El gobierno provincial decidió adherir este viernes por la mañana al decreto nacional que extiende hasta el 31 de diciembre de 2023 la emergencia pública en materia sanitaria debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Entre otras cosas, la medida permite la reasignación de partidas presupuestarias para atención de salud y facilita la contratación de personal.
Según explicó el secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, la prórroga de la emergencia en salud "reivindica el trabajo de fortalecimiento del sistema de salud, que sigue funcionando actualmente y que ha generado mejores condiciones en la atención sanitaria de cada persona en virtud de sus necesidades".
El funcionario advirtió que si bien la situación epidemiológica de la provincia y el país respecto a las infecciones por coronavirus es "diferente a lo que sucedía en 2020 y 2021", sigue existiendo una "alta demanda prestacional generado por las patologías crónicas no asistidas en pandemia", como las intervenciones quirúrgicas que no revestían urgencia o los controles de rutina que los pacientes dejaron de lado.
Al mismo tiempo, describió, la medida considera el crecimiento temprano de las patologías respiratorias no Covid, como la gripe o influenza, y el crecimiento de casos de coronavirus en el mundo. Prieto apuntó que de acuerdo a criterios de la Organización Mundial de la Salud brindó recientemente recomendaciones temporales para preparar "un sistema de salud que sea sostenible" y que tenga un sistema de vigilancia permanente sobre las enfermedades respiratorias.
De acuerdo al último informe oficial, que corresponde al 26 de diciembre pasado, en la provincia se notificaron por testeo 2.306 nuevos casos de Covid entre el sábado 18 de diciembre y el día previo a la Navidad. La primera semana del mes, los casos positivos habían sido 88.
El decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional se publicó este viernes en el Boletín Oficial. La medida dispone la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2023 de la emergencia pública en materia sanitaria, dispuesta por la ley 27.541, debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus.
Según argumenta, la decisión obedece a la existencia de necesidades de atención especial por la pandemia de coronavirus y sus impactos incluso en el ámbito de la salud mental.
Con la prórroga de la emergencia sanitaria se extiende el régimen de matriculación o certificación de especialidad provisoria para quienes no cuenten con el trámite de su titulación finalizado, reválida de título o certificación de pregrado, grado o posgrado en ciencias de la salud, previa intervención del Ministerio de Educación y con certificación de competencias a cargo de los establecimientos asistenciales que los requieran.
También se dispone la contratación de personal de salud jubilado o retirado, exceptuándolo temporariamente del régimen de incompatibilidades vigentes para la Administración Pública Nacional; y autorizar, en forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos y técnicas de salud, titulados y tituladas en el extranjero cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina.
Asimismo, la emergencia sanitaria permite a la cartera de Salud autorizar la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares aun sin contar con los requisitos y autorizaciones administrativas previas, teniendo en cuenta la diversidad sanitaria, geográfica, socioeconómica y demográfica del país, que requiere un abordaje distintivo que contemple las diferentes realidades y permita continuar fortaleciendo la infraestructura sanitaria en los diferentes puntos de Argentina.
Además, se autoriza la reasignación de partidas presupuestarias, por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la implementación de las medidas que fueran necesarias bajo esta emergencia.
Según explicó el Ministerio de Salud en un comunicado de prensa, la emergencia sanitaria tiene como objetivo “sumar el aporte de profesionales y técnicos de todas las disciplinas en los distintos subsistemas de salud para fortalecer, dar robustez, y poder brindar la atención esencial y necesaria a la población”.
Desde la cartera conducida por Carla Vizzotti se recordó que “el impacto de la pandemia por Covid-19 en el sistema sanitario ha generado una demanda acumulada de seguimiento, tratamientos, pruebas diagnósticas y atención especializada que debe ser adecuadamente atendida en todo el país”.
Y se remarcó que “durante los dos años de pandemia se registraron demoras e interrupciones en la continuidad de la atención en salud en todos los niveles a nivel mundial” y se precisó que en Argentina “bajó casi el 50% la atención de pacientes ambulatorios y alrededor del 60% cancelaron sus prácticas médicas y diagnósticas”.
A eso, "hay que sumar la tasa de abandono de los tratamientos de personas con diabetes, que se redujo en un porcentaje cercano al 35%”, agregó el comunicado.
El Ministerio remarcó que el impacto también se sintió en la salud mental de la población, con el aumento de cuadros de ansiedad, afectación del estado del ánimo, incremento de problemáticas complejas como el suicidio y el consumo problemático de tabaco, alcohol, y otras sustancias psicoactivas y el mal uso y abuso de las tecnologías.
“Las consecuencias que produjo la pandemia obligan a adoptar medidas rápidas, eficaces y urgentes; además de continuar desarrollando una estrategia sanitaria consensuada para profundizar la integración de los subsistemas de salud con foco en la equidad, la eliminación de barreras en el acceso y el aumento de la calidad en los servicios de salud”, subrayó.
Y agregó que “este cambio en el modelo de atención, gestión y financiamiento requiere un esfuerzo adicional para desarrollar y fortalecer redes integradas de servicios, con especial énfasis en la prevención y promoción de la salud de la población, la estrategia nacional de salud digital, el desarrollo de sistemas de información adecuados y la incorporación de nuevas tecnologías. En todos estos casos se requiere de recursos humanos calificados y suficientes para su implementación”.
