Siete años, seis meses y tres días. Es el tiempo que habrán tenido que esperar familiares, acusados, testigos, allegados y todos los que de una u otra forma estuvieron involucrados en el caso de Paula Perassi, la mujer de 34 años que el 18 de septiembre de 2011 salió de su casa en San Lorenzo y no retornó nunca más. Es que el próximo jueves, el Centro de Justicia Penal de Rosario será escenario del inicio del juicio oral por la muerte de la joven, en lo que se considera una de las tres megacausas (junto con el juicio a los Monos y el de la tragedia de calle Salta) que se ventilan en la Justicia provincial.
Nueve imputados, cuatro de ellos civiles y cinco policías se sentarán en el banquillo de los acusados en un juicio en el que se espera que comparezcan 180 testigos, en una causa única, más allá de que los delito que se les achacan a los acusados son de distinta índole y contemplen diferentes condenas. En el caso de los civiles, se los acusa de aborto no consentido seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad, entre otros cargos. A los policías, que esperan el juicio con prisión domiciliaria, se les achaca, entre otros, los delitos de encubrimiento, sustracción y destrucción de pruebas, falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario. Las condenas son muy diferentes: a los primeros delitos les cabe un máximo de reclusión perpetua, para los segundos, hasta 16 años de prisión.
El juicio comenzará el jueves, a partir de las 8, respondiendo a la solicitud del camarista penal Carlos Carbone, quien exigió en noviembre pasado que empezara antes de finalizar el mes de marzo. Pero desde las 6, familiares y grupos autoconvocados harán una vigilia en Sarmiento 2850 aguardando el comienzo del proceso, que se desarrollará en dos salones: uno para las audiencias propiamente dichas, y otro para que los asistentes las presencien por video conferencia.
Aunque los tiempos dependerán del desarrollo del juicio y de la cantidad de personas que finalmente testifiquen, está previstas como fechas tentativas de los alegatos finales el viernes 12, lunes 15 y martes 16 de abril, mientras que la fecha probable de lectura del fallo sería el 23 del mismo mes.
Durante todo ese tiempo, las audiencias se desarrollarán diariamente, con una jornada de receso, entre las 9 y las 17.
Uno de los numerosos testigos del juicio será nada menos que Alberto Perassi, padre de Paula, quien desde el primer día inició una búsqueda desesperada de su hija, se encadenó más de una vez en los tribunales de San Lorenzo y protagonizó una verdadera cruzada para dar con los restos de Paula. Sin duda, uno de los grandes protagonistas de este caso, pero que, en su condición de testigo, no podrá participar de las audiencias.
Un caso particular
El caso Perassi tiene características que lo hacen prácticamente único. Además de ser una de las grandes causas de los últimos tiempos, tiene la particularidad de que se juzga la muerte de una persona cuyo cadáver nunca fue hallado. Existen muy pocos antecedentes de un caso así en democracia. El más cercano es el de Erica Soriano, asesinada y desaparecida por su pareja, Héctor Daniel Lagostena, el 20 de agosto de 2010. Ocho años más tarde, el hombre fue condenado por ser el autor de un crimen sin cuerpo. Tiene una condena de 22 años de prisión, por lo que, como mínimo, estará 14 años tras las rejas. Si bien quedó claro que fue un femicidio, Lagostena fue castigado por el delito de homicidio, ya que cuando cometió el crimen no existía la figura del femicida, que contempla una prisión perpetua.
Otro antecedente fue el de Miguel Bru, un estudiante de periodismo desaparecido el 17 de agosto de 1993 luego de haber sido detenido y torturado en la comisaría 9ª de La Plata. El caso llegó a juicio en 1999. El 17 de mayo de ese año, la Justicia condenó a los policías Justo José López y Walter Abrigo a prisión perpetua por tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y falta de deberes de funcionario público. El de Bru fue el primer juicio por un desaparecido en democracia, que obtuvo sentencia firme en 2003 por la Suprema Corte bonaerense. Sin embargo, el cuerpo nunca apareció.
