La causa por las estafas con fondos judiciales del Banco Municipal de Rosario que estalló en 2012 sigue sumando capítulos. Y es a partir de la obstinada posición del martillero Oscar Kovalevski, condenado a 8 años de prisión efectiva como organizador de maniobras de la que participaron abogados, jueces, y empleados bancarios. Como le negaron la libertad, ahora dice que pedirá al flamante gobernador Maximiliano Pullaro que intervenga en el Poder Judicial porque sostiene que se trata de una “causa armada”.
Como si el gobernador Pullaro no tuviese problemáticas urgentes que afrontar en sus primeros días de gestión, ahora le va a llover la queja del martillero Oscar Kovalevski, quien no claudica en su lucha para proclamar su inocencia.
Según indicó a este diario, le va a pedir que interceda para que se revise el caso de las estafas con fondos judiciales. Como cualquier ciudadano, tiene el derecho de hacer planteos al gobernador, pero en el caso puntual parece una demanda desajustada, dadas las garantías procesales y constitucionales por las que ya transitó el juicio oral y público en el que fue condenado.
La insistente postura del subastador, condenado a ocho años de prisión en 2021 como organizador de una asociación ilícita en concurso real con defraudación calificada, se desprende del resultado de una audiencia celebrada el lunes donde su defensa solicitó la libertad a la prisión preventiva domiciliaria que afronta hace dos años, pero que la jueza de Ejecución Penal, Luciana Prunotto, finalmente le negó.
Fallo confirmado y recurrido
Para sustentar el pedido de libertad, los abogados Antonella Travesaro y Rodrigo Mazzuchini, proclamaron la inocencia de su defendido. Recordaron que el fallo condenatorio fue recurrido, y que luego de que un Tribunal de Segunda Instancia Penal lo confirmara en noviembre de 2023, presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Santa Fe, que aún no se expidió.
“Desde la sentencia de primera instancia, y manteniendo el estado de inocencia, se encuentra en prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Siempre estuvo a disposición de la Justicia, a principios de 2012 colaboró con más de siete declaraciones, ofreció prueba, continúa con su trabajo estable como martillero (no fue inhabilitado), tiene familia, hijos, nietos, y no tiene antecedentes penales”, esgrimieron los abogados.
>> Leer más: Confirman condenas a un ex juez y a un martillero por estafas con fondos judiciales
Agregan que a la fecha no existen hechos específicos o argumentaciones que indiquen peligrosidad procesal para la prorroga extraordinaria de la prisión preventiva efectiva. Y que su reclamo se sustentó en “el insoslayable principio de inocencia fundado en la garantía de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin prejuicio de que el proceso continúe”.
Tras la oposición del fiscal Carlos Covani, quien impulsó la acusación, la jueza Prunotto desestimó el pedido de libertad. “No hay elementos para la medida que se pretende, se han robustecido los elementos que se pueden evaluar para la procedencia de la medida cautelar. La prisión preventiva fue acompañada por una condena en primera instancia”, indicó en primer término la fiscal.
Pena robustecida
En ese sentido agregó que la prisión preventiva “se sostiene y la robustece el peligro procesal, el peligro de fuga”, ante la condena en primera instancia y confirmada en la alzada y hay un rechazo de recurso de inconstitucionalidad. Para Prunutto, “las cuestiones de hecho y prueba han cerrado la posibilidad de revisión”, y lo que se define en esta etapa son solo temas de garantías constitucionales.
Por eso insistió que “la pena está robustecida y la peligrosidad toma relevancia en el peligro de fuga porque se trata de una condena de monto alto”. Además, entre otros argumentos, recordó que el tiempo transcurrido no guarda proporcionalidad (dos años), plazo que no habilitaría eventualmente una posibilidad liberatoria cercana.
Para la jueza, en la mantención de la prisión preventiva de Kovalevski “no hay arbitrariedad. Es una medida que ha resultado idónea, proporcional y deviene necesaria en el contexto de la revisión procesal. No procede la libertad”, sostuvo finalmente Prunotto.
Una audiencia con Pullaro
El resultado de la audiencia generó otro reacción del martillero. En una nota que hizo llegar a este diario adelantó que pedirá al recientemente electo gobernador Pullaro “que interceda ante la Justicia de Santa Fe para que revise el caso de estafas con depósitos en el Banco Municipal de Rosario”.
Y aunque la Cámara Penal ya se pronunció, el martillero insiste que recurrirá otra vez a esa instancia “para volver a denunciar que se trata de una causa armada”. A pesar de la condena judicial, el hombre reprocha que está detenido “a pesar de ser inocente”.
>> Leer más: Piden fuertes penas para un martillero y un ex juez por una estafa
Mientras espera la decisión de la Corte de Justicia de la provincia, Kovalevski ahora dice que apelará al gobernador, tomando como parámetro que en sus primeras declaraciones públicas Pullaro objetó el funcionamiento actual de la justicia santafesina.
La escandalosa causa de las estafas con fondos judiciales involucró a dos abogados, dos jueces, un empleado bancario y al secretario de uno de los magistrados. Todos fueron condenados en juicios de trámite abreviado después de aceptar que habían cometido los delitos por los que fueron acusados, pero recibieron penas condicionales menores y sanciones.
Se trata del empleado del Banco Municipal Tomás Martínez Echenique, que proveía informes sobre cuentas inmovilizadas; los abogados Luciano Bautista García Montaño y Jorge Heter, que con esos datos armaron falsos juicios; y los jueces Alejandro Martín y Norberto Scavone, y el secretario judicial Ricardo Lavaca. Martín fue condenado a 5 años y Scavone a 4 años y medio de prisión.
