décadas, los profesionales de la salud de la Colonia Oliveros le exigieron a los magistrados de la provincia fijar criterios claros a la hora de ordenar la internación de personas en conflicto con la ley penal para evitar situaciones complejas dentro de la institución. Afirman que de los 35 alojados en esa situación, permanecen con custodia y unos 20 no cuentan con criterios clínicos para su ingreso y así terminan transformando la fisonomía del lugar que pretenden reformar en una penitenciaría. Dentro de una serie de reivindicaciones, también reclamaron los salarios adeudados de los profesionales que realizan reemplazos y el cambio de agrupamiento de los abogados y talleristas que trabajan en el neuropsiquiátrico.
"Esta situación hace que en una de las salas hay más agentes del servicio penitenciario que enfermeros, situación que vulnera todas las expectativas de poder trabajar con usuarios y usuarias en relación con la salud mental", puntualizó en diálogo con La Capital, Esteban Fridman, psicólogo de la Colonia de Oliveros y miembro de la comisión interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que este jueves se reunió en el Nodo Rosario con el director de Tercer Nivel del Ministerio de Salud provincial, Rodrigo Mediavilla para plantear esta serie de reclamos.
Fridman precisó que de unas 35 personas en conflicto con la ley penal, una veintena no debería estar en ese lugar por no contar con un criterio en materia de salud mental que avale la internación. "Sucede que se genera como una especie de detención preventiva y en ese lapso, hasta que se define su situación procesal, ocurren situaciones complejas que podrían evitarse. Entonces llegamos a un punto que en una sala hay más agentes penitenciarios que enfermeros", reclamó.
Respecto a esta cuestión en relación con los internos en conflicto con la ley penal, el profesional comentó que "hay un tono gris en torno a los delitos que se cometieron a la hora de definir si esa persona es inimputable o no y hasta que definen su situación procesal pasa un tiempo considerable, a sabiendas de que se trata de un lugar de puertas abiertas, razón por la cual hay que solicitar permanentemente permisos a la Justicia para establecer estos mecanismos que con otros pacientes no sucede".
Es por esta razón puntualmente que este jueves por la mañana se reunieron con Mediavilla en la sede de la cartera sanitaria provincial para plantearle este reclamo y otros, entre los cuales se encuentra la situación irregular en el cobro de unos 100 reemplazos, quienes suelen cobrar su salario con varios meses de atraso.
Esto vino a colación a raíz de los avances llevados a cabo por la Dirección de Salud Mental y las autoridades de la colonia para aplicar herramientas capaces de cambiar viejos paradigmas de manicomialización en pos de la puesta en marcha de la ley de Salud Mental. "Es por eso que necesitamos que los jueces establezcan claros criterios de salud para resolver estos criterios, más allá de que reconocemos que hubo reuniones entre diferentes ministerios e intentar llegar a buen puerto".
"Después de una década, hoy tenemos un plan provincial y un proyecto institucional y nada mejor que avanzar en ese sentido", destacó Fridman, quien se opone al clima carcelario que comenzó a generars desde 2014 a la actualidad y que va a contramano de lo que plantean poner en práctica en esa institución. Y aseguró que "genera innumerables situaciones para quienes realmente necesitan cuidados en materia de salud mental respecto a los otros, lo que no significa que quienes necesitan asistencia en salud mental en algunos casos también padezcan conflicto con la ley".
Además, también reclamaron el encuadramiento de abogados y abogadas bajo la ley Nº 9282 para que a esos profesionales se los incluya como trabajadores en el ámbito de la salud mental. "No se les reconoce el servicio hospitalario y la tarea clínica que llevan a cabo y terminan agrupados en servicios generales", apuntó.
