Prisión preventiva por 90 días a la acusada por estafar a 14 personas

"El aprovechamiento de la vulnerabilidad de las personas en este momento de crisis que pasa el país, no es un hecho de simple estafa. Hay un daño relevante". Esa fue la síntesis del juez al ordenar la prisión preventiva por 90 días a la mujer de barrio Las Flores acusada de estafar a por los menos 14 ciudadanos (podrían llegar a más de 50), a quienes les solicitaba distintas sumas de dinero a cambio de la falsa promesa de conseguirles un empleo en la Municipalidad. La Fiscalía hizo un repaso pormenorizado de los hechos, en uno de los cuales expuso que un hombre llegó a desembolsar hasta 80 mil pesos en cuotas.

María del Rosario A., de 59 años y viuda de un ex empleado municipal, ingresó ayer esposada y con custodia policial a la sala 3 del Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario. Allí la aguardaba el fiscal de la Unidad de Imputados No individualizados, Gustavo Ponce Asahad, para endilgarle las estafas dentro de un complicado contexto social.

Entre el llanto de cuatro de sus cinco hijas, que presenciaron la audiencia presidida por el juez Rafael Coria, y acompañada por un defensor público, la mujer escuchó atentamente la concatenación de más de 14 casos que expuso el fiscal, a partir de los que describió distintas situaciones que atravesaron personas humildes, engañadas en su buena fe y que sólo pretendían un empleo.

El fiscal dejó constancia en el legajo a través de la declaración que hicieron varios damnificados sobre la habitualidad en la conducta de la sospechada, que solicitaba básicamente 2.500 pesos a cada persona, como un hombre que el 15 de noviembre de 2018 se acercó a la casa de la mujer en Monteros al 6500, le entregó el dinero y quedó a la expectativa de entrar al Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies) o la Guardia Urbana Municipal (GUM).

Con el pretexto de que el dinero sería destinado a pasar por alto los estudios médicos y otorgar el apto, sistemáticamente la mujer también prometió trabajo a otras personas en la Aduana, a una joven como telefonista en el Roque Sáenz Peña y a una más en limpieza del mismo efector.

A un hombre que le adelantó 10.000 pesos le prometió que en enero tendría un puesto en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) o en el Hospital Centenario; y a otra mujer, que le entregó 12.000 pesos en la puerta del Banco Municipal (San Martín al 700) en octubre de 2018, la ilusionó con ser parte de la administración de un centro municipal de distrito.

A partir de la publicidad del caso y de un video que se hizo viral, grabado por un damnificado, donde la acusada explica los pasos a seguir y solicita el dinero, la Fiscalía cree que a los 14 hechos acumulados en la causa se le podrían sumar varios más. "Podrían ser otras 50 personas las perjudicadas", dijo Ponce Asahad.

Ese video también es parte de la evidencia que expuso el funcionario, junto a una gran cantidad de mails y mensajes que recibió el propio intendente Pablo Javkin donde distintas personas damnificadas lo consultaban directamente acerca de las oportunidades laborales en la gestión pública, lo que motivó la investigación y posterior denuncia de la administración local ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Otro hombre que llegó hasta la mujer por vínculos familiares, entregó primero 12.000 pesos, luego otros 30.000. Un damnificado dijo que llegó a pagarle hasta 80.000 pesos en cuotas mensuales entre marzo y noviembre de 2019. A todos les solicitaba documentos personales (DNI o carné de conducir) y como supuesto gesto benefactor los liberaba de los aptos médicos. Además, les indicaba que, luego de la confirmación, recibirían en la casa "un decreto municipal con el nombramiento y la ropa de trabajo".

Tras ese racconto, el fiscal recordó que se secuestró material de interés para la causa en la casa de la sospechosa (currículms y recibos), remarcó el perfil vulnerable de la mayoría de las víctimas y nombró la posibilidad de terceros que habrían sostenido el ardid, como un abogado penalista y empleados de la Municipalidad. Por la gravedad de las maniobras, solicitó la prisión preventiva efectiva por 90 días.

Luego, el juez Gustavo Pérez de Urrechu le preguntó a la sospechosa si haría uso de su derecho a declarar. La mujer primero dijo que no, pero tras unos segundos lanzó una serie de excusas para despegarse de la imputación (ver aparte).

A su vez, el defensor Daniel Kantor rechazó la calificación legal del caso. Indicó que "una simple mentira no configura una estafa", y que no se pudo mostrar evidencia del desapoderamiento patrimonial de las víctimas. También recalcó que su defendida lejos está de tener una condición aliviada.

"Es viuda, tiene cinco hijas y un nieto a cargo que vive con ella. Tienen una situación de miseria", indicó el profesional luego de pedir la libertad bajo una fianza de 5.000 pesos, o la prisión preventiva domiciliaria.

Jugar con la necesidad

Tras hacer un repaso de las posiciones, el juez rechazó el planteo de la defensa y ordenó la prisión preventiva de la mujer por el plazo de 90 días por el delito de estafa, que contempla penas de 1 mes a 6 años de prisión. Pero antes hizo una serie de valoraciones.

"Las evidencias sustentan la calificación jurídica, y la teoría del caso en cuanto a la materialidad y participación de la señora en los hechos. Debo señalar la situación de vulnerabilidad que muchas veces se da, aprovechándose de la necesidad de la gente, sobre todo en los momentos que está transitando nuestro país. Estimo que no es una simple mentira, se relaciona con la necesidad de un trabajo", recalcó Pérez de Urrechu.

Al recordar la multiplicidad y el concurso de las estafas, contabilizó un daño patrimonial cercano a los 180 mil pesos, pero dejó en claro que se produjo un "daño relevante" en cuanto "al aprovechamiento de la necesidad de la gente. Es una cuestión que impacta en la credibilidad y la necesidad, sobre todo en momentos de penuria económica".

Palacio municipal. La acusada prometía oportunidades laborales dentro de la estructura pública local.