En materia de políticas para prevenir la violencia de género, Santa Fe y Rosario comparten visiones y dispositivos, pero hay una diferencia que salta a la vista: mientras la capital provincial registra 943 botones antipánico activos, entregados y monitoreados por el municipio a pedido de la Justicia siempre que dicta una prohibición de acercamiento, Rosario tiene sólo 209, casi la quinta parte. La disparidad es notable, más si se recuerda que la población local duplica con creces a la de Santa Fe. A la hora de analizar las razones, todo parece indicar que no existe un criterio judicial uniforme en la provincia.
En la Secretaría de Desarrollo Social de Rosario explican que, con una orden de restricción de acercamiento previa, el aparato se otorga a pedido de la víctima y una vez que ella misma ha evaluado distintas alternativas junto a los equipos del área de Atención en Violencia de Género. Rara vez la solicitud les llega directo desde la Justicia.
La entrega está a cargo de un organismo provincial que depende del Ministerio de Seguridad, la Dirección de Tecnologías para la Seguridad y Atención de Emergencias, a su vez encargada de monitorear el dispositivo y emitir un alerta prioritario ante una amenaza a la mujer.
El mecanismo es muy distinto en Santa Fe. El intendente de esa ciudad, José Corral, explicó a LaCapital que allí se "arranca en el 2009 con el centro de monitoreo, pionero en la provincia", mientras que en 2013, "ante el alarmante crecimiento de la violencia de género, se decidió firmar un convenio con la Corte para poner en marcha la entrega directa de botones antipánico".
Al igual que en Rosario, su otorgamiento a una mujer supone una previa restricción de acercamiento para el agresor dictada por los Tribunales Colegiados de Familia. Pero allí son esos juzgados los que ordenan al municipio entregar los dispositivos a "todas" las víctimas de violencia de género.
Y pese a que en Santa Fe esos tribunales tienen una "jurisdicción más amplia que incluye el área metropolitana", el municipio provee los botones también a sus vecinos más cercanos.
Para esa población del Gran Santa Fe, que no llega a 600 mil habitantes, hay 943 dispositivos activos. Si se cuentan todos los entregados por la Intendencia por orden judicial desde 2013 suman 1.917. De ellos, 327 emitieron "alertas reales", contó Corral: todas las veces que una mujer pulsó el botón por más de dos segundos y esa señal activó el protocolo para protegerla.
De hecho, gracias a esas señales, 121 varones agresores terminaron detenidos. "Y más de una vez me pasó que una mujer me dijera: «Eso me salvó la vida», mientras que en otras ocasiones previno el contacto entre el hombre y la víctima", detalló el intendente de Santa Fe.
En Rosario, en cambio, donde la población ronda el millón de habitantes y el Gran Rosario supera el millón doscientos mil, los botones antipánico activos llegan a 209 y rara vez se entregan a pedido de la Justicia.
Según precisó la titular de Tecnologías para la Seguridad y Atención de Emergencias, Cecilia Cinquegrani, sólo cuatro de ese total se otorgaron por directa orden judicial y el resto a solicitud del municipio.
Como en Santa Fe, también en Rosario debe haber una previa restricción judicial de acercamiento, pero la decisión de recurrir al dispositivo electrónico, "entre otras estrategias de protección y cuidado de la mujer", la toman la víctima y el equipo de especialistas que la asisten, contó la titular de Desarrollo Social municipal, Laura Capilla.
"Se intenta construir con ellas las opciones que les dan mayor seguridad: algunas eligen irse a casas de allegados, otras a un centro de protección de los que tiene el municipio y otras piden el botón", explicó, aunque es cierto que en esa decisión también talla la variable de si en el lugar donde vive hay buena señal de celular, condición sine qua non para que el dispositivo funcione (ver aparte).
Sin embargo, a la hora de analizar la abismal diferencia entre la cantidad de botones antipánico entregados en Santa Fe y en Rosario —casi cinco veces más en la capital provincial, con menos de la mitad de habitantes—, tanto Capilla como la subsecretaria del área, Mónica Peralta, apuntaron a la Justicia.
"Quizás la Corte debería bajar como indicación a los tribunales de toda la provincia" que cada vez que dictan una determinación de prohibición de acercamiento soliciten también la entrega de un botón antipánico, razonó Capilla. "La Justicia debería definir un criterio uniforme" para que las áreas ejecutivas "puedan organizarse", coincidió Peralta.
Aún así, Capilla resaltó que "cada vez que una mujer pide un botón antipánico, el botón está".
Sobre ese punto, la referente de la organización Ampliando Derechos y también delegada del Instituto Nacional de las Mujeres, Nora Giacometto, mostró reparos: básicamente, consideró que "al menos harían falta unos 600 botones antipánico (400 más de los que hay), sobre todo para las mujeres que viven en los barrios más complejos".
Capilla discutió ese déficit. "Tenemos una mesa consultiva con todas las organizaciones de mujeres y jamás ninguna planteó una demanda de esa magnitud", dijo, pero la vez aseguró: "Si hubiera 400 pedidos habría 400 botones".
Sin señal telefónica
Capilla explicó que para monitorear si los botones están encendidos Desarrollo Social recibe "tres reportes al día del Ministerio de Seguridad a través del centro de monitoreo", pero suele ocurrir que en el lugar no haya señal de telefonía. Esas "deficiencias técnicas deberían subsanarse poco a poco", estimó, aunque confió en que la mejor solución será implementar las tobilleras duales, que funcionan por rastreo satelital.