En el Concejo municipal avanza por estas horas un proyecto que tiene por objetivo cobrar una sobretasa de entre el 200 y el mil por ciento de TGI a quienes violen disposiciones del Código Urbano, es decir, construyan en sectores no permitidos o sin respetar aspectos básicos como altura y dimensiones, entre otros. Es más, los concejales ya tienen bajo la lupa a un grupo de profesionales que incurre repetidamente en estas prácticas y luego solicita excepciones, por lo que no descartan denunciarlos ante los Tribunales de Etica de los respectivos colegios que los nuclean.
La iniciativa, que ya recibió el aval en la comisión de Planeamiento y comenzará a tratarse la semana próxima en la de Presupuesto, es impulsada por el concejal radical Martín Rosúa, quien se mostró convencido de que con la misma "se busca terminar con la teoría del hecho consumado".
El dato no es menor si se tiene en cuenta que el 25 por ciento de los proyectos que se tratan en la comisión de Planeamiento son iniciados por particulares que solicitan excepciones tras haber trasgredido normas del Código Urbano.
"Estas son situaciones que se dan fundamentalmente en barrios y zonas industriales, donde se construyen galpones que avanzan sobre áreas de servidumbre y jardín, por ejemplo, y luego se pide al municipio excepciones", detalló Rosúa.
Lo novedoso de esa iniciativa es que, cuando el contribuyente pretenda regularizar esa situación, entonces se le cobrará lo que se denomina "Adicional Compensatorio por Transgresiones Edilicias" (Acte), que se adicionará a la TGI y que se prevé que sea "no menor al 200 por ciento ni mayor al 1000 por ciento" de la misma. Se liquidará en forma conjunta con esa tasa y tendrá los mismos plazos y vencimientos.
En el proyecto de ordenanza se estipula como transgresiones graves a edificaciones sobre el trazado oficial y centro de manzana, servidumbre de jardín, retiros y deslindes parcelarios e incumplimientos de alturas máximas de edificación.
Bajo la lupa
Los ediles que integran la comisión de Planeamiento tienen bajo la lupa a un grupo de profesionales (arquitectos e ingenieros) que viene realizando reiteradamente estas prácticas de violación del Código Urbano. "Sospechamos que incentivan a sus clientes a construir de modo irregular porque después solicitan excepciones al Código. Es una conducta que analizamos denunciar ante los Tribunales de Etica de los distintos colegios profesionales", destacó Rosúa.
El proyecto contempla que la sobretasa por la violación a las normas urbanísticas regirá hasta tanto se corrija la violación. Y en caso de no corregirse, el infractor seguirá tributando extra.
La idea es que el dinero recaudado por este concepto sea destinado al Fondo de Obras Púbicas. Quedarán exceptuadas de los alcances de este proyecto las viviendas unifamiliares con menos de 150 metros cuadrados y las edificaciones verificadas en clubes de barrio o entidades benéficas sin fines de lucro.
