La empresa Caminos del Río Uruguay informó que a partir del 8 de abril, Nación deberá hacerse cargo de los corredores y resolver el destino de los trabajadores
Puente Rosario-Victoria. La concesión del peaje concluyó el 8 de abril pasado y este miércoles se realiza una nueva licitación.
El gobierno nacional avanza con el proyecto de privatización de rutas de todo el país y el puente Rosario-Victoria es uno de los primeros corredores a renovar. En este caso no será una privatización, sino una readjudicación a través de la nueva licitación que dejará afuera a la actual concesionaria Caminos del Río Uruguay SA (CRUSA).
La empresa informó que "ante la negativa de las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad a dar soluciones, la empresa se ve en la obligación de que a partir del próximo 8 de abril el gobierno nacional deberá ocuparse de la operación integral del corredor lo que abarca la autopista del Mercosur, la ruta 174 (conexión Rosario-Victoria) y las otras rutas que actualmente se encuentran a cargo de CRUSA".
Además, insistieron con que la Nación deberá resolver cuál será el destino de los trabajadores. "Advertimos que el Estado Nacional no cuenta actualmente con la capacidad operativa ni recursos económicos para asumir la gestión del corredor. Llama la atención que no haya considerado otras alternativas que sean menos nocivas para los usuarios y los trabajadores de Caminos del Río Uruguay, empresa que opera el servicio", cuestionaron.
En ese sentido, agregaron que la decisión de no acordar una prórroga de la concesión "con tarifas lógicas, para garantizar los servicios básicos que CRUSA ofrece a los usuarios" lleva a que las rutas queden desatendidas en un escenario, que calificaron de grave de insólito. "Podría traer consigo consecuencias dañosas y responsabilidades. Por ejemplo, CRUSA se ocupa hoy de que la traza esté cubierta por servicios de ambulancias y unidades de auxilio mecánico, que intervienen en caso de accidentes o desperfectos de los vehículos. Este punto de seguridad es importante, dada la gran extensión del trazado de casi 700 kilómetros", ejemplificaron.
Lo cierto es que actualmente CRUSA opera frente a situaciones de emergencia que se presentan en el corredor y además cuenta con maquinaria pesada para retirar camiones u obstrucciones en la calzada cuándo las mismas afectan al tránsito, evitando el colapso del sistema de rutas. Nada de esto estará disponible a partir del 8 de abril.
Por último, reiteraron que todo este proceso "deja en vilo a más de 500 trabajadores y sus familias". "Se pierde empleo por las decisiones de quien genera el problema y al mismo tiempo pretende desentenderse de él. Es hora de que el gobierno recapacite", concluye el escrito difundido por la empresa.
La decisión del presidente Javier Milei es el primer paso formal hacia el primer cambio de administración de la conexión con Entre Ríos desde su inauguración. Según fuentes oficiales, Argentina se encuentra en "condiciones económicas óptimas" para generar nuevas inversiones en la operación de las cabinas de peajes y el mantenimiento de caminos.
"El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público", remarcaron desde la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). A continuación argumentaron que el esquema actual es deficitario y no ofrece beneficios reales para los usuarios.
El decreto firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece un plazo de 12 meses para la licitación del puente Rosario-Victoria. El plan apunta a elegir a los nuevos administradores antes del inicio de 2026.
El mantenimiento y el cobro de peajes en la Ruta Nacional 174 se encuentra hasta el 8 de abril en manos de Caminos del Río Uruguay SA. La misma empresa opera en el resto del corredor vial 18, pero ahora se abre el juego para que otras empresas tomen el control de las principales conexiones viales de Entre Ríos y Corrientes.
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El gobierno dispuso un llamado a licitación pública nacional e internacional que incluye el puente Zárate-Brazo Largo, así como los accesos a los pasos fronterizos de Paysandú y Uruguayana. En todos los casos se habilitan "nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales" en la prestación de los servicios.
Voceros de Vialidad Nacional señalaron que la apertura al capital privado apunta a reducir los gastos del Tesoro nacional. Según el cálculo de las autoridades, los subsidios a las concesionarias de rutas requieren un desembolso de 6.100 millones de dólares con una proyección entre 15 y 20 años.
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