El juicio oral y público contra un martillero y un juez acusados de integrar una asociación ilícita, que también conformaron abogados y un empleado bancario para apropiarse de fondos judiciales inmovilizados del Banco Municipal, llegó a su punto final con el alegato de la Fiscalía, que ratificó la acusación. Solicitó 8 años de prisión efectiva para el subastador y 10 años de inhabilitación para ejercer la profesión; y 5 años y medio de cárcel para el ex juez. Este jueves a legan las defensas. “ Soy un perejil, los abogados eran los que tenían la potestad de armar juicios. Yo cobraba los oficios pero no tenía nada que ver ”, descargó el martillero Oscar Kovalevski.
La emblemática causa de las estafas con fondos judiciales inmovilizados que pergeñó entre 2010 y 2012 un grupo de abogados, un martillero y dos jueces civiles de los Tribunales provinciales escribe sus últimos capítulos en el Centro de Justicia Penal (CJP), donde durante dos semanas se desarrolló el juicio oral y público contra el martillero Kovalevski, como organizador de las estafas, y al ex juez civil Jorge Scavone, con un rol estratégico.
El fiscal Carlos Covani, de la unidad de Investigación y Juicio del Ministerio Público de la Acusación (MPA), hizo hincapié en que su hipótesis de los hechos estuvo probada a partir de la profusa documentación que aportó al Tribunal, además de la declaración de varios testigos.
Artilugios y más de 90 oficios truchos
En su alegato final ante el Tribunal integrado Nicolás Foppiani, José Luis Suárez y Valeria Pedrana, el funcionario repasó cronológicamente la mecánica de cobro de 90 oficios firmados por los jueces surgidos de expedientes inventados a través de artilugios procesales de los abogados coimputados, que siempre recalaban en los juzgados civiles Nº 1, a cargo de Scavone, y en el Nº 17, cuyo titular era Alejandro Martín, condenado a cinco años de prisión en un juicio abreviado.
Los primeros hechos probados al grupo se distinguen desde abril de 2010. Si bien el banco los detectó y denunció ante la Corte Suprema de Justicia en 2012, en Tribunales se corría la voz de que las maniobras eran tan antiguas como la plaza del Foro que está sobre calle Balcarce al 1600. De hecho, Covani recalcó que no se trató de algo aislado.
“Eso no fue un error o algo involuntario”, reparó el funcionario sobre la voluntad del grupo que se traduce en el armado de una asociación ilícita, la cual operaba para apropiarse de los fondos de cuentas inmovilizadas durante años, originadas en juicios ordinarios por cobro de pesos o retenciones, pero que nadie reclamaba.
Con sus firmas ambos jueces le daban “legitimidad” a los oficios de cobro que Kovaleski y los abogados pasaban a retirar por la ventanilla del Banco Municipal con la complicidad del empleado Tomás Martínez Etchenique, coimputado y condenado en un juicio abreviado a 3 años de prisión condicional tras reconocer que participó de las estafas.
Según Covani, Kovalesvski cobró 59 oficios, la mayoría del juzgado de Scavone, y el resto se lo repartieron entre los abogados Luciano García Montaño y Jorge Hetter (también condenado y quienes aportaron muchos datos para develar la trama), un familiar del martillero.
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Luego de que Scavone se jubilara en 2011, el centro del ardid pasó a ser el juzgado de Martín, donde según las declaraciones de testigos, el martillero tenía un trato casi diario y preferencial. De acuerdo al recuento de la Fiscalía, el total del fraude fue de 1.362.000 pesos.
Como la causa comenzó a investigarse bajo el modo escrito en el juzgado de Instrucción Nº 12, Covani no fue ajeno a ciertas desprolijidades de la pesquisa que le impidieron imputar otro caudal de hechos similares, pero que no se podría probar efectivamente por ausencia de evidencias que también hubiesen comprometido aún más al martillero. “Es bochornoso en un punto”, contextualizó el fiscal
En las casi dos horas y media que se tomó Covani este miércoles para describir puntillosamente los despojos, reparó en la impunidad del grupo, que pese a saber que el banco municipal ya había emitido alertas y contactado a las autoridades, siguió impulsando oficios. En ese sentido, habló de “voracidad apropiatoria de los fondos” cuando en junio de 2012 tramitaron en un solo oficio el embargo de fondos de siete causas.
