Con un acto al pie del Monumento, con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, se lanzó oficialmente el Plan Bandera, una serie de acciones coordinadas en un comando unificado que reunirá a las fuerzas federales y provinciales de acuerdo a varios ejes como el control de la hidrovía, el combate al ingreso de precursores químicos, la reducción de armas de fuego en Rosario, y una clara señal de Bullrich a la "tropa": "No vamos a permitir que ninguno sea condenado de manera injusta. Los vamos a cuidar", afirmó.
El puntapié del operativo tuvo lugar con miembros de las fuerzas federales y provinciales, formadas frente a las autoridades en un marco de "nuevos tiempos" que Bullrich le quiso imprimir a sus primeros pasos en su regreso al Ministerio de Seguridad.
El comando unificado estará presidido por la propia ministra junto a Pullaro, quienes le delegarán la operatividad al ministro del área Pablo Cococcioni, el secretario de Seguridad Publica de Nación Vicente Ventura Barreiro y el subsecretario territorial de Bullrich, el rosarino Federico Angelini. El uniformado a cargo será el comandante de Gendarmería Nacional, Alejandro Fernández.
Fue un acto de presencia filomacrista en las tribunas, ya que varios diputados y ediles dijeron presente al pie del Monumento. Sin embargo, quienes no se hicieron ver fueron los tres diputados de La Libertad Avanza (LLA) Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci.
En los anuncios quedaron de manifiesto varios cambios que puso en marcha la funcionaria. El apoyo logístico de las Fuerzas Armadas acorde a la ley de Seguridad Interior; y una acción más intensa en el control de la hidrovía, tanto en la zona de Rosario como en las fronteras. La propia ministra había advertido sobre la mutación al polirrubro del clan Los Monos y su preocupación por la organización narcocriminal en el complejo cerealero de San Lorenzo.
Tras enumerar la puesta a punto del grupo Lince de Gendarmería Nacional, equipado con motos de alta cilindrada para equiparar a los delincuentes, Bullrich anunció un programa de intervención del Estado en los correos privados y encomiendas. "Hoy es una de las formas de entrada de estupefacientes y pastillas asesinas", advirtió.
Desarme
Un punto crítico que afecta a Rosario es la proliferación de armas de fuego en manos de los clanes delictivos. En este aspecto ponderó el traspaso a su órbita de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para profundizar la reducción de armas en manos de civiles. "Es necesario desarmar a los delincuentes, salen todo el día a cualquier hora y generan el amedrentamiento de que se sienta que se está bajo ataque todo el tiempo", advirtió. Renglón seguido, la ministra adelantó que se cambiará el Código Penal para que la legítima defensa "sea reforzada para los miembros de fuerzas de seguridad, en muchos casos detenidos de manera injusta por el solo hecho de llevar adelante la tarea de alta peligrosidad que el Estado les encomienda".
En este tramo de su discurso hubo un particular énfasis. "Los dejan solos frente a los jueces que siempre ven el problema del lado de las fuerzas policiales y creen que los delincuentes son aquellos que tienen razón. Vamos a partir que, dentro del marco de la ley, la razón la tienen los policías", señaló.
Otra alarma que se encendió fue el incremento "exponencial" de los precursores químicos en la Argentina. Hay un menor ingreso por frontera, pero mayor cantidad de producción en el país. "Seguir los precursores es fundamental porque permite que se fabrique la droga".
Un tema que se destacó, en otro capitulo distinto, fue enumerar la cantidad de agentes federales que están en Rosario en el análisis y el delito complejo. Bullrich anunció la puesta en marcha de un grupo de elite integrado por las cuatro fuerzas para que desempeñen tareas de investigación "que nos permita pegarles certeramente a las bandas que persisten en los territorios".
En materia de modificaciones legislativas, también se trabajará sobre un proyecto similar a una ley estadounidense para que cuando un miembro de una organización criminal cae, el resto de la banda también. "No queremos miembros sueltos y otros manejando todo desde las cárceles. Si vamos uno por uno el hormiguero seguirá ahí", mencionó.
Cárcel federal
En cuanto a la finalización muy demorada de una cárcel federal en Larrechea, cercana a Coronda, Bullrich dio señales que seguirá bajo la órbita federal pese a los pedidos públicos de la provincia en tomarla a su cargo y "ponerla a funcionar en una semana".
Esto significará que los 826 presos federales en Santa Fe son una deuda pendiente que Nación deberá saldar con la ampliación de la capacidad de alojamiento de los penales federales. "Queremos terminar rápido y tener más espacios adecuados para llevar adelante los programas de presos con alto riesgo", subrayó la funcionaria al anunciar un programa "estricto para que nadie adentro de las cárceles pueda cometer delitos y mucho menos amenazar a un gobernador y su familia (en alusión a Pullaro)".
Respaldo
Fue sobre el tramo final, cuando Bullrich le dio un fuerte espaldarazo a su tropa. "Quiero decirles a los policías que están protegidos en su tarea. No vamos a permitir que ningún miembro de las fuerzas sea condenado de manera injusta. Los vamos a cuidar y cuidándolos también cuidamos a la ciudadanía. Rosarinos, el que las hace las paga" finalizó.
A su turno, Pullaro le agradeció el reimpulso en las acciones conjuntas a su "amiga Patricia", para enfatizar: "Vamos a trabajar de una manera distinta, no como en estos últimos cuatro años en los que abandonaron a Rosario y la dejaron sola", adelantó.
El gobernador habló de una "malla de contención" que les permitirá "mejorar de a poco pero de manera sostenida los índices y niveles de inseguridad y violencia". "No podemos seguir viviendo de la manera en la que estamos viviendo", sentenció.
Hacia la tarde, Bullrich se desplazó hasta Empalme Graneros, a visitar el asentamiento Los Pumitas. Allí, llegó para monitorear el accionar de Gendarmería en el territorio y tomar contacto con los familiares de Máximo Jerez, el chico de 11 años asesinado por las balas de tiratiros de un clan narco que dominaba la zona. El crimen del niño había desatado la furia y una pueblada que terminó con el bunker derrumbado por los vecinos.
