Con una inversión de casi 1.400 millones de pesos se construirá en Casilda un nuevo edificio de Justicia para lo cual se presentaron nueve ofertas.
Por Gustavo Orellano
Con una inversión de casi 1.400 millones de pesos se construirá en Casilda un nuevo edificio de Justicia para lo cual se presentaron nueve ofertas.
La obra tendrá un plazo de ejecución de 730 días y una vez culminada posibilitará centralizar a todos los juzgados y otras dependencias establecidos en la ciudad cabecera del departamento Caseros y que actualmente funcionan en inmuebles alquilados.
El emprendimiento permitirá satisfacer un anhelo por el que se viene bregando desde hace largos años aunque no es menos cierto que el espacio elegido para llevarlo adelante es resistido por un sector de la comunidad.
Más de 3.500 firmas de vecinos ya fueron recolectadas para oponerse a que la obra se haga, como está previsto, en un sector del Parque Sarmiento ante el impacto ambiental que podría generar. Y al mismo tiempo piden que se revea el lugar, lo que generó una fuerte polémica en la ciudad que aún sigue latente.
Incluso el tema llegó a la Legislatura provincial de la mano del diputado Leandro Busatto por medio de un pedido para que tanto el Ejecutivo provincial como el Poder Judicial santafesino informen al respecto con el fin de conocer detalles y especialmente si hicieron los estudios de impacto ambiental correspondientes.
El acto de apertura de ofertas económicas se llevó adelante este martes en el salón de actos del Palacio de Tribunales de la ciudad de Santa Fe con la presencia del gobernador Omar Perotti. En ese marco, el mandatario provincial y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, además firmaron convenios de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Judicial que permitirán la agilización de trámites con la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110 y con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Tras el encuentro, el gobernador sostuvo que la construcción del futuro edificio para los tribunales de Casilda se enmarca en "un fuerte proceso que lleva adelante la Corte para ir mejorando la infraestructura de cada uno de los edificios, generando las mejores condiciones para el acceso a la Justicia y el desenvolvimiento de la actividad profesional".
Y agregó: "Sin duda que es una obra muy esperada, 15 años esperándola. Hemos tenido la posibilidad de ir trabajando juntos con la Corte en la finalización del edificio de Reconquista, en lo que próximamente será Cañada de Gómez, ahora en Casilda y en un avance para tener un predio en Rafaela”.
A su turno, Gutiérrez destacó "la importancia que este tipo de emprendimientos trae aparejado y que se repite en los últimos diseños arquitectónicos de los edificios judiciales, donde se plasma una vinculación superadora de este Poder Judicial para con la sociedad, no solo desde el aspecto cultural, sino institucional", y agradeció al gobernador por "el acompañamiento brindado, el cual, seguramente, se replicará en los ambiciosos proyectos de este alto cuerpo”, dijo.
Las empresas que presentaron oferentes para llevar adelante la obra, cuyo presupuesto oficial es de 1.374.237.575 pesos, son Dynale, que cotizó 1.747.300.000 pesos; Dyscon SA (2.150.686.052,57 pesos); Bordo Arquitectura SRL (1.657.225.831,23 pesos); Coirini S.A (1.685.017.679,56 pesos); la UT Adobe Construcciones S.R.L - Planarco SRL (2.169.982.321,80 pesos); la UT Edeca S.A. - Ingeniero Pedro Minervino SA (1.754.443.853,44 pesos); De Paoli & Trosce Construcciones (2.092.296.357,43 pesos); la UT Pecam SA – Mundo Construcciones SA (1.860.688.944,61 pesos); y la UT Cocyar SA - Capitel SA (1.980.503.484,09 pesos).
Sobre las características de la obra, la provincia detalló que el edificio contará con una superficie cubierta total de 5.504,39m2, distribuidos en 5 niveles, y una superficie semicubierta de 114,14m2. Todo el proyecto se desarrolló sobre un lote de 3.650 m2, emplazado entre las calles Ovidio Lagos, La Rioja, San Luis y Casado.
Esta obra permitirá una mejor distribución y ocupación de los espacios con respecto al Palacio de Justicia existente. De esta manera se podrán unificar las distintas dependencias judiciales dispersas en la ciudad, incluyendo al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), a quienes se les asignará los espacios correspondientes.
También contará con estacionamiento propio en el subsuelo, alcaidía, sala de efectos, cámara Gesell, salón de usos múltiples, salas de audiencias orales y dos salas de audiencia IPP (Investigación Penal Preparatoria), entre las funciones específicas más importantes.
Además, tendrá un sistema de control unificado de la infraestructura consistente en un sistema de vídeo vigilancia, sistema de alerta y extinción de incendio, un grupo generador de energía eléctrica interrumpida, y sistema de acondicionamiento de aire central.
Asimismo, las instalaciones contarán con monitoreo central; alarma para detección de incendios con monitoreo propio y remoto; cableados estructurados para redes informáticas y telefónicas independientes e intercambiables; central de datos informáticos; central telefónica; ascensores de uso público general, de uso restringido para traslado de detenidos, y de uso privado para desplazamiento de magistrados y funcionarios; baños públicos y especialmente adaptados en todas las plantas, y privados en oficinas; sistemas integrados de control de acceso y registración de última generación; doble servicio de instalaciones eléctricas, por prestadora y grupo electrógeno; cochera para vehículos oficiales y/o traslado de detenidos; e instalaciones de alcaidía.
De la actividad también participaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Roberto Falistocco, Mario Luis Netri, María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta; el procurador General, Jorge Barraguirre; la defensora provincial de Servicio Público, Jaquelina Ana Balangione; el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini; la ministra de Gobierno de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Celia Arena; el senador por el departamento Caseros Eduardo Rosconi; y el secretario de Justicia, Héctor Somaglia, entre otras autoridades.