"Le echaron la culpa al único muerto del proceso", dijo ayer el diputado socialista del FPV, Héctor Cavallero, en relación al informe del Tribunal de Cuentas que sanciona por el fracaso de la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe a un ente de control que está, en los hechos, desmantelado y depende del ministro que era la autoridad máxima después del gobernador que debía asegurar que se cumplieran los términos contractuales acordados y fue quien decidió la rescisión del contrato por el que la concesionaria no tuvo sanción ninguna. "Según las cifras del propio gobierno esto es una estafa de mil millones de pesos, dado que al concesionario no le cobraron nada", denunció el diputado Roberto Mirabella del mismo bloque del FPV que en julio del año pasado luego de una reunión del ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, con la comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados, pidiera al Ejecutivo la rescisión inmediata de la concesión y "la ejecución del fondo de garantías".
También se opusieron a la propuesta del gobierno provincial de iniciar un proceso de negociación de "rescisión acordada", como la que finalmente se resolviera el 26 de noviembre pasado, entre el ministro y la unión transitoria de empresas (UTE) de construcción, integrada por las firmas Milicic SA, Obring SA, Vial Agro SA, Laromet SA, Rovial SA y la también UTE Pecam SA que se hecho cargo del corredor el 31 de diciembre de 2010 hasta el mismo día de 2020. Al momento de la rescisión en la UTE sólo quedaban Laromet y Rovial.
La oposición endilgó entonces a la mencionada UTE "el incumplimiento de la concesión que quedó de manifiesto con la desastrosa situación actual de la autopista y la repavimentación sólo del 30 por ciento de la autopista".
El informe del Tribunal de Cuentas, que trascendió a la prensa capitalina en las últimas horas, causó sorpresa en la oposición legislativa que aunque no se pronunció aún oficialmente (están estudiando el texto que al parecer sólo llegó a los presidentes de los cuerpos pero no a los bloques) y se declara "indignada" por lo que considera "una bomba de humo" para tapar el fracaso y el hecho de que ahora la provincia deba desembolsar los fondos que debieron poner los empresarios privados. Al menos ese es el resumen de las consultas que ayer hizo LaCapital en otros tres bloques diferentes. Prometen una sonora conferencia de prensa para la semana que viene.
La actual administración socialista se convirtió en la segunda en anunciar la misma obra: el tercer carril y la refuncionalización integral de la autopista de Santa Fe que no hiciera Aufe, la primera concesionaria privada, ni Arssa, la última pese a que ésta —dicho de modo sintético— se les autorizó subas de peajes y extensión de plazos para hacer la obra. El asfalto reparado no llegó ni a los 80 kilómetros y aún así el gobierno pactó rescindir el vínculo contractual como si acá no ha pasado nada. Pero el escándalo legislativo que viene creciendo, y en este año electoral va a explotar, llevó al Tribunal de Cuentas a sancionar a un entre de control que en los hechos no existe y comunicarle esas sanciones al ministro de Infraestructura y Transporte, de quien —justamente— debería depender el desmantelado ente de control.
Durísimo informe
Los miembros del Tribunal, sin ninguna disidencia, firmaron el lunes pasado la resolución número 24 inculpando al órgano de contralor de los incumplimientos de Arssa y le solicitó al Ministerio involucrado que "instruya un juicio de responsabilidad" al Organo de Control, lo cual hizo sonar las alarmas en los gremios de empleados públicos, que extraoficialmente avisaron que no permitirán que "se cargue en las espaldas de empleados a los que no les habían dado ni los mínimos elementos para cumplir la tarea".
Cortina de humo
Paralelamente, al igual que los diputados que opinan que la cuestión es una cortina de humo, de un gremio estatal ironizaron: "No creemos que arriesguen los avances que se puedan lograr en la paritaria por esto, porque una paritaria discute además de salario la situación de los empleados".
El Tribunal respaldó su decisión en la función de auditoría permanente que se preservó en su ámbito desde el informe y consideró que el Organo de Control no llevó a cabo su misión de asegurar el cumplimiento de la concesión en los términos en que la concesionaria por lo que aconseja los sumarios para dilucidar la posible existencia de perjuicio económico tanto como el alcance de éste y los responsables directos.
Sorprende el informe —y por eso los legisladores les restan seriedad: "Es un bleff", dijo uno de ellos— porque si se determina que hubo responsabilidad de un organismo estatal, el responsable último es siempre la provincia ya que los organismos no son ajenos; son parte, y si un órgano no funcionaba, el responsable de su falta de funcionamiento es el ministro del área. A menos que, a sabiendas, el Tribunal hubiere buscado esa conclusión que se desprendería por propio peso.
