El arbolado público de Rosario viene siendo eje de debates para definir cómo preservarlo. Los ejemplares ocuparon los lugares de discusión tras distintos episodios de podas en épocas donde el calor era insoportable y, más reciente, por la caída de tres árboles en el centro de la ciudad. En este contexto, más de mil personas se anotaron para ser parte del programa de cuidadores y cuidadoras de ejemplares o para solicitar un árbol en la puerta de sus casas; por su parte, 30 instituciones públicas y privadas también se anotaron para ser parte del programa. Los registros para vecinos continúan abiertos.
En el marco del Plan de Gestión Integral del Arbolado 2023, la Municipalidad abrió el mes pasado la inscripción para “Árboles de Rosario”, un programa de cuidadores y cuidadoras destinado a frentistas y vecinos que deseen contribuir con la conservación y el cuidado de árboles en veredas y espacios públicos.
Desde el municipio buscan que las personas se comprometan con el cuidado de ejemplares recién plantados mientras crecen, ayudando con su riego durante el primer año. Esta acción es vital para el desarrollo del árbol futuro.
Desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público detallaron a La Capital que ya contabilizan 800 solicitudes de vecinos para pedir un árbol en el frente de su casa y 250 personas se registraron para ser parte del programa de cuidadores. En tanto, a las pocas horas de que se abrieran las solicitudes para que se anoten instituciones se agotaron los 30 cupos disponibles.
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Con los registros aún abiertos (se puede solicitar ser cuidador de un árbol en este enlace), desde la Municipalidad indicaron que ya se encuentran evaluando a los 100 primeros vecinos que se anotaron en el programa. En tanto, remarcaron que tendrán prioridad los frentistas que hayan solicitado un ejemplar con anterioridad.
Sanciones más estrictas
La situación del arbolado público se metió de lleno en la agenda de la ciudad. Tras un verano de altas temperaturas, denuncias de ambientalistas sobre podas “extensas y agresivas” y la caída de tres ejemplares la semana pasada, que provocaron daños materiales y hasta le causaron heridas de consideración a una mujer, el Concejo quiere ampliar su protección. Una iniciativa busca mejorar la ordenanza vigente, agregar el concepto de reparación por daño ambiental y aumentar las penas económicas por extracciones ilegales.
La ordenanza Nº 5.118 de protección del arbolado público castiga cortes, despuntes, podas aéreas, talas y daños que impidan su recuperación, entre otros puntos. Lo que pretende el proyecto de la concejala Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, es incorporar dos acciones que, si bien están mencionadas, no cuentan con una tipificación específica que permita graduar las penalidades económicas en función del tamaño del ejemplar y del daño producido.
El expediente propone que el Código de Convivencia estipule un porcentaje de daño cuando se realice una "incisión anular, anillado, estrangulamiento y/o descortezado del tronco principal" de un ejemplar y también cuando se apliquen sustancias con efecto herbicida, ya sea por inyección, rociado o riego.
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La normativa actual hace referencia a estas conductas, pero al no tener una tipificación específica sólo pueden sancionarse con el artículo genérico del Código que propone una escala de penalidad fija que va desde las 75 a 375 unidades fijas, siendo la pena máxima de $75.000. "Estas conductas son muy frecuentes y causan un gran daño al ejemplar, deteriorando el patrimonio ambiental público y poniendo en riesgo a las personas al colocar a ejemplares en estado moribundo", argumenta el texto.
Por otra parte, busca instalar la figura de la reparación del daño ambiental. "Sin perjuicio de la sanción monetaria, la persona que comete un daño debe responder por tal reparación", reclama.
Por último, la iniciativa propone duplicar las sanciones económicas actuales en caso de tala o extracción de un árbol no autorizada, ya sea por la realización de una obra civil o una obra particular. También pretende triplicar el mínimo y cuadruplicar el máximo de la multa (actualmente, la ordenanza vigente sólo lo duplica) en caso de que esa extracción se realice sin autorización y con el objetivo de construir un edificio.