Un acuerdo doloso
La exposición del fiscal era seguida atentamente por el martillero Kovalevski, sentando en el banquillo de los acusados pero en libertad. El hombre, de 71 años, hacía gestos y se sonreía irónicamente cada vez que el fiscal lo citaba . Junto a él estaba su abogada Antonella Traversaro. “No tengo nada que ver, yo no tengo potestad para hacer juicios o embargos, soy un perejil. Los abogados son los hdp ”, exclamó a La Capital el subastador antes de la audiencia.
Sobre la conducta de Scavone (ausente por recomendación médica), la Fiscalía insistió que no fue accidental o un descuido. “Era un hombre con medio siglo en el cargo, no se puede decir que fue engañado. Ningún juez firmaría órdenes de pago sin tener el expediente a la vista. Hubo un acuerdo doloso con el martillero y Martínez Etchenique, que no controlaba, era socio y garantizaba las maniobras ”, enfatizó Covani.
Por esa circunstancia le atribuyó ser parte de la asociación ilícita, defraudación, falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de las obligaciones de funcionario . Solicitó que se lo condene a cinco años y medio de prisión efectiva y se le prohíba ejercer cargos en la función judicial durante cuatro años.
El martillero: iniciador y aglutinador
En relación a Kovalevski, el fiscal dijo que fue el “iniciador y aglutinador del grupo. Sin él esta asociación ilícita no había existido. Todos los condenados apuntaron contra él. Hay muchos elementos objetivos en la causa. Fueron 59 hechos de cobro de oficios y muchos más que no se pudieron probar por el bochorno que significó la causa en sus inicios. Sus cómplices indicaron que digitaba las maniobras. Y hacia visitas cotidianas al despacho de Martín ”.
Luego de citar la “gravedad institucional del caso”, y tener en cuenta agravantes y atenuantes, Covani recalcó que “se acreditó el rol del martillero como organizador de la asociación ilícita” y autor de múltiples delitos de defraudación. Por eso solicitó que se lo condene a 8 años de cárcel efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer funciones como auxiliar de la Justicia.
“Yo soy un perejil, cobraba con oficios, los abogados armaron todo”
La etapa de debates del juicio oral por las estafas con fondos judiciales termina este jueves con los alegatos de las defensas. Por el lado del ex juez Jorge Scavone lo harán los abogados Víctor Corvalán y Evelyn Quain, quienes sostienen que su defendido cometió actos imprudentes o negligentes, pero no dolosos, y que no tenía conocimiento de las maniobras que configuraron los coimputados.
En relación al martillero Kovalevksi, la defensora adelantó a este diario que solicitará la absolución, debido a que no se dieron por probadas las atribuciones a su cliente. En un cuarto intermedio de la audiencia el acusado insistió ante este diario: “No tengo nada que ver. Me pagaban con oficios y yo los iba a cobrar al banco, nada más. No tengo potestad para iniciar causas, expedientes, juicios. Eso lo hacen los abogados. Ellos armaban todo, son unos hijos de puta. Mirá, son de apellidos compuestos del Jockey Club, y yo soy un perejil de zona sur, ni socio de Caova (el club ubicado en San Martín y General Savio) ”, se despachó.
El hombre hacía referencia a Luciano Bautista García Montaño y Jorge Hetter, que tras reconocer su participación en los hechos y aportar datos, fueron condenados en 2013 a tres años de prisión en suspenso y entre 5 y 7 años de inhabilitación para ejercer la profesión, respectivamente. Y devolvieron 548 mil pesos como parte del acuerdo.
El ex secretario del juzgado de Alejandro Martín, Ricardo Lavacca, ya había sido condenado en 2019 a tres años de prisión condicional, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por cuatro años e inhabilitación especial para integrar el Poder Judicial por diez años.
