Con la espiral inflacionaria y un escenario incierto para el transporte urbano de pasajeros del interior del país, la Intendencia ingresó el lunes último un proyecto al Concejo Municipal para que el Ejecutivo pueda ajustar el precio del boleto cada dos meses, en forma automática y acorde al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La propuesta recorrió las bancas legislativas y divide aguas. El oficialismo se encamina a consagrar su aprobación frente a un 2024 de altísima inflación y con el temor de una caída abrupta del servicio de colectivos rosarino. En el combo, el Concejo le conferiría la facultad de aumentar la tarifa de taxis al intendente Pablo Javkin hasta marzo próximo.
Será un termómetro para medir la mayoría automática del interbloque oficialista junto a aliados, ya que este polémico proyecto necesita las dos terceras partes para habilitar su tratamiento (algo que seguramente ocurrirá este viernes) y luego para su aprobación en el Palacio Vasallo se requiere de mayoría simple en el recinto el lunes que viene.
Mientras tanto, desde este viernes ya rige el nuevo valor del boleto (240 pesos). Se trata del último aumento de 2023, luego de que el intendente echó mano a una normativa que le permite tocar la tarifa en cuatro oportunidades al año. El fundamento, entre otros, fue el reciente estudio de costos que elabora el Ente de la Movilidad que para octubre estimó el precio del boleto por encima de los 500 pesos.
La foto del sistema en la actualidad es la siguiente: el anterior gobierno nacional acordó el envío durante el último trimestre de 1.300 millones de pesos para toda la provincia, de los cuales el 44 por ciento corresponde a Rosario. A su vez, el propio gobierno santafesino aportaba al sistema de subsidios una cifra idéntica. Y por otro lado, se reforzaba con 600 millones de pesos que provienen del Fondo Compensador del Transporte municipal.
La tensión por la alta inflación, el aumento de los insumos, material rodante y combustibles y la paritaria de los choferes nucleados en UTA había producido mucha conflictividad a lo largo del año. Pero el escenario futuro puede ser aún peor en materia de variables financieras.
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La iniciativa de Javkin pide la actualización bimestral, automática y atada a la evolución del IPC. La iniciativa plantea la modificación de la actual ordenanza que lo faculta a subir la tarifa sin tener que pasar por el Concejo Municipal en febrero, mayo, agosto y noviembre. Empujado por esta coyuntura y con la necesidad recibir una renovación de esta potestad, el jefe comunal pidió al Concejo actualizaciones al boleto en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, siempre considerando el último estudio de costos que elabora el ente de la Movilidad de Rosario.
Pero, en concreto, la tarifa del boleto se fijaría teniendo en cuenta la variación inflacionaria acumulada en el bimestre previo y que haya sido publicada al momento de la actualización del lPC de la Región Pampeana que elabora el Indec.
Repercusiones
“Estamos analizando el boleto en un paquete de medidas donde hay un alto aumento en todas las tasas, y después de los anuncios de (el ministro de Economía de la Nación, Luis) Caputo viene el de Javkin con una decisión clara de atarse al plan inflacionario y recesivo de (el presidente de la Nación, Javier) Milei. Uno espera que un intendente proteja a sus vecinos y los cuide, por el contrario profundiza el golpe a la clase media y sectores populares. Ata el boleto y las tasas al IPC, con esta medida el boleto se va a cualquier número. Otra vez el costo lo paga la gente. Nos vamos a oponer que esté atado al IPC. Queremos darnos tiempo para discutir y encontrar mecanismos para proteger al transporte y a todos los ciudadanos. Son superpoderes para fijar tarifa y sin plazo. Es para siempre y vemos intencionalidad tanto en el boleto como en tasas que buscan clausurar el Concejo y gobernar casi por decreto”, sentenció el edil de Ciudad Futura, Juan Monteverde.
“Estamos a favor”, resumió, en tanto, el concejal del PRO, Carlos Cardozo.
Pero, la edila de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, se pronunció en contra. “Particularmente nunca le cedí la potestad. Pero además me parece un error usar el IPC sin contemplar índice de salarios, es decir lo que el trabajador real puede pagar. Y el escenario es mucho más complejo que el que se tenía porque el actual gobierno nacional del que forma parte políticamente el sector al que pertenece el intendente anuncia directamente recorte de subsidios”, argumentó.
El vicepresidente primero del cuerpo, el justicialista Mariano Romero, también votará en contra. “El mensaje del Ejecutivo como está planteado sería trasladar el costo del ajuste directamente al usuario. Nos parece que tendrían que buscar una alternativa”, dijo.
“Estamos en un contexto de alta inflación. El Ejecutivo pide autorización considerando el estudio de costos y el IPC. Ya lo tienen Bahía Blanca, y Neuquén”, indicó el edil javkinista Fabrizio Fiatti.
Desde el kirchnerismo, Norma López también fue por el rechazo. “Es una decisión que aumentará el gasto de las familias rosarinas en medio de la crisis económica y donde sólo conocemos parte del programa económico de Milei, que hasta ahora es ajuste, aumento de inflación y recesión”.
“Entiendo que hay que aprobarlo porque no hay muchas alternativas. Es un momento muy difícil para el transporte y lo que haríamos es otorgar herramientas de gobernabilidad al intendente para que tenga una facultad que evite que el sistema termine en el piso. Tampoco sabemos cómo quedarán los subsidios al interior del país. Cero margen de maniobra, hay que sostener el sistema por sobre todas las cosas y evitar un escenario como el la crisis del 2001 y 2002”, consideró la titular de la comisión de Servicios Públicos, la socialista Verónica Irizar.
La iniciativa se “coló” entre otras como el presupuesto para el año entrante y la Ordenanza General Impositiva (OGI), en donde se prevé la creación de una tasa vial del 1,6 por ciento sobre los combustibles para financiar el bacheo, y la quita de 30 de las 80 tasas municipales.