Otra característica del caso Perassi es la supuesta implicación de miembros de la policía dentro de un entramado que, al menos como lo planteó la querella reiteradamente, participó en un presunto encubrimiento sistemático, lo cual lo emparenta —siempre dentro de la línea acusatoria— con los delitos de lesa humanidad por desaparición forzada de personas. El caso se agrava además por tratarse de una mujer en estado de gravidez, ya que la víctima cursaba un embarazo producto de la relación con uno de los acusados.
¿Dónde está Paula?
El domingo 18 de septiembre de 2011, Paula Perassi recibió una llamada telefónica en su casa de San Lorenzo a las 20, y salió con el pretexto de buscar la tarea para uno de sus hijos. Nunca regresó y su cuerpo permaneció desaparecido todos estos años, a pesar de la búsqueda.
Paula tenía 34 años cuando desapareció, estaba casada con Rodolfo Ortiz y tenía dos hijos varones de dos y seis años en ese momento. Con el transcurrir de la investigación salió a la luz que ella mantenía una relación sentimental con Gabriel Strumia, un empresario de Puerto San Martín, entonces de 41 años conocido de la familia, y que estaba cursando las primeras semanas de un embarazo fruto de este vínculo.
Tal como lo publicó oportunamente este diario, al día siguiente de la desaparición, su marido radicó una denuncia y allí comenzó una investigación que incluyó entrecruzamientos de llamadas, redes sociales y el testimonio de una médica de Rosario que confirmó un embarazo de seis semanas. Los entrecruzamientos de las líneas telefónicas realizados con posterioridad revelaron un aumento considerable de las comunicaciones entre Strumia y Paula.
La causa quedó en manos del entonces juez de Instrucción Nº12 de San Lorenzo, Eduardo Filocco, pero ya en ese momento Alberto Perassi advertía que Strumia sabía "mucho más" de lo que contaba, y llamaba a "apuntar allí toda la investigación". Incluso en diciembre de 2011 se encadenó frente a los Tribunales de San Lorenzo en reclamo de Justicia y ante las suspicacias que empezaba a tener sobre la investigación.
La causa tuvo numerosos vaivenes que la hicieron compleja y demoraron los acontecimientos. Pero dio un vuelco clave cuando los fiscales Ramón Moscetta y Donato Trotta solicitaron en abril de 2015 al juez Juan José Tutau, a quien había pasado el proceso, la detención de nueve personas sobre la hipótesis del crimen y una red de encubrimiento, ya que incluía a cuatro civiles (Strumia, su esposa Roxana Michl, su empleado Antonio Díaz y la partera Mirta Rusñisky), tres efectivos policiales (Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli) y dos altos jefes de la fuerza: Jorge Krenz y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos, Adolfo Daniel Puyol.
La figura que se les imputa a los civiles es "aborto sin consentimiento seguido de muerte" y "privación ilegítima de la libertad agravada". A los policías, se los acusa de "encubrimiento" del crimen e "incumplimiento de sus deberes". Y se les revocó el sobreseimiento en los delitos de "sustracción y destrucción de pruebas" y "falsedad ideológica de instrumento público".
La hipótesis es que la víctima fue llevada por la fuerza a la casa de la abortera en Timbúes donde se consumó el hecho. También se estableció que antes de su desaparición, Paula había contactado un médico con la intención de practicarse un aborto, pero el profesional le había advertido que a causa de una afección, en caso de realizarlo sufriría una hemorragia que pondría en riesgo su vida. De ahí se presume el trágico final de Paula, que su cuerpo fue hecho desaparecer sin ser hallado pese a los numerosos operativos del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Para la acusación, el ocultamiento del cuerpo y los posteriores desvíos de la investigación fueron posibles por la participación de los policías.
Tras muchos vaivenes, la intervención de diversas instancias del Poder Judicial, incluida la Corte Suprema, en febrero de 2017 la causa llegó al Juzgado de Sentencias de Rosario, donde la jueza María Isabel Más Varela resolvió que el juicio sea oral y público, pese a que la causa se había tramitado en el antiguo sistema penal escrito, como lo publicó La Capital el año pasado, poco antes de que se definiera la fecha del juicio, que tuvo varias postergaciones.
