El religioso Juan Aveiro ayer fue imputado de los delitos de "tenencia" y "ofrecimiento y facilitación" de "material pornográfico infantil", los cuales se suman a los cargos de abuso sexual agravado en perjuicio de tres personas discapacitadas alojadas en el Cottolengo Don Orione de la localidad de General Lagos. El Hermano Juan, como era conocido en la comunidad religiosa, permanece detenido en el penal de Piñero a la espera de que se efectivice la decisión de la Cámara Penal de que cumpla la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria.
El juez Román Lanzón presidió la audiencia imputativa realizada ayer y resolvió formalizar la nueva acusación formulada por la fiscal Nora Marull. Aveiro está imputado de "abuso sexual simple, agravado por ser persona encargada de la guarda" y "abuso sexual gravemente ultrajante" en perjuicio de tres víctimas mayores de edad con discapacidad por distintos grados de retraso madurativo.
La fiscal indicó a LaCapital que la nueva imputación "surge a partir de pericias del teléfono de Aveiro en donde se encontraron una cantidad de videos pornográficos en los cuales se pueden observar personas menores de edad, pero además le achacarán la divulgación de estos videos ya que así lo aseguró una de las víctimas en su declaración en Cámara Gessel: "El me mandaba videos chanchos que me daban asco", dijo uno de los jóvenes discapacitados abusado.
Los hechos ocurrieron entre 2010 y este año en la institución de General Lagos donde Aveiro, un laico consagrado, se desempeñaba como catequista. Los aberrantes hechos surgieron a la luz por el relato de las víctimas a su entorno más cercano y fueron denunciados a la Justicia por las autoridades de la institución en el mes de junio pasado.
Hace diez días, el camarista Javier Beltramone analizó las dos primeras imputaciones que se le hicieron a Aveiro y ordenó que la prisión preventiva se morigere y la cumpla de modo domiciliario. Ayer, la fiscal solicitó que se le imponga la prisión efectiva por este nuevo delito que se le achaca, pero el juez Lanzón consideró que por ser de menor gravedad que los anteriores no hizo lugar al pedido del Ministerio Público, sin modificar "la medida de coerción oportunamente dispuesta" por la Cámara.
De todas formas, el acusado permanece detenido en Piñero ya que la prisión domiciliaria no se pudo efectivizar ante el faltante de tobilleras electrónicas, condición impuesta para acceder al beneficio. Además, aún no se realizó el "informe de viabilidad" que debe realizar el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad, y que sea evaluado el lugar de alojamiento propuesto por la defensa.
En tanto, la fiscal Marull adelantó que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad al fallo del camarista Beltramone que ordenó la excarcelación.
