Por Claudio González
Imagen: Google Street View
La zona de Cerrito y Mitre.
El titular de una empresa constructora imputado de estafar a tres personas que le habían confiado sus ahorros para cumplir el sueño de la vivienda propia pero que jamás recibieron los inmuebles, fue acusado por tres hechos de estafa y está a las puertas de un juicio oral y público con un pedido de pena de cinco años de prisión efectiva. Para la Fiscalía, la acción se montó “sobre la utilización de formas legales, argucias y artimañas”. Una de las víctimas perdió 40.000 dólares.
La denuncia de un afectado y la posterior investigación de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) expuso tres hechos de estafa que involucran al titular de una empresa constructora. Las maniobras perjudicaron a ciudadanos que habían depositado su confianza y los ahorros para adquirir departamentos que jamás recibieron.
Todo salió a la luz cuando Alejandro E. se cansó de las promesas incumplidas y decidió denunciar a Eduardo Néstor C., al frente de la empresa Urbe SA. La firma prometía llegar a la casa propia bajo modalidad “desde el pozo”, con una inversión inicial y posteriores desembolsos en cuotas hasta la entrega del inmueble.
Luego de ser despedido de su trabajo, Alejandro recibió una indemnización y, en 2016, decidió destinar esos fondos a solucionar la falta de vivienda propia. Avanzó en la futura compra de un departamento monoambiente de 25 metros cuadrados que se iba a construir en un edificio ubicado en Cerrito 1194 de Rosario.
Así, suscribió un contrato de compraventa en diciembre de ese año con Urbe. Primero desembolsó 495.766 pesos en cheques de pago diferido, mas ocho cuotas de 7.763 pesos, y nueve cuotas de 3.882.
Todas las entregas fueron respaldadas con recibos de pago emitidos por Sebastián A., un gestor intermediario que actuó en connivencia con el constructor. Pero la defraudación se consumó a pesar de múltiples gestiones y reclamos. Alejandro nunca recibió el departamento.
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En 2017 la empresa alegó retrasos en le ejecución de la obra, aunque para ocultar su situación real concertaba reuniones con los clientes donde exponía los proyectos, se recorrían los terrenos a utilizar y entregaba planes con etapas e inversiones. “Todo con el objeto de darle verosimilitud al ardid”, expuso la víctima en una denuncia que finalmente radicó en abril de 2021 ante el MPA.
La investigación del caso, a cargo del fiscal Miguel Moreno, derivó en múltiples medidas. Así, se realizaron allanamientos y secuestro de material probatorio, entrecruzamiento y análisis de datos fiscales y contables, lo que permitió identificar a otras dos víctimas engañadas por Urbe con el mismo mecanismo.
Andrés M. suscribió un contrato en mayo de 2015 tras lo cual desembolsó un anticipo de 521 mil pesos como parte de pago de un departamento monoambiente de 21 metros cuadrados en Sánchez de Bustamante 1301. Allí la obra comenzó, pero se paralizó y quedó una estructura de dos pisos de ladrillos a la vista sin revoques. Jamás se entregó ese inmueble.
En abril de 2018 fue engañado Cristian Ramón O., a quien le ofrecieron la folletería, los planos de obra y plazos. El hombre se decidió y aportó en ese momento 390 mil pesos para adquirir un monoambiente de 32 metros cuadrados en el edificio de Sánchez de Bustamante al 1300.
La declaración de los tres perjudicados figuran en la causa, además de la documentación que respalda la materialización de las maniobras. Con la investigación avanzada, el fiscal Sebastián Narvaja (en reemplazo de Moreno) imputó a fines de 2021 a Eduardo Néstor C.
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En esa instancia, el funcionario judicial detalló que el hombre suscitó “falsas representaciones de la empresa dedicada al rubro inmobiliario y de construcción”. En los tres casos, no entregaron las unidades prometidas, lo cual se tradujo en “una estafa lisa y llana”.
En ese contexto, Narvaja calificó la conducta bajo la figura de “estafa, tres hechos en concurso real, en calidad de autor penalmente responsable”. El imputado afronta el proceso en libertad, ya que no se dispuso medida cautelar de prisión preventiva.
La pesquisa concluyó, y los elementos reunidos confirmaron lo que se planteaba en la denuncia. Este martes el fiscal Moreno formalizó el requerimiento acusatorio ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
En esa instancia, solicitó avanzar en el juicio oral y público, y anticipó el pedido de pena: que se condene al constructor a cinco años de prisión efectiva, y se le aplique una multa de 90.000 pesos más intereses.
Moreno argumenta que debe considerarse “la extensión del daño causado y demás extremos que surgen de los hechos, que ponen de manifiesto la peligrosidad demostrada por el imputado”.
Para el funcionario, hay que ponderar que esa peligrosidad “no solo puede acotarse a delitos de contenido intrínsecamente violento, sino que debe extenderse a aquellos que, como en el caso, se montan sobre formas legales, así como también de argucias y artimañas”.
Finalmente señala que los actos del acusado no se corresponden a la necesidad de obtener sustento personal o familiar, “sino más bien a procurar un enriquecimiento ilícito de grandes proporciones”.
“La postura del imputado ha sido carente de toda lógica. Por un lado reconoce que se podría evaluar la deuda que debe, pero nunca tuvimos una propuesta; y por otro lado tiene bienes, no se quiere hacer cargo. Si bien es un proceso de naturaleza distinta al civil, la idea del nuevo Código de Procedimiento Penal es evitar el desgaste judicial o la imposición de penas y llegar a acuerdos reparatorios”, indicó sobre el caso el abogado del damnificado, Mariano Savia.
El profesional agregó que “en estos casos siempre el acusado se muestra solo como incumplidor que culpa al país, al destino, pero nunca trata de acordar, y además niega el engaño. Tengamos en cuenta que ni siquiera existía catastro de donde se iba a construir el edificio (Cerrito 1194). No hay un solo acto de ejecución de la obra”.
Para más, el abogado describió que el pseudo constructor “hizo viajes muy onerosos de manera contemporánea con los hechos, a paraísos fiscales como Bahamas (febrero 2017) y a Panamá; compraba y vendía divisas, relojes de lujo y tiene inmuebles. La solvencia de esta persona es notoria”.
“Estamos en presencia de una deuda de «valor», no de entregar una suma de dinero con algún interés mísero. Lo que Alejandro contrató fue un departamento, es lo que quiere, y en eso fue engañado. El fiscal hizo un trabajo a conciencia. Estamos convencidos de que el imputado va a ser condenado”, describió finalmente Savia.
Por Lucas Aranda
