Durante la vuelta a la presencialidad, seis docentes presentaron denuncias penales por violencia laboral contra un matrimonio y su hijo, miembros de la familia a cargo de la Nueva Escuela Ceferino Namuncurá, de Presidente Perón 5038. Se trata de un establecimiento primario y secundario con subvención estatal, pegado al Distrito Oeste y frente a Villa Banana: una escuela que se cerró en la década del 90 tras varias denuncias y se reabrió en 2004 con la misma conducción y "hostigamientos", según afirman desde el gremio de docentes particulares, Sadop.
Desde esa fecha y a pesar de las distintas gestiones del Ministerio de Educación provincial, la escuela siguió activa hasta hoy cosechando "múltiples malos tratos" contra el personal docente y también "sobre el alumnado moroso". Así lo confirmaron a La Capital algunos trabajadores de la educación que prefirieron no revelar su identidad por miedo a represalias, pero aseguraron que este año, además de las denuncias, se registraron las renuncias de tres docentes y dos de ellas adujeron violencia laboral.
"Renuncio a mis horas cátedra por la gran presión y hostigamiento recibido por las autoridades, por miedo y por cuidad mi integridad mental, emocional y salud", expresó una docente en uno de los telegramas de renuncia recientemente dirigidos a la escuela.
Cabe aclarar que cuando este documento se refiere a "las autoridades" lo hace aludiendo a los integrantes de una ONG a cargo del colegio: la directora del secundario, con cargo de maestra de grado; su marido, portero del establecimiento y el hijo de ambos, quien ejerce el cargo de secretario de la escuela secundaria y asimismo de representante legal del primario, si bien en los papeles figura como responsable una mujer: representante legal de la escuela secundaria y a la vez, directora de primaria.
"Una persona que está también al tanto de todo lo que pasa y encubre la violencia que se da en la escuela", aseguró una damnificada.
Otro telegrama de renuncia enviado el mes pasado, en cambio, hace referencia al "mal clima laboral y presiones constantes de parte del ente propietario".
El más grave
El secretario general de Sadop, Martín Lucero , adelantó que este caso es el más grave y de más vieja data (las arbitrariedades llevan años, según aducen algunas maestras). Pero desde el retorno a la presencialidad se vienen dando otros casos de violencia laboral en más escuelas. Y en ese sentido adelantó el gremialista que en la paritaria fijada para el viernes próximo, a las 11 y de manera virtual entre el gremio y representantes de los ministerio Educación, Trabajo y Economía se reiterará el pedido de crear una comisión de seguimiento de casos de violencia laboral por parte de las patronales a algunos docentes.
En un comunicado, Sadop resaltó que la metodología utilizada por representantes legales, autoridades y mandos medios de los establecimientos es similar en todos los casos. Se fuerza a los y las docentes a pedir licencias médicas con la amenaza de iniciar sumarios en el Ministerio de Educación pidiendo la separación preventiva, tal el caso que caracteriza a un colegio de zona norte.
"Y todo con anuencia del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP)," encabezado por un representante histórico legal de escuelas privadas y por ende patronal ", agregó Lucero.
Según el gremialista, el SPEP "es el organismo que otorga la separación del docente con celeridad extrema pero los sumarios nunca se resuelven, en los hechos terminan la carrera del docente de manera arbitraria e infundada. Hay escuelas que tienen 7 u 8 casos de licencias médicas en el mismo caso. Es violencia encubierta ”.
Los casos en off
Para Lucero tanto los casos más graves de violencia, como el de la Ceferino Namuncurá, como otros menos alevosos tienen en común los gritos, amenazas y maltratos simbólicos y psicológicos, en escuelas subvencionadas por el Estado y con docentes con "mucho miedo a hablar".
En el colegio de zona norte intimaron a una docente que está en licencia. "Le pidieron que la extienda y se vaya a su casa, una manera de liquidarle la carrera", dijo Lucero quien reconoció a este diario que de no ser así dudosamente se pensaría de manera tan fácil en pagar un sueldo a la persona con licencia y uno a quien la reemplace. Y reclamó que el tribunal de disciplina del SPEP está vacante en un momento en que el organismo podría ayudar en estos casos.
Una docente de este segundo colegio en cuestión aseguró que con "claro intento de persecución y hostigamiento" las autoridades del colegio enfrentaron a la trabajadora con los padres. Supuestamente presentaron quejas contra la docente, pero nunca los padres en cuestión habían hablado con ella. Aún así citaron a todos los padres del grado para hacerles preguntas sobre la docente que no fue informada de la situación. También el cuerpo directivo se entrevistó con los pares de la docente y se la removió de su función frente al grado.
"Por lo menos siete casos de docentes hay con licencia psiquiátrica debido a la violencia que se sufre en la institución", aseguró una maestra.
Ante esta recurrencia, la entidad gremial realizó actuaciones judiciales y también administrativas ante el Ministerio de Educación y el de Trabajo.
“Son siempre los mismos establecimientos educativos que previos a la pandemia ya realizaban amenazas, los que hoy se potenciaron”, afirmó Lucero antes de pedir que se aparte del sistema educativo a quienes ejercen este tipo de violencias, “las cuales no fueron posibles sin la tolerancia del SPEP como una práctica habitual ”.
