"De todo tiene la viña del Señor, uvas, pámpanos y agraz". Pero no todo lo que brilla es oro, y no todo es lo que parece. La frutilla, uno de los frutos más sabrosos de la naturaleza y de los más usados en la pastelería, la repostería y la industria del dulce, tiene en la región su lado oscuro. A la explotación a la que son sometidos los trabajadores golondrina que participan en la cosecha se suma un problema de alto impacto sanitario, como es el uso de "más de 40 agrotóxicos" para su cultivo, según denuncian ambientalistas. Y algo un tanto más siniestro: las represalias directas que pueden llegar a sufrir quienes se animan a denunciar la realidad detrás del dulce sabor.
De esto puede hablar largo y tendido Facundo Viola, periodista, vecino de Arroyo Leyes y víctima del impacto de la industrialización en la producción de alimentos en todos sus aspectos. Las quejas por sufrir la aspersión de los químicos agrarios y encabezar la lucha que impulsan desde hace tiempo los Vecinos Autoconvocados de su localidad lo hicieron blanco, junto a su compañera, de amenazas, atentados y hasta violencia física.
Sin embargo, el debate que generó esta agrupación se erige como modelo para el resto de las localidades del país que sufren por las mismas causas. Su perseverancia fue arrojando frutos y hoy se encuentran transitando el camino que los llevará, en tres años, a gozar de un ambiente libre de fumigaciones en la localidad.
Desde el comienzo, los vecinos visibilizaron las características de los sistemas productivos frutihortícolas históricamente bajo sospecha de ser paraguas de flagelos como trabajo infantil, precariedad laboral extrema y hasta esclavitud. Esto se vio directamente en septiembre, cuando un operativo de fiscalización detectó en Coronda 51 trabajadores en condiciones de suma precariedad laboral, que realizaban sus tareas hasta descalzos.
Y a esto se suma, desde la utilización de los cultivos modificados genéticamente, los altos índices de contaminación por la gran cantidad de agroquímicos que se aplican principalmente en los cultivos de frutillas, los más difundidos en la región.
Si bien estas explotaciones no fueron las primeras en demandar la utilización de plaguicidas, es evidente un aumento exponencial en la variedad y cantidad de químicos en los campos del albardón costero santafesino, de la mano de las explotaciones frutilleras.
"Hace unos 20 años, cuando el aumento demográfico y la expansión de los cultivos superó las posibilidades en la zona comprendida entre Coronda y Desvío Arijón, empezaron a intentar los sembrados de frutillas en Arroyo Leyes", contó Viola.
"Con los plantines de variedad fragaria ananassa, traídos de Estados Unidos, llegó a varias provincias argentinas la gran cantidad de químicos, los problemas de las fumigaciones y el contacto con los vecinos", resumió, y añadió que "en Corrientes, por ejemplo, los movimientos campesinos vieron el problema de los contaminantes y comenzaron a volcarse hacia otras variedades de fruta criolla para no utilizar tantos agroquímicos".
Las frutillas criollas son más pequeñas, aromáticas y sabrosas, mientras que las modificadas genéticamente son grandes y más vistosas pero sin aroma ni sabor.
"Antes de la siembra de los plantines se esteriliza el suelo con bromuro de metilo —un gas desarrollado durante la Segunda Guerra y usado como insecticida, fungicida y acaricida, prohibido por el Protocolo de Montreal— y otros componentes. Los distintos estudios realizados en Arroyo Leyes encontraron 40 tipos de químicos diferentes, incluido el glifosato, usado para reducir las plantas no deseadas en los laterales de los terrenos", explicó.
"También se usa gran cantidad de fertilizantes aplicados con sistema de riego. Principalmente son fertilizantes nitrogenados, fósforo y potasio, entre otros, para complementar las faltantes de nutrientes del suelo arenoso", dijo.
En 2014 la Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizó un estudio de muestras de agua para consumo extraídas de más de 30 puntos del distrito. "Los resultados revelaron que en la napa alta la contaminación superaba el 30 por ciento de nitritos, nitratos y amonios, que son residuos de fertilizantes. Luego un muestreo de contraste con napa baja indicó un 70 por ciento de contaminación, producto de la mayor concentración en el agua", dijo Viola. Y añadió: "Hubo recomendaciones de la UNL para brindar agua segura a los vecinos pero, por supuesto, las autoridades nunca hicieron nada".
Los niños azules
En 2016, la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL desembarcó con un proyecto llamado Agua Segura. "Analizaban las muestras de agua de los vecinos e indicaban si había nitritos, nitratos y el nivel de ph. Si daba bien te decían que tenías agua segura. Si no era así te enseñaban a lograrla agregándole dos gotas de lavandina", narró el vecino y recordó: "Hicimos un lío bárbaro. En un pueblo fumigado no pueden decir que el agua segura se obtiene con dos gotitas de lavandina. Después de exponer el tema públicamente nos dieron la razón y reconocieron que estaban en el lugar por otras causas. Habían detectado que a los hospitales de la región llegaban muchos niños de esta zona con patologías poco frecuentes".
Entre éstas, estaban los llamados "niños azules" o síndrome del bebé azul, una afección causada por la metahemoglobinemia cuyo origen se relaciona con la contaminación de nitratos en el agua de consumo y que genera la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina en los niños, con efectos que pueden resultar incluso en la muerte. El agua subterránea es contaminada por la lixiviación de nitrato generado a partir de los fertilizantes utilizados en las tierras agrícolas y también se relaciona con algunos plaguicidas como bifenilos policlorados. "Además habíamos detectado que había casos de muerte súbita y niños pequeños con cáncer", explicó Viola.
Si bien a partir de allí aumentó la conciencia, también empezaron los problemas. “Algunos que lograron alejar las fumigaciones de sus viviendas cesaron las acciones; otros optaron por irse y hay quienes fueron cooptados para que no se sumen al grupo o que lo abandonen”, dijo Viola, que sufrió siete atentados a su casa, dos a la de su compañera y uno a otro compañero. “Varios integrantes fuimos amenazados o perseguidos cuando salíamos de las reuniones”, contó.
Empero, también tuvieron logros. “Hicimos que la situación en Arroyo Leyes se conociera a nivel provincial y luego trascendió al país. De a poco fuimos alejando las fumigaciones. Empezamos cuando se asperjaba a dos metros de la ventana de una escuela y hoy están a 500, hay productores que mutaron su forma de cultivo hacia la agroecología y la Comuna aprobó una ordenanza que establece que en tres años ya no se podrá fumigar en la localidad. El plazo es extenso pero el objetivo está planteado”, dijo.
El principal foco de oposición hacia los vecinos que plantean reducir la contaminación lo representa un grupo de productores que se muestran violentos y agresivos. “También el presidente comunal que niega la problemática y libera el territorio para que se perpetre el ecocidio. Incluso el posicionamiento político de toda la comisión comunal y de la oposición, sumado a los productores, conforman el núcleo más duro. De allí surgen los aprietes, rumores y amenazas avecinos que se quieren sumar a autoconvocados”, resumió Viola y puntualizó que el éxito de ésta y otras cruzadas similares de los pueblos fumigados está en “centrarse en los movimientos locales mientras se apuesta a impulsar cambios en la legislación a nivel provincial”.
