Trece empleadas del único geriátrico que tiene Salto Grande se enteraron que no trabajaban más en la institución por la jefa comunal, Virna Perticarari. La mandataria ingresó con dos abogados y le comunicó la desvinculación a dos que estaban de guardia. También dijo que los despidos eran extensible a todas sus compañeras.
Este jueves, varias de las trabajadoras fueron al Ministerio de Trabajo y luego se manifestaron frente al edificio comunal donde protestaron con cacerolazos y quema de neumáticos. Piden que se les pague la indemnización que les corresponde.
Mónica Bernardi lleva 15 años trabajando como enfermera en “El Hogar de los Abuelos” que funciona en un edificio comunal y era manejado por una entidad sin fines de lucro denominada Asociación Pro Ayuda Hogar de Ancianos. En diálogo con La Capital contó que se enteraron “que la comisión de la asociación no quiso seguir a cargo y que llamó a asamblea pero no se presentó nadie”.
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Las trabajadoras quieren que se las indemnice como "corresponde".
Luego hubo una licitación para concesionar el geriátrico. “Los sobres supuestamente se abrían el 21 de diciembre pero no nos enteramos que pasó”, detalló la enfermera y relató que el 1 de febrero entró a su guardia a las 14 horas. Media hora después se presentó la presidenta comunal con dos abogados, el presidente de la comisión y una encargada.
“También estaba trabajando una mucama, nos llamaron a ambas y nos comunicaron que se había disuelto la asociación y que desde ese momento quedábamos sin trabajo. Salí para llamar a mis compañeras y comunicarles lo que estaba pasando, pero no pensaba retirarme del lugar porque no había recibido ningún telegrama de despido”.
“Cuando quise volver a entrar, la presidenta comunal y el abogado me hacen retroceder y cierran con llave. Con mi compañera dimos la vuelta y vimos que por el frente del geriátrico entraba el nuevo director y las nuevas empleadas. Sólo sabemos que ese hombre es de Cañada de Gómez y tenemos entendido que se le fue concesionado para que lo maneje de forma particular”, sumó Bernardi.
La enfermera dijo que de las 13 empleadas estaban anotadas cinco; dos enfermeras, dos mucamas y la administrativa; “el resto trabajaban en negro y la nutricionista facturaba como monotributista”. Los sueldos los pagaba la comisión con el dinero de la cuota de los internados que en estos momentos son 15 adultos mayores. El último mes que les abonaron fue diciembre.
Bernardi remarcó que lo poco que se enteraban era por comentarios en el pueblo. “Nunca nos convocaron a una reunión para plantearnos lo que estaba pasando. A la media hora que nos echaron nos llamaron para hacer un arreglo. En mi caso, con 15 años de trabajo, me querían dar solo 500 mil pesos pero yo no pienso regalar mi trabajo”.
Entre las despedidas hay enfermeras, mucamas y cocineras. “Dos compañeras están intentando volver al geriátrico y el resto pedimos que nos paguen lo que nos corresponde. Este jueves fuimos al Ministerio de Trabajo que la semana entrante va a citar a los responsables de la asociación para que confirmen si nos van a pagar lo que corresponde y si dicen que no, empezaremos con los juicios”, remató Bernardi.