Según la evaluación de Iribarren habría evidencia que comprometería a tres “socios ocultos” de la quiebra, información que se desprende del expediente que se tramita en un juzgado civil. Adriana Todisco, como última accionista de Le Rondini, ya había denunciado penalmente a esas personas a fines de 2019 tras advertir que fue víctima del despojo. Pero la causa no avanzó.
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Quienes quedaron bajo la lupa judicial y serán investigadas penalmente en el legajo Nº 21-06795400-6 son Raúl A., contador; Claudio A.B., un agente bursátil titular de una casa de cambios ubicada en Mitre al 800, y Norvald B., quienes se incorporaron a la agencia en 2015 cuando atravesaba sofocones financieros.
En un dudoso acuerdo de entendimiento se convirtieron en nuevos socios del negocio con la promesa de llevar alivio e inyectar fondos. En ese camino realizaron movimientos bancarios en cuentas de los originales dueños, y solicitaron préstamos a nombre de la sociedad.
Sin embargo, el capital no habría sido incorporado a los activos de la empresa, al pago de proveedores o de acreedores. Ahora se sospecha que lo redireccionaron a su patrimonio personal, según se desprende de informes, pericias y declaraciones testimoniales.╠
Además, en el contexto de apremios de la firma, en enero 2016 Claudio A.B le compró a Todisco una casa ubicada en Pasco 649/653. Pero no pagó un solo peso por la operación, y a cambio se hizo cargo de la deuda que pesaba sobre la propiedad por una hipoteca de tres 3 millones de pesos.
En medio de ese panorama Enrique Curridor, marido de Todisco, contrajo una grave enfermedad, fue operado de un tumor maligno en abril de 2016 y finalmente falleció un año después. Su mujer quedó sola, con poco conocimiento de la administración de la agencia.
El 3 de mayo de 2016, mientras Curridor estaba convaleciente, A.B también adquirió el histórico local de peatonal Córdoba 1280, donde funcionó por años Le Rondini. Por esa propiedad pagó el irrisorio monto de 130.730 dólares (ver aparte).
Quiebra
A pesar del supuesta inyección de dinero, el negocio terminó ahogado, sin recursos, y un acreedor particular solicitó la quiebra. El juez Civil y Comercial Nº 16 Pedro Boasso evaluó el estado de cesación de pagos y en 2018 decretó la bancarrota de Todisco, la única que respondió ante la Justicia.
El juez designó al síndico Guillermo Fernández Santoro como actuario público en representación Le Rondini. Ese funcionario detectó las irregularidades que rozaba a los miembros de la sociedad. Por eso a fines del año pasado Todisco impulso la denuncia penal contra esas personas.
El síndico se dejó constancia del vaciamiento patrimonial en el balance cerrado al 31 de diciembre de 2015, por lo cual solicitó que se investigue el rol de los “socios nuevos u ocultos” que aprovecharon “el estado de necesidad económica y personal” de Adriana y su esposo.╠
A partir de esos elementos la sindicatura detectó “promiscuidad y confusión patrimonial”. Por esos le solicitó al juez civil que extendiera la quiebra “a todos los socios ocultos” de Le Rondini.
En una sentencia del 21 abril, en plena cuarentena por la pandemia del Covid-19, el juez resolvió extender la quiebra a Claudio A.B, Norvald B., y al contador Raúl A. Una pericia contable concluyó que la sociedad “recibió cuantiosos prestamos de entidades bancarias”, que omitió exponerlos en los balances cerrados al 31 de diciembre de 2015, donde se detectaron “pasivos financieros por 6.059.099,44 pesos”.
Activa
Esos nuevos elementos surgidos en la causa civil fueron determinantes para que la defensa de Todisco, ejercida por el abogado Juan Lewis, solicitara la reapertura del legajo penal, que el año pasado estuvo en manos del fiscal David Carizza. El funcionario había aclarado que de surgir “nuevos elementos” en la causa civil se podría reabrir.
