Ingresó al Concejo municipal un proyecto que busca prohibir la venta de “chips” para celulares en los kioscos y almacenes de Rosario.
La idea del concejal de Unión PRO Federal, Alejandro Rossello, apunta a generar un mecanismo de control ante su venta indiscriminada y así evitar hechos delictivos en el constante cambio de líneas. Quienes lo incumplan podrán tener sanciones que van desde la clausura del establecimiento hasta el pago de una multa de 5 mil pesos.
El edil macrista presentó un proyecto de ordenanza donde se pretende que la venta y comercialización de tarjetas SIM utilizadas en los teléfonos móviles sólo podrá efectuarse en comercios y agencias habilitadas según la ley de nacional de telecomunicaciones, y no en kioscos, almacenes o polirrubros.
La iniciativa, que también es acompañada por el concejal justicialista Diego Giuliano, quien fuera autor de una ordenanza aprobada por el Concejo Municipal en donde obliga a los comercios a crear un registro donde se consignen todas las operaciones realizadas y que permita identificar a quienes adquieren las distintas tarjetas, buscando poner algún límite al mal uso de la telefonía móvil y, como consecuencia de ello, su utilización para hechos delictivos.
“La idea es generar un mecanismo de control ante la venta indiscriminada de chips de telefonía, ya que, sin duda esta situación permite que se realicen distintos hechos delictivos con un constante cambio de líneas. Hoy podemos comprar tarjetas de teléfonos móvil en kioscos, verdulerías, o puestos de diarios, sin que quede registrado ningún dato de quién efectuó la compra”, fundamento en la iniciativa el edil PRO Federal.
Para Rossello, la venta indiscriminada de tarjetas SIM “genera un mercado secundario” para la habilitación de terminales móviles robadas, lo cual estimula aún más la práctica delictiva.
“Creemos que este proyecto puede ser una herramienta útil en la investigación de los delitos en Rosario y, al mismo tiempo, para dar certeza y seguridad en el destino de las tarjetas SIM comercializadas en la ciudad”, aportó el autor de la iniciativa.
Registro y sanciones. Los ediles Rossello y Giuliano aseguraron que la ordenanza establece que aquellas empresas autorizadas por la ley nacional de telecomunicaciones que se dediquen a la venta de los denominados “chips” deberán llevar a cabo un registro en donde se consignen todas las operaciones realizadas y así también poder identificar a quienes adquieren las distintas tarjetas.
“Cualquier persona puede comprar, si quiere, infinidad de chips, lo que implica que esa situación pueda ser aprovechada por quienes se dedican a cometer ilícitos”, señalaron los concejales.
En caso de incumplimiento, el proyecto establece sanciones que van desde el retiro de la mercadería y el pago de una multa, en primera instancia, hasta la revocación de la habilitación municipal.
“La iniciativa prevé multas que van desde mil a 5 mil pesos o la clausura de 30 a 90 días del establecimiento, además de ordenarse el retiro de la mercadería en cuestión, a quienes sin ser agentes oficiales de una empresa de telefonía móvil, comercialicen tarjetas SIM prepagas”, detalló Rossello.
