Los cuatro incendios consecutivos registrados en el galpón de Monticas (Sabín y Juan José Paso) fueron intencionales. Así lo tiene acreditado la fiscal de Investigación y Juicio Juliana González en una pesquisa con varios interrogantes. Los responsables de la firma anunciaron que dejarán el predio que ocupan en la zona noroeste, pero mientras tanto la seguridad para custodiar los micros brilla por su ausencia.
Hay sólo dos vigiladores para dos manzanas. El cerco perimetral es vulnerable y no hay cámaras de monitoreo.
Muchos de los ómnibus siniestrados no tienen cobertura contra incendio.
La densa humareda sobre el cielo rosarino resultó inequívoca y ya conocida para los vecinos. A 48 horas del último siniestro, ayer nuevamente ardieron dos colectivos en el predio de la ex concesionaria Monticas. Se trató del cuarto incidente en los últimos cuatro meses.
El 13 de julio, alguien introdujo papeles y trapos en las unidades para provocar las llamas. En pocos minutos, 39 coches quedaron inutilizados por el efecto del fuego.
El 10 de octubre, otros cinco micros fueron quemados en el lugar. El pasado 2 de noviembre se incendiaron otros dos y el 7 de noviembre un coche estacionado sobre el límite del predio. A la lista se le agregan los dos de ayer.
Fuentes allegadas a la Fiscalía confirmaron a La Capital que los últimos cuatro incendios fueron intencionales, y que así lo corroboran las pericias de Bomberos Zapadores.
¿Qué es lo que convierte un hecho excepcional en algo que se reitera?
Para los investigadores aún no están del todo claras las intenciones, los objetivos que persiguen los vándalos que queman los coches y quiénes se benefician o perjudican con cada incendio.
En retirada
Desde que el gobierno provincial le retiró la concesión a raíz de la tragedia desatada en la ruta 33, entre Pérez y Zavalla, donde fallecieron 13 personas por el impacto frontal de dos colectivos de la misma firma, Monticas busca abandonar Rosario.
Así se lo hicieron saber a la Justicia los responsables locales de la empresa.
Según indicaron, en diciembre finaliza el contrato de locación para hacer uso del galpón de grandes dimensiones que la firma ocupa en Juan José Paso y Sabín, y no lo renovarían.
Más allá de que la empresa se vaya, a los pesquisas no les cierra por qué dejaron los colectivos allí estacionados tras los primeros incendios y no se los puso a resguardo en otro lugar. A su vez, no se reparó el cerco perimetral, no se levantó un muro ni el alambrado de púa, no se repuso la cámara de videovigilancia y se dispone de una discreta seguridad con dos empleados de una empresa privada para controlar dos manzanas.
Según trascendió, los directivos aseguraron que cuentan con pocos fondos, que arrastran pérdidas y que no están en condiciones de afrontar un plan de obras que mejore la seguridad del predio.
De todos modos, la ex concesionaria solicitó el levantamiento de la clausura del lugar y la devolución de las unidades para venderlas, aunque sea como chatarra.
Ayer, y tras el último incendio, se solicitó un nuevo informe de bomberos y toma de testimonios.
Según primeros indicios aportados por uno de los cuidadores, los colectivos se encontraban en zona de reparación. El vigilador vio cómo dos jóvenes saltaron un paredón y se dieron a la fuga cuando comenzó el incendio. Al no registrarse el hecho en imágenes, éste último y los anteriores serán complejos a la hora de determinar los responsables.
No estaban asegurados contra estos siniestros
Fuentes vinculadas a la investigación ven poco probable que haya una acción deliberada con fines económicos de la propia firma detrás de estos siniestros. Las compañías aseguradoras informaron que los coches siniestrados tenían cobertura por responsabilidad civil, pero no contra incendio. En concreto, los 39 colectivos incendiados el 13 de julio estaban bajo el seguro de Escudo Federal con responsabilidad civil. La disuelta Monticas pudo acreditar la tenencia de todas las unidades quemadas, la mayoría con más de 10 años de antigüedad. Hubo indicios de que entre el lote de unidades incendiadas existieron algunas que contaban con habilitación para trasladar pasajeros al momento de la tragedia de febrero. Resta saber si alguno o varios se usaron para el corredor de la ruta 33. En el marco de las hipótesis, la Justicia tiene en carpeta una versión que circula por el barrio. La de una acción intencionada de quemar colectivos para generar hostilidad, y así, dejar el terreno fértil para una posible intrusión del predio, una vez que se retiren los coches. Lindero al lugar, existe un asentamiento de emergencia.