Esos indicios o sospechas de la configuración de posibles delitos de los “socios ocultos” que visualizó el juez de la quiebra, y como también vislumbró Iribarren, impulsaron a Serjal a decidir la reapertura de la pesquisa sobre las personas denunciadas.
La investigación quedará en manos del fiscal Miguel Moreno, recientemente asignado a la unidad fiscal de Delitos Económicos y Complejos, una de las áreas que sufrió permanente cambios durante la gestión del ex fiscal regional ahora sumergido en un escándalo.
Jueces recusados por “imparcialidad y prejuzgamiento”
La historia judicial de la agencia Le Rondini que se dirime en los Tribunales provinciales de Balcarce y Pellegrini, tiene varios capítulos. El más importante es la quiebra que tramita el juez civil y comercial Pedro Boasso, cuyos datos abrieron una caja de pandora en la que salieron a la luz los datos que ahora son parte de la investigación penal contra los socios ocultos.
Es que en el marco de las sospechas de desapoderamiento doloso, la original dueña del comercio, Adriana Todisco, denunció Claudio A.B, uno de sus socios, por haberle comprado a un precio irrisorio el local tradicional local peatonal Córdoba 1280, donde la agencia supo funcionar durante años.
Por eso se abrió un nuevo expediente caratulado “nulidad de compra”. El juez civil y comercial Nº 3 Ezequiel Zavale le dio la razón a la mujer, decretó la nulidad de la operación y ordenó que la recompensaran con 550 mil dólares, ya que según los tasadores el valor real del inmueble superaba los 130.730 dólares que pagó el comprador.
Sin embargo, la defensa del Claudio A.B apeló la resolución. Ese planteo se elevó a la Cámara Civil, que se integró con los jueces de la sala Nº 2, cuyos miembros son Gerardo Muñoz, Milagros Lotti (primer y segundo voto) y Oscar Pucinelli (abstención). El Tribunal decidió revocar la resolución de primera instancia y convalidó la operación a favor del comprador.
Una causa sensible definida en 39 minutos
Sobre esa decisión los defensores de Todisco interpusieron un recurso de inconstitucionalidad cuestionado el fallo. Consultados por la La Capital acerca de la intrincada causa, los abogados Jorge Jastreb y Sebastián Farina, recalcaron que la resolución tiene “severos errores, tanto formales como de fondo”.
Sostienen que los jueces decidieron “en forma apresurada y sin haber tenido tiempo material de realizar un estudio adecuado de las pruebas y constancias. Y que prueba de ello son los movimientos del expediente que surgen del sistema informático” del propio Poder Judicial.
Para los letrados quedó asentado que los jueces “definieron y sentenciaron los destinos de una causa sensible en 39 minutos, cuando solamente la audiencia oral de prueba duró más de tres horas, donde se había ofrecido también como evidencia los 14 cuerpos y anexos de la quiebra de Le Rondini”.
Recalcaron que “los funcionarios judiciales se apartaron del trámite legal establecido para admitir o denegar un recurso de inconstitucionalidad. Al prejuzgar a través de otra resolución nos vimos en la obligación de recusarlos con causa por prejuzgamiento, y pedimos el apartamiento por verse alterada la imparcialidad que debe tener el Tribunal”.
“Tenemos esperanzas que una nueva Cámara de Apelaciones o finalmente la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe repare lo que se entiende es una grosera injusticia, evitando convalidar un hecho de gravedad institucional”.
Según pudo conocer La Capital, como la recusación inicialmente fue rechazada por los miembros de la sala II, ahora son otros los jueces sorteados para dirimir si mantienen o no esa decisión. El Tribunal ad hoc conformado por Marcelo Molina, Avelino Rodil y Ariel Arizza evaluará si la decisión de sus pares fue fundada, o corresponde la queja de la señora Todisco.
