Marcelo Cortés tiene 62 años, trabaja desde hace más de 40 en la Municipalidad de Villa Constitución y es secretario general de la CTA Autónoma en esa ciudad. De niño sufrió poliomielitis, que le generó una discapacidad progresiva, al punto de que hoy se desplaza en silla de ruedas. Se desempeña en el obrador de la ciudad, donde no le garantizaron un adecuado desplazamiento en su oficina. Pese a que la Justicia le dio la razón y obligó al municipio a realizar las obras necesarias para que pueda trabajar, a cinco años de comenzar su reclamo todavía no ha tenido respuesta. El martes de la semana pasada estuvo en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), y seguirá reclamando en distintas oficinas. Quiere volver a trabajar y a ejercer como delegado gremial, que para eso fue electo.
Cortés trabaja en la Municipalidad desde 1980. Lo hace actualmente en el obrador, en la oficina donde el personal registra su ingreso y salida y donde se tramitan las distintas licencias. Desempeña sus funciones en un edificio con puertas de 65 centímetros de ancho, donde no se ingresa con una silla de ruedas.
Sufrió poliomielitis cuando tenía un año de edad. La enfermedad le dejó como secuela el acortamiento de la pierna izquierda y del brazo derecho, que no le impidieron durante años moverse, y mucho menos trabajar. Pero con el tiempo se le declaró lo que se conoce como síndrome pos polio, es decir, la enfermedad siguió actuando sobre su cuerpo aunque ya no fuera contagiosa. Sus músculos se fueron debilitando, hasta que en 2018, después de movilizarse con bastón terminó en una silla de ruedas.
"Empecé a plantear que no podía desplazarme correctamente con la silla por los lugares que tenía asignados. Mis compañeros me ayudaron primero con medidas alternativas, por fuerza de voluntad; pero me cansé, porque era denigrante _recuerda_. Empecé a reclamar, primero en forma verbal, después por escrito. En 2018 me dijeron que fuera a mi casa y que me iban a hacer la obra. En septiembre de ese año, la secretaria de Ordenamiento Territorial, Paola Bagnera (la funcionaria ya no ejerce más funciones en el municipio), me mostró los planos y la obra de remodelación del lugar para que yo me pudiera desplazar y marcar mi tarjeta, yo no podía llegar al reloj. Me dijo que la obra comenzaría en septiembre de 2018, que iba a durar 20 días", cuenta Cortés a La Capital.
Pero los trabajos no se hicieron. Pasaron los meses y el empleado seguía de licencia. Llegó la pandemia y continuó en su casa por ser paciente de riesgo. Pero la situación epidemiológica cambió, Marcelo Cortés está en condiciones de volver a su puesto de trabajo y todo sigue igual. Está con licencia desde 2018.
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Marcelo Cortés está esperando desde 2018 una solución para su problema de movilidad.
Su reclamo es personal, pero lo trasciende. "El Estado no cumple con una persona con discapacidad que trabaja y quiere seguir trabajando. Yo no quiero retirarme de mi trabajo entre gallos y medianoche, quiero volver y jubilarme dignamente. Y quiero también condiciones dignas para todas las personas que están en esta situación", sentencia.
Lo que necesita el empleado no es una gran obra. Se trata de alisar el piso de ingreso, transformar un escalón en rampa, y cambiar dos puertas (de ingreso a la oficina y del baño) por otras que permitan el ingreso de una silla especial.
Fallo favorable
El 16 de septiembre de 2022, el juez Carlos Pellejero hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el empleado y ordenó a la Municipalidad ejecutar las obras requeridas. En defensa de su posición, el municipio afirmó que debido a la situación de pandemia, Cortés se encontraba relevado de prestar tareas efectivas dentro de la repartición por ser “personal de riesgo” conforme la categorización efectuada por la normativa de emergencia sanitaria, por lo que no existía omisión de autoridad pública que restrinja sus derechos. Las autoridades sostuvieron que cuentan con una rampa de acceso en la entrada principal y baños para discapacitados, habiendo adecuado las oficinas a las necesidades de los agentes con capacidades diferentes. Y expresaron que si no se avanzó con más obras fue por la pandemia y que hubo que reasignar partidas presupuestarias para atender otras obras urgentes, "sumado al hecho que el actor se encontraba gozando de licencia, lo que le quitaba premura a su pretensión".
La Justicia entendió que en la misma respuesta del municipio estaba implícito el reconocimiento de que no se habían hecho en tiempo y forma las obras pedidas por Cortés.
Pese a todo, la obra no se hizo. El empleado hizo el 25 de abril una denuncia ante el Inadi, a cuyas oficinas en Buenos Aires se trasladó. El dirigente fue acompañado en la presentación por la Secretaria General de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe, Claudia Baigorria; la Directora de Derechos de los Pueblos de ATE Nacional, María José Cano; y Nancy Alarcón, Secretaria de Discapacidad de ATE provincia de Buenos Aires.
Ahora, quiere dirigirse a Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, a quien el 26 de abril también envió una carta.
Cortés viene trabajando desde su actividad gremial por los derechos de las personas con discapacidades. Ha hecho y acompañado reclamos en el Concejo Municipal y en el mismo municipio. Ahora le toca jugar su batalla, sabiendo que desde lo individual también está haciendo un reclamo que es colectivo.
