La causa por las escandalosas estafas con fondos judiciales inmovilizados del Banco Municipal de Rosario arrojó una novedad sobresaliente. Mientras que el viernes se ordenó la libertad del martillero acusado de ser el "organizador" de las maniobras (realizadas también por dos abogados), ayer se amplió la imputación como "jefe" del grupo al destituido juez civil y comercial de Rosario, a quien se le endilga un rol preponderante en el hecho. No obstante, y a pesar de que el fiscal había solicitado su prisión preventiva, seguirá en libertad bajo una fianza de 600 mil pesos.
La audiencia donde la jueza de Instrucción Nº 12, Mónica Lamperti, le tomó ampliación de la declaración indagatoria a Alejandro Pedro Martín, el ex magistrado involucrado en las estafas con fondos judiciales de cuentas inmovilizadas, había generado expectativa respeto al futuro del ex funcionario judicial.
Es que el fiscal Carlos Covani no sólo pidió que, por su jerarquía, se le endilgara el rol de jefe, sino que también se ordenara la prisión preventiva en virtud de la pena en expectativa que le cabría de ser hallado culpable (5 a 10 años de prisión).
El acto se realizó ayer en el despacho de Lamperti, donde Martín, destituido de su cargo a principios de octubre tras quedar sometido a un jury de enjuiciamiento, llegó acompañado por sus abogados Carlos Edwards, Carlos Varela y Adrián Martínez. Negó la acusación y se mantuvo en el argumento de que fue víctima de una estafa procesal (ver aparte).
Igualmente, la jueza lo acusó de ser de ser el jefe del grupo que perpetró el retiro de dinero de la entidad bancaria, de lo que también participaron los abogados Luciano García Montaño y Jorge Heter (condenados en un juicio abreviado tras reconocer el hecho a tres años de prisión en suspenso y cinco y siete años de inhabilitación para ejercer la profesión), el secretario del juzgado, Ricardo Lavaca (procesado como partícipe), y el martillero Oscar Kovalevski.
Pero, a pesar del requerimiento del fiscal, la magistrada interpretó que Martín no debe transitar esta etapa de la investigación tras las rejas y resolvió mantener su estado de libertad "oportunamente dispuesta en la causa 930/12" con una cautela "real y personal".
Es que para la jueza no hay peligro de fuga o de que se entorpezca la investigación. "La actitud asumida por Martín, la ausencia de antecedentes penales, el asentamiento en lugar estable con su núcleo familiar (cónyuge e hijos) y el cumplimiento de las restricciones impuestas resultarían elementos a ponderar positivamente en cuanto a que no se modificarían a lo largo de la instrucción", interpretó Lamperti.
Igualmente, dispuso trabarle un embargo en forma proporcional sobre los bienes inmuebles ofrecidos hasta cubrir la suma de 600.000 pesos y mantener las obligaciones respecto a la prohibición a salir del país sin autorización del Tribunal.
Libertad. El otro dato de relevancia es que Kovalevski, único detenido en el marco de la pesquisa, salió el libertad el viernes pasado, después de varios intentos que hizo su defensa para que cumpliera un régimen de prisión domiciliaria, pero que fueron rechazados en su momento.
El subastador fue detenido el 17 de abril de este año y procesado en mayo por el delito de organizador de las estafas, a través de las cuales el grupo se apoderó de 1.050.000 pesos pertenecientes a cuentas judiciales inmovilizadas del Banco Municipal. Ese monto fue absorbido en 57 movimientos mediante juicios ejecutivos falsos que se tramitaban en el juzgado de Martín, de donde salían los oficios de cobro.
Esta vez, la jueza Lamperti evaluó que las garantías económicas y la fianza real ofrecida por el subastador eran sólidas y decretó su libertad. No obstante, le impuso una batería de restricciones a cumplir, además de una fianza personal y otra económica que alcanza los 700 mil pesos, monto que será cubierto con inmuebles.
El fiscal Covani, en desacuerdo con Lamperti, ya apeló ambas resoluciones, incidente que ahora quedará a resolución de la Cámara Penal. Según la pesquisa judicial, tanto el juez como el martillero quedaron casi empatados respecto a su responsabilidad en las estafas.
Un respiro en caso grave
Los abogados del ex juez Alejandro Martín, acusado jefe de la asociación ilícita, respiraron aliviados ayer luego de la audiencia donde se definió la suerte de su cliente. Es que el trámite era trascendente, ya que el apartado funcionario estuvo al borde de quedar tras las rejas, una posibilidad que, aunque no se concretó, no le resta gravedad institucional al caso.